Organizaciones,
comunidades y colectivos urgen al Ejecutivo Federal a detener la construcción
del Tren Maya y Respetar la Libre Determinación de las comunidades.
El día 06 de abril del presente año, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos técnicos para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el
31 de marzo del 2020, suscrito por el Secretario de Salud Pública del gobierno
Federal. De manera específica, el párrafo segundo del artículo 2 del citado
Acuerdo establece claramente que todas las actividades de producción de acero,
cemento y vidrio que tengan contratos vigentes con el gobierno federal deberán
continuar para cumplir con los compromisos a corto plazo de los proyectos Dos
Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Angeles y el Corredor Transístmico aún
cuando los acuerdos en la materia establecen el cierre de todas las actividades
no esenciales en el país hasta el 30 de abril de 2020 con la finalidad de
impedir se siga propagando la enfermedad. Del mismo modo ONU-Habitat y FONATUR
continúan realizando un censo y entrevistas durante la fase 2 de esta
emergencia sanitaria con la finalidad de desalojar y reubicar a población de la ciudad de Campeche.
Frente a este acto del Poder Ejecutivo, las organizaciones, colectivos y comunidades firmantes manifestamos lo siguiente:
PRIMERO. Resulta preocupante que frente a
la emergencia sanitaria que se ha generado a nivel mundial por la aparición del
Covid-19, el gobierno federal pretenda mantener las actividades relacionadas
con el proyecto denominado “Tren Maya”, a pesar de que su construcción y el
desalojo de personas no es esencial en el contexto de la actual pandemia. Esta
determinación, pone en riesgo la salud y la vida de las y los trabajadores que
tendrán que continuar con las obras derivadas del citado proyecto, así como de
la población, mayoritariamente indígena, afectada por el mismo. El propio
gobierno federal ha resaltado la importancia de mantener la cuarentena y evitar
toda aquella actividad que no sea indispensable para la subsistencia de las
personas, situación que no aplica en el presente caso.
SEGUNDO. Continuar las actividades relativas a la construcción del Tren Maya en el actual contexto, genera un estado de indefensión hacia aquellas personas y comunidades que han manifestado su rechazo u oposición al proyecto. Ante la falta de normalidad en el funcionamiento de los tribunales, se debe garantizar la posibilidad real de que las personas, comunidades o colectivos puedan ejercer su acceso a la justicia para impugnar cualquier acto u omisión del proyecto, puedan hacerlo. Pareciera ser que el gobierno federal se aprovecha de la actual coyuntura para avanzar, sin el riesgo de oposición, en la continuación de un proyecto que ha sido cuestionado por diversos sectores y cuya opacidad incluso ha generado la emisión de una orden de suspensión por parte de un Juez Federal ante un amparo presentado por comunidades de Calakmul y Candelaria.
TERCERO. Del mismo modo, es materialmente imposible realizar solicitudes de información con respecto al avance del proyecto debido a la suspensión de plazos ante los institutos estatales y el instituto federal en materia de transparencia. El acuerdo que ordena mantener la construcción del llamado Tren Maya a pesar de la contingencia, se suma a la opacidad y falta de información con la cual el gobierno federal ha manejado este proyecto. De manera insistente se ha señalado la ausencia de información sobre los impactos ambientales, económicos y sociales que dicha obra acarreará para la población, particularmente para las comunidades mayas afectadas. En ese sentido, cabe recordar que el proceso participativo realizado por el gobierno federal a diversas comunidades indígenas afectadas por el proyecto, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado, no se apegó a los mínimos establecidos por la normatividad internacional, principalmente lo establecido por el Convenio 169 de la OIT de consultas indígenas, e incluso fue cuestionado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que señaló que el mismo no había cumplido con todos los estándares internacionales en la materia.
Sobre esta misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir su opinión consultiva OC-23/17, determinó que los Estados poseen obligaciones procesales, como garantizar el acceso a la información relacionada con posibles daños ambientales, asegurar el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones sobre el impacto ambiental y asegurar el derecho de acceso a la justicia para hacer cumplir las obligaciones estatales relacionadas con el medio ambiente, situaciones que, hasta la fecha, no se han satisfecho en el proyecto denominado Tren Maya y cuyo cumplimiento se hace imposible en las actuales circunstancias de contingencia sanitaria.
En ese sentido nos preocupa que el argumento principal para continuar con la implementación del denominado Tren Maya sea el detonar el desarrollo de la Península, cuando la realidad es que no existe un proyecto definido, ni la información necesaria para conocer sobre si el mismo beneficiaría a la población rural e indígena de la península. Hasta el momento hay información de que éste beneficiará preferentemente a empresarios de la construcción y del turismo, generando despojo del territorio para las comunidades, desalojo de la población y si acaso generaría empleos precarios, mal pagados y sin garantías de seguridad social.
Ante esta situación, las organizaciones, comunidades y colectivos firmantes, hacemos un llamado al Presidente de la República para que suspenda la construcción del denominado Tren Maya y, con posterioridad a la emergencia sanitaria, inicie un proceso de diálogo real, serio, informado y equitativo que garantice los derechos a la información, y que cumpla con el Convenio 169 de la OIT, Declaraciones de la ONU y de la OEA con respecto a la participación, al medio ambiente sano, al territorio y a la libre determinación de las comunidades afectadas por dicho proyecto. Continuar este proyecto en las actuales circunstancias, representa una grave vulneración a los derechos humanos de las comunidades afectadas y de la población en general.
Finalmente, le solicitamos a las Relatoras Especiales sobre Pueblos Indígenas tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como del sistema de Naciones Unidas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en el ámbito de sus competencias, soliciten la información necesaria y exhorten al Estado mexicano a que cumpla con sus obligaciones nacionales e internacionales y garantice los derechos fundamentales de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto, empezando por el derecho a la salud, el que está en riesgo de continuarse la construcción de proyecto en las actuales circunstancias. En este sentido le urgimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que haga visitas in situ, y emita las medidas cautelares pertinentes para solicitar se salvaguarden esos derechos que están en riesgo por la continuación del proyecto.
Frente a este acto del Poder Ejecutivo, las organizaciones, colectivos y comunidades firmantes manifestamos lo siguiente:
SEGUNDO. Continuar las actividades relativas a la construcción del Tren Maya en el actual contexto, genera un estado de indefensión hacia aquellas personas y comunidades que han manifestado su rechazo u oposición al proyecto. Ante la falta de normalidad en el funcionamiento de los tribunales, se debe garantizar la posibilidad real de que las personas, comunidades o colectivos puedan ejercer su acceso a la justicia para impugnar cualquier acto u omisión del proyecto, puedan hacerlo. Pareciera ser que el gobierno federal se aprovecha de la actual coyuntura para avanzar, sin el riesgo de oposición, en la continuación de un proyecto que ha sido cuestionado por diversos sectores y cuya opacidad incluso ha generado la emisión de una orden de suspensión por parte de un Juez Federal ante un amparo presentado por comunidades de Calakmul y Candelaria.
TERCERO. Del mismo modo, es materialmente imposible realizar solicitudes de información con respecto al avance del proyecto debido a la suspensión de plazos ante los institutos estatales y el instituto federal en materia de transparencia. El acuerdo que ordena mantener la construcción del llamado Tren Maya a pesar de la contingencia, se suma a la opacidad y falta de información con la cual el gobierno federal ha manejado este proyecto. De manera insistente se ha señalado la ausencia de información sobre los impactos ambientales, económicos y sociales que dicha obra acarreará para la población, particularmente para las comunidades mayas afectadas. En ese sentido, cabe recordar que el proceso participativo realizado por el gobierno federal a diversas comunidades indígenas afectadas por el proyecto, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado, no se apegó a los mínimos establecidos por la normatividad internacional, principalmente lo establecido por el Convenio 169 de la OIT de consultas indígenas, e incluso fue cuestionado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que señaló que el mismo no había cumplido con todos los estándares internacionales en la materia.
Sobre esta misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir su opinión consultiva OC-23/17, determinó que los Estados poseen obligaciones procesales, como garantizar el acceso a la información relacionada con posibles daños ambientales, asegurar el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones sobre el impacto ambiental y asegurar el derecho de acceso a la justicia para hacer cumplir las obligaciones estatales relacionadas con el medio ambiente, situaciones que, hasta la fecha, no se han satisfecho en el proyecto denominado Tren Maya y cuyo cumplimiento se hace imposible en las actuales circunstancias de contingencia sanitaria.
En ese sentido nos preocupa que el argumento principal para continuar con la implementación del denominado Tren Maya sea el detonar el desarrollo de la Península, cuando la realidad es que no existe un proyecto definido, ni la información necesaria para conocer sobre si el mismo beneficiaría a la población rural e indígena de la península. Hasta el momento hay información de que éste beneficiará preferentemente a empresarios de la construcción y del turismo, generando despojo del territorio para las comunidades, desalojo de la población y si acaso generaría empleos precarios, mal pagados y sin garantías de seguridad social.
Ante esta situación, las organizaciones, comunidades y colectivos firmantes, hacemos un llamado al Presidente de la República para que suspenda la construcción del denominado Tren Maya y, con posterioridad a la emergencia sanitaria, inicie un proceso de diálogo real, serio, informado y equitativo que garantice los derechos a la información, y que cumpla con el Convenio 169 de la OIT, Declaraciones de la ONU y de la OEA con respecto a la participación, al medio ambiente sano, al territorio y a la libre determinación de las comunidades afectadas por dicho proyecto. Continuar este proyecto en las actuales circunstancias, representa una grave vulneración a los derechos humanos de las comunidades afectadas y de la población en general.
Finalmente, le solicitamos a las Relatoras Especiales sobre Pueblos Indígenas tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como del sistema de Naciones Unidas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en el ámbito de sus competencias, soliciten la información necesaria y exhorten al Estado mexicano a que cumpla con sus obligaciones nacionales e internacionales y garantice los derechos fundamentales de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto, empezando por el derecho a la salud, el que está en riesgo de continuarse la construcción de proyecto en las actuales circunstancias. En este sentido le urgimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que haga visitas in situ, y emita las medidas cautelares pertinentes para solicitar se salvaguarden esos derechos que están en riesgo por la continuación del proyecto.
#TrenMaya #COVID19 #UnidosPorLaSelva
Atentamente:
Red de Litigio Estratégico en favor de
Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán
Indignación, Promoción y Defensa de
los Derechos Humanos, A.C.
Consejo Regional Indígena y Popular de
Xpujil S.C.
Due Process of Law Foundation Diálogo
y Movimiento, A.C.
Red de Productores de Servicios
Ambientales “Ya`Ax Sot' Ot' Yook'ol Kaab” A.C.
APIS Sureste Fundación para la Equidad
A.C.
Asamblea de Defensores del Territorio
Maya Múuch’ Xíinbal
Articulación Yucatán
Ka' Kuxtal Much Meyaj A.C.
Colectivo de Comunidades Mayas de los
Chenes
Proyecto de Derechos Económicos
Sociales y Culturales A.C.
Consejo Civil Mexicano para la
Silvicultura Sostenible A.C.
Greenpeace México, A.C. Uno de Siete
Migrando, A.C.
Asociación Interamericana para la
Defensa del Ambiente (AIDA)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental,
A.C. (CEMDA)
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora
de Chihuahua A.C.
Alternativas en Salud y Desarrollo A.
C.
Centro de Derechos Humanos de las
Mujeres A.C.
Elementa DDHH, A.C.
Asociación de Consumidores Orgánicos
Consultoría Técnica Comunitaria, A.C.
(CONTEC)
Centro de derechos humanos Miguel
Agustín Pro Juárez A. C
Centro de Derechos Humanos Fray
Francisco de Vitoria O.P. A.C.
Sindicato Nacional de Profesores de
Investigación Científica y Docencia del INAH
Cohesión Comunitaria e Innovación
Social A.C.
Misioneros A.C.
Guardianes del Sur de Yucatán
Asociación Jalisciense de Apoyo a los
Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI)
Coordinadora de Colonias de Ecatepec
Tequio Jurídico A.C.
Manejo Integral y Local de Productos
Agroforestales, A.C. (MILPA, AC.)
Repara Lumea contra la violencia de
género A.C.
Kanan ts’ono’ot, Guardianas de los
Cenotes
Escuela de Agricultura Ecológica U
Yits Ka’an
Artículo 19 Oficina México y
Centroamérica
Centro de Información sobre Empresas y
Derechos Humanos (CIEDH)
Union de pobladoras y pobladores del
pueblo de Chablekal por el derecho a la tenencia de la tierra, el territorio y
los recursos naturales (Yucatán)
Casa Comun A.C.
Unión de Organizaciones de la Sierra
Juárez Oaxaca, S.C. (UNOSJO, S.C.)
Maderas del Pueblo del Sureste A.C.
Comité Nacional para la Defensa y
Conservación de Los Chimalapas
Desarrollo Económico y Social de los
Mexicanos Indígenas DESMI A.C.
Proceso de Articulación de la Sierra
de Santa Marta (Sur de Veracruz)
Centro de Derechos Humanos de los
Pueblos del Sur de Veracruz "Bety Cariño".
Consejo Supremo Indígena de Michoacán
Unión de Pueblos y Comunidades Purépecha
Consejo Autónomo Regional de la Zona
Costa de Chiapas
Frente Cívico Tonalteco A.C.
La Asamblea de Pueblos del Istmo en
Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT)
Centro de Derechos Humanos -Espacios
para la Defensa, el Florecimiento y Apoyo Comunitario
Unión de Comunidades Indígenas de la
Zona Norte del Istmo, A.C.
Radio Comunitaria: Las Voces de los
Pueblos
Resistencia Civil UCIZONI de Oaxaca y
Veracruz
Movimiento Agrario Indígena Zapata
(MAÍZ)
Fuerza Social Choapense A.C
Resistencia Civil Las Choapas Red
Nacional de Resistencia Civil
Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas, A. C. (Frayba)
Comisión de Derechos Humanos y
Laborales del Valle de Tehuacán
Consejo Indígena de Uxpanapa (CIUX)
Proyecto sobre Organización,
Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
Coordinadora Nacional Plan de Ayala,
Movimiento Nacional (CNPA MN)
Comité Nacional para la Defensa y
Conservación de Los Chimalapas (CNDyCCh)
Coordinación de Pueblos Unidos En
Defensa de la Energía Eléctrica (Cpuedee)
Alianza Internacional de Habitantes
Coordinadora Indígena Popular Autónoma
(CINPA)
Centro de Derechos Humanos Tepeyac
A.C. Sección 22 del SNTE
Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra y Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala
Grupo de Trabajo de Fronteras y
Regionalización y Globalización del Concejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales
Red Mexicana de Acción Frente al Libre
Comercio
Seminario Permanente de Estudios
Chicanos y de Fronteras (SPEChF)
Centro Comunitario U kúuchil k
Ch'i'ibalo'on, Felipe Carrillo Puerto
Kolectivo El Rebelde
Resistencia Civil de Candelaria
Centro Fray Julián Garcés Derechos
Humanos y Desarrollo Local A.C.
Familia Pasta de Conchos
Unión Popular Revolucionaria Emiliano
Zapata (UPREZ)
Centro Regional de Derechos Humanos
Bartolomé Carrasco Briseño (CENTRO BARCA-DH)
Colectivo Educación para la Paz y los
Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH)
Organizaciones Indias por los Derechos
Humanos en Oaxaca (OIDHO)
Campaña Nacional e Internacional “El
Istmo es Nuestro”
TONATIERRA (Phoenix, Arizona, USA)
Colectivo de Tres Barrios de Campeche
Colectivo Contra la Tortura y la
Impunidad Muuch Kambal, A.C.
Koolel Kab S. de R. L.M.
Radio Comunitaria Amilzinko El Día
Después
Coordinadora de Pueblos y
Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra el Agua
y su Cultura
EQUIS Justicia para las Mujeres
Colectivo Mujer y Utopía A.C.
Centro de Capacitación y Defensa de
los Derechos Humanos e Indígenas (Cecaddhi)
Asamblea Veracruzana de Iniciativas y
Defensa Ambiental (LaVIDA)
Asistencia Legal por los Derechos
Humanos
A.C. (ASILEGAL)
Maya Vision (Los Ángeles, CA, USA)
Centro Cultural Techantit (Los
Ángeles, CA, USA)
Colectivo Libertario Enkabronados, Sección
Nuevo León, México
Colectivo Ecologista Jalisco, A.C.
(CEJ)
Los Guerreros Verdes, A.C. (Acapulco)
100
Comunicación y Educación Ambiental
S.C.
Red Nacional de Organismos Civiles de
Derechos Humanos “Todos los Derechos
para
Todas y Todos” (conformada por 86
organizaciones en 23 estados de la República mexicana):
Academia Hidalguense de Educación y
Derechos Humanos A.C. (ACADERH)
Agenda LGBT (Estado de México) Alianza
Sierra Madre, A.C. (Chihuahua)
Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.
(Ciudad de México)
Asistencia Legal por los Derechos
Humanos, A.C. (AsiLegal)
(Ciudad de México)
Asociación Jalisciense de Apoyo a los
Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI)
Asociación para la Defensa de los
Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.)
Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”
(Chihuahua, Chih.)
Casa del Migrante Saltillo (Saltillo,
Coah.)
Católicas por el Derecho a Decidir,
A.C. (Ciudad de México)
Centro de Capacitación y Defensa de
los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua)
Centro “Fray Julián Garcés” Derechos
Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.)
Centro de Apoyo al Trabajador, A.C.
(CAT) (Ciudad de México)
Centro de Derechos de la Mujeres de
Chiapas
(San Cristóbal de Las Casas, Chis.)
Centro de Derechos Humanos “Don
Sergio” (Jiutepec, Mor.)
Centro de Derechos Humanos “Fray
Bartolomé de Las Casas”, A. C.
(San Cristóbal de Las Casas, Chis)
Centro de Derechos Humanos “Fray
Francisco de Vitoria O.P.”, A. C.
(Ciudad de México)
Centro de Derechos Humanos “Fray
Matías de Córdova”, A.C.
(Tapachula, Chis.)
Centro de Derechos Humanos “Juan
Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.)
Centro de Derechos Humanos “Miguel
Agustín Pro Juárez”, A. C.
(Ciudad de México)
Centro de Derechos Humanos de la
Montaña, Tlachinollan, A. C.
(Tlapa, Gro.)
Centro de Derechos Humanos de las
Mujeres (Chihuahua)
Centro de Derechos Humanos de los
Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.)
Centro de Derechos Humanos Digna
Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.)
Centro de Derechos Humanos Paso del
Norte (Cd. Juárez, Chih.)
Centro de Derechos Humanos
Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz)
Centro de Derechos Humanos Victoria
Diez, A.C. (León, Gto.)
Centro de Derechos Humanos Zeferino
Ladrillero (CDHZL)
(Estado de México)
Centro de Derechos Indígenas “Flor y
Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.)
Centro de Derechos Indígenas A. C.
(Bachajón, Chis.)
“Centro de Estudios Sociales y
Culturales Antonio de Montesinos, A.C.” (CAM) (Ciudad de México)
Centro de Investigación y Capacitación
Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México)
Centro de Justicia para la Paz y el
Desarrollo, A. C. (CEPAD)
(Guadalajara, Jal.)
Centro de los Derechos del Migrante
(Ciudad de México)
Centro de Reflexión y Acción Laboral
(CEREAL-Guadalajara).
Centro Diocesano para los Derechos
Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.)
Centro Juvenil Generando Dignidad
(Comalcalco, Tabasco)
Centro Kalli Luz Marina (Orizaba,
Ver.)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental
(CEMDA) (Ciudad de México)
Centro Mujeres (La Paz, BCS.)
Centro Regional de Defensa de DDHH
José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.)
Centro Regional de Derechos Humanos
“Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.).
Centro Universitario por la Dignidad y
la Justicia Francisco Suárez, S.J. (CUDJ) (Guadalajara, Jal.)
Ciencia Social Alternativa, A.C.
KOOKAY (Mérida, Yuc.)
Ciudadanía Lagunera por los Derechos
Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.)
Colectivo contra la Tortura y la
Impunidad (CCTI) (Ciudad de México)
Colectivo Educación para la Paz y los
Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.)
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos
del Noroeste
(Mexicali, Baja California)
Comisión de Derechos Humanos y
Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.)
Comisión de Solidaridad y Defensa de
los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.)
Comisión Regional de Derechos Humanos
“Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.)
Comité Cerezo (Ciudad de México)
Comité Cristiano de Solidaridad
Monseñor Romero (Ciudad de México)
Comité de Defensa de las Libertades
Indígenas (Palenque, Chis.)
Comité de Defensa Integral de Derechos
Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.)
Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro
Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.
Comité de Derechos Humanos “Sierra
Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.)
Comité de Derechos Humanos Ajusco
(Ciudad de México)
Comité de Derechos Humanos de Colima
No Gubernamental A. C.
(Colima, Col.)
Comité de Derechos Humanos de
Comalcalco,
A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab)
Comité de Derechos Humanos de Tabasco,
A.
C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab)
Comité de Derechos Humanos y
Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.)
Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México)
Comité Sergio Méndez Arceo Pro
Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.)
Consultoría Técnica Comunitaria AC
(CONTEC) (Chihuahua)
El Caracol, A.C (Ciudad de México)
Estancia del Migrante González y
Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.)
Frente Cívico Sinaloense. Secretaría
de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.)
Fundación para la Justicia y el Estado
Democrático de Derecho
(Ciudad de México)
Indignación, A. C. Promoción y Defensa
de los Derechos Humanos
(Mérida, Yuc.)
Instituto de Derechos Humanos Ignacio
Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos
y Democracia (Ciudad de México)
Instituto Mexicano para el Desarrollo
Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.)
Justicia, Derechos Humanos y Género,
A.C. (Ciudad de México)
La 72, Hogar-Refugio para Personas
Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco)
Mujeres Indígenas por la Conservación,
Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA)
(Oaxaca).
Promoción de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PRODESC AC) (Estado de México)
Proyecto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (ProDESC)
(Ciudad de México)
Proyecto sobre Organización,
Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México)
Red Solidaria de Derechos Humanos,
A.C. (Morelia, Michoacán)
Respuesta Alternativa, A. C. Servicio
de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí)
Servicios de Inclusión Integral, A.C.
(SEIINAC) (Pachuca, Hgo.)
Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)
Uno de Siete Migrando A. C.(Chihuahua,
Chih.)
VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.)
Voces Mesoamericanas, Acción con
Pueblos Migrantes AC
(San Cristobal de las Casas, Chiapas).
Así como:
Rodrigo Llanes Salazar, UNAM-CEPHCIS
Naayeli E. Ramírez Espinosa
Magdalena Gómez, UPN - Ajusco, Cd. De
México
Enrique Leff, UNAM
Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva UAM
Azcapotzalco
Ángeles Fregoso
Felipe Ignacio Echenique March, INAH
Luz Ordoñez
Ángeles López
Gustavo Marín Guardado
Nahayeilli Juárez-Huet
María Teresa Sierra, CIESAS
Patricia Fortuny Loret de Mola, CIESAS
- Peninsular
Laura Machuca Gallegos,
CIESAS-Peninsular
Gabriela Torres Mazuera, CIESAS
Federico Berrón Autrique
Wendy Jocelyn Bazán Landeros
Rosa María Garza Marcue DEAS-INAH
Eliana Acosta Marquez DEAS-INAH
Francisco Javier Guerrero DEAS-INAH
Taller de Defensa de los territorios
DEAS- INAH
Iván Franco CINA-YUCATAN
Paul Hersch CINAH-MORELOS
Carlos H. Ávila Bello
Jose de Jesus Meza Serrano, CINVESTAV
Raquel Aparicio Cid, Universidad
Veracruzana
Roger Maldonado, Universidad
Iberoamericana, Puebla
Elsie Rockwell
Carlos F. Lucio López
Marielle Reyna Quintero
Ofelia Medina
Begoña Lecumberri
Pedro Lewin Fisher, CINAH Yucatán
María Consuelo Sánchez González, CIHS,
UAC
Eugenia Vigil Escalera Sánchez
Gilberto López y Rivas
Alicia Castellanos Guerrero
Rosendo Montiel Pérez
Teodosio Ángel Molina
Fernando Valadez
Luis Zambrano, UNAM
Nashielly Cortés Hernández, UNAM
Ana Rojas Sánchez
María de Jesús Ordoñez Díaz
Cristina Barros
Carlos Luis Escoffié Duarte
Diego Armando Martínez Valor
Diana C. Escobedo Urías. IPN-CIIDIR
Sinaloa
Francisco Delgado Vargas
Mariclaire Acosta Urquidi
Manuel Canto Chac (UAM Xochimilco)
Emilienne de León Aulina
Jorge Fernández Souza
Pilar Berrios (UAM Xochimilco)
Humberto Vázquez León
María Lourdes Montes
Miriam Rubi Escobar Parga
Miguel Ku Balám
Adelaida Cab Chan, intérprete de
lengua maya
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