Friday, February 17, 2017

AIPIN: Regiones Indias 17 Febrero 2017




 Asociacion Internacional de Prensa Indigena
AIPIN
 Comisión de Asuntos Indígenas
REGIONES INDIAS
Febrero 17, 2017
 

Genaro Bautista / AIPIN
Comunicaciones a: lallabatamazola@hotmail.com
************
  
MEXICO: Cámara de Diputados conmemora Acuerdos de San Andrés Larráinzar
Se comenzó a gestar en México un nuevo sistema político y democrático: Bolaños Aguilar
Notimex

MEXICO: De norte a sur. Guillermo Correa Bárcenas. El Papa Francisco aboga por ellos, pero en México, ni consideración hay con los pueblos indígenas a los que se aplican proyectos de muerte
Quadratín

MEXICO: Traducen Constitución Mexicana a 40 lenguas indígenas; puede ser consultada en la web
El Semanario

MEXICO: Discriminación y falta de políticas públicas ponen en riesgo futuro de lenguas indígenas: senador Jorge Toledo

MEXICO: De nuestras Jornadas. Ley 701, al borde del sepulcro. La Jornada Guerrero

MEXICO: ¿Qué esperan los diputados de Guerrero? La Tlacuila
Animal Político

MEXICO: Licitación de radio privilegió ofertas económicas: Amedi
Carla Martínez / El Universal

OAXACA: Zapotecas de Unión Hidalgo rechazan llegada de proyectos eólicos
Istmo Press
OAXACA: Comunidad chinanteca acusa a empresa española de plagio de diseño
Educa

MEXICO: Comunidades indígenas tienen en vilo dos bloques de subasta petrolera
El Financiero

BAJA CALIFORNIA: Preocupa a grupos indígenas mixtecos deportaciones en EE.UU.
Notimex, Diario de Yucatán

MEXICO: Desde el otro lado. Clemente Castañeda Hoeflich. Los derechos indígenas no se regatean
Excélsior

EL VATICANO: Papa Francisco recibe a representantes indígenas salvadoreños
El Pontíficé pidió que los gobiernos tomen en cuenta la cultura y la relación de los pueblos indígenas con la tierra.
La Prensa Gráfica

MEXICO: Cámara de Diputados conmemora Acuerdos de San Andrés Larráinzar
Se comenzó a gestar en México un nuevo sistema político y democrático: Bolaños Aguilar
Notimex

El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, señaló que a partir de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, se comenzó a gestar en México un nuevo sistema político y democrático, más incluyente y que abrió las puertas para que los integrantes de las comunidades y pueblos indígenas pudieran participar en todas las labores públicas y de gobierno.

A 21 años de la firma en San Andrés Larránizar, Chiapas, con los representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Bolaños recordó que el gobierno mexicano signó una serie de acuerdos que reconocieron por primera vez los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

El objetivo de los acuerdos, dijo, fue lograr la integración, desarrollo y homogeneización de estos pueblos en Chiapas, discutiendo temas como derechos, cultura indígena, democracia y justicia, bienestar y desarrollo, conciliación y derecho de la mujer.

En el marco de la conmemoración a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, este 16 de febrero, el diputado presidente afirmó que hoy las comunidades indígenas están representadas en el Congreso de la Unión, participan activamente en el gobierno federal y los gobiernos locales. Los sistemas judiciales se ajustan constantemente para proteger sus derechos.

El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (PRI) afirmo que este documento fundamental expresa las demandas y aspiraciones de los pueblos indígenas de México en su permanente lucha por su reconocimiento de sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales.

Subrayó que a 21 años del acuerdo no se ha cumplido del todo el mandato porque el modelo de desarrollo privilegia las acciones asistencialistas y no el desarrollo sustentable, sostenido y autogestivo con identidad, a partir de las vocaciones y potencialidades de los pueblos.
Por ello, dijo, resulta imperativo impulsar la productividad, reactivar las actividades agropecuarias y desechar las políticas que inhiben la creatividad de los pueblos indígenas y generan dependencia, “porque la pobreza sólo se combate generando riqueza”.

En su turno, el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (Morena) indicó que el Estado mexicano le ha quedado a deber muchísimo a nuestros pueblos originarios, ya que una de las principales demandas en los Acuerdos de San Andrés era dar personalidad jurídica.

Se pronunció por reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, y sobre todo en los estados más pobres como Chiapas, “necesitamos que las autoridades dejen la corrupción y el desvío de recursos”.

Desde su curul, la diputada Verónica Delgadillo García (Movimiento Ciudadano) reconoció la gran deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas, y destacó la importancia de reconocer a estas comunidades como sujetos de derecho. Estimó necesario garantizarles sus derechos y su libre autodeterminación al celebrar los Acuerdos de San Andrés. “Si queremos realmente conmemorar esos acuerdos, tenemos también que avanzar en saldar esa deuda histórica con los pueblos”.

MEXICO: De norte a sur. Guillermo Correa Bárcenas. El Papa Francisco aboga por ellos, pero en México, ni consideración hay con los pueblos indígenas a los que se aplican proyectos de muerte
Quadratín

“Inclusión y no sólo consideración” de los pueblos originarios, dijo el Papa Francisco en la reciente reunión que sostuvo con representantes de Pueblos Indígenas, convocada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Lo cual debería ser un hecho en cada Estado que tenga en su territorio a estos pueblos. En México es un tema de discriminación pero además de exclusión por parte del gobierno. En nuestro país, los llamados “proyectos de muerte” que son los llevados a cabo por empresas como las mineras y de hidrocarburos, por mencionar solo esas dos industrias, han devastado no sólo el ecosistema sino también los pueblos asentados en las zonas próximas donde explotan el territorio, propician la violencia, la emigración y más pobreza.
Desde 1990, México forma parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece, entre otras cosas, la protección y preservación del medio ambiente, así como el respeto a su cultura en relación con las tierras, en lo que se refiere a los Pueblos Indígenas y Tribales a los que nunca se consulta sobre megaproyectos que arrasan con sus pueblos.

Pero el gobierno mexicano simplemente no respeta este acuerdo. Las denuncias abundan, como es el caso del estado de San Luis Potosí, en el municipio de Real de catorce, lugar en que se levantó una lucha desde 2010, en defensa de más de 140 mil hectáreas, amenazadas por la compañía minera canadiense First Majestic Silver, a la cual el gobierno de Felipe Calderón otorgó 22 concesiones para ocupar más de seis mil hectáreas en la zona sagrada de Wirikuta, valiosa para el pueblo wixárika (huichol). También se otorgaron concesiones a Grupo Frisco (propiedad de Carlos Slim) en este territorio. Los habitantes afirman que no hubo una consulta, y de acuerdo con un informe de Santos de la Cruz Carrillo, coordinador del Consejo Wixárika por la defensa de Wirikuta, las empresas, en contubernio con el gobierno, pretenden dividir a las comunidades mediante promesas de desarrollo social y empleo, sin poderlo lograr todavía. Este caso sentó un precedente histórico al lograr la suspensión de varias concesiones a manos de Grupo Frisco, la transnacional Revolution Resources y la canadiense First Majestic Silver.

Sin embargo, existen otros “proyectos de muerte” que siguen en marcha, como el Proyecto Integral Morelos (PIM), que comprende dos centrales termoeléctricas, de las que ya existe una y pone en riesgo la producción agrícola y la salud de los habitantes en el Oriente de Morelos. Un gasoducto que transportará 9061 millones de litros de gas al día para alimentar las termoeléctricas, atravesará 60 pueblos que se encuentran en la zona de riesgo volcánico del Popocatépetl. Y un acueducto que transportará 50 millones de litros de agua al día, dos en realidad ya que uno transportará el agua del río Cuautla a la termoeléctrica y otro la regresará al mismo lugar después de ser utilizada, en otras palabras, ya contaminada con arsénico, nitrógeno, fósforo, cianuro, cromo, cobre, mercurio, zinc, grasas, aceites y otras sustancias, a una temperatura de 40 grados centígrados. Esto afectará a 22 ejidos del municipio de Ayala.

Todo lo anterior es preocupante porque la mayoría de los proyectos, si no es que todos, involucran el uso excesivo de agua, como el caso de la fracturación hidráulica (fracking), práctica que se lleva a cabo en Veracruz, Puebla, Coahuila, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas, en conjunto hay alrededor de 924 pozos en los que se extrae gas por medio de esta práctica, y existe evidencia de lo peligrosa –por no decir aniquilante– que es esta técnica, prácticamente acaba con la vida pues contamina millones de litros cúbicos de agua, que regresan a los mantos freáticos, deja la tierra inútil para cultivo y extermina la fauna. En estos territorios, las comunidades indígenas se han organizado para frenar esta actividad, como es el caso de los pueblos del Totonacapan y la Huasteca, quienes a través de asociaciones como la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (Corason), afirman que Pemex oculta información, no sólo del daño que ocasiona la práctica sino de cuántos pozos tienen activos.

Además, los problemas sociales incrementan, la violencia en estos pueblos; como en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, donde la Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver, ha afectado a los municipios de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán y Jutla de Crespo, donde desaparecieron cerros, hay escasez de agua, y la contaminación del aire se debe a que el drenaje ácido se encuentra abierto, provocando severos daños a la salud de los habitantes, incluso se han registrado recién nacidos con malformaciones, así como casos de enfermedades en la piel y respiratorias, según denunció Rosalinda Dionisio, coordinadora de los pueblos unidos del Valle del Ocotlán. Agregó que el tejido social está rasgado, hubo desalojos y detenidos, y en 2010 el asesinato del regidor Venancio Martínez Rivera. Y como en muchos sucesos similares, la muerte del activista Bernardo Méndez Vázquez, en 2012.

Otro proyecto impuesto por el gobierno priista en el Estado de México es la Autopista Naucalpan-Aeropuerto de Toluca, que afecta a las comunidades otomíes del municipio de Lerma y Huixquilucan, que denuncian la afectación de 38 hectáreas en el territorio de la comunidad, y 23 kilómetros de bosque. Además, del desalojo violento de Armando García Salazar, médico y consejero supremo indígena de San Francisco Xochicuautla, a toletazos de granaderos lo sacaron de su casa, “como medida intimidatoria para construir la autopista”, dijo, y “el Castillo”, como era conocido por la comunidad, fue reducido a polvo y escombro en 2016. Los pobladores aseguran que nunca se les informó de la expropiación, que según se establece en la Constitución Mexicana, para expropiar terrenos que le pertenecen a pueblos indígenas, el gobierno mexicano debe de realizar una consulta dentro de la comunidad que resultaría afectada. Pero el gobierno hizo todo por debajo del agua, afirman los habitantes. A pesar de que estos hechos fueron expuestos a grupos relatores de las Naciones Unidas, parece que no hay efecto alguno en la sociedad, porque hasta la fecha se sigue imponiendo los intereses de compañías y propios de personas en el gobierno.

Estos proyectos se abren a la inversión de capitales privados extranjeros y  nacionales, e implican el despojo de la propiedad de la tierra y el agua a los pueblos. Impiden un desarrollo económico, social, cultural, y violan el derecho a la información y la consulta.

Desde El Centro
Integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Itsmo (UCIZONI) provenientes de 36 comunidades y 7 municipios bloquearon, en el km 175, la carretera que da acceso a los estados de Veracruz y Chiapas, en protesta por el alza a la gasolina y en demanda de que PEMEX repare los daños sociales y ambientales ocurridos  por derrames de hidrocarburos que han dañado 15 ejidos del estado de Oaxaca. Se quejan de megaproyectos sin que fueran consultados y que sólo benefician a corporaciones chinas, españolas e inglesas… El doctor Roberto Ángel Cruz Garza es el nuevo encargado de la Secretaría General de la Procuraduría Agraria, en tanto que Lila Chárvel Roselló es ahora directora de Comunicación Social en esa dependencia… Donald Trump prepara más medidas antimigratorias en respuesta a la protesta Un Día sin Inmigrantes en Estados Unidos. tigrebilly@hotmail.com

MEXICO: Traducen Constitución Mexicana a 40 lenguas indígenas; puede ser consultada en la web
El Semanario

En el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Lengua Materna, que se conmemorará el próximo 21 de febrero, este miércoles fue presentada una plataforma digital en la que se podrá consultar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos traducida a 40 lenguas originarias del país. Desde el día de ayer, la página de internet La Constitución Mexicana en tu Lengua (constituciones.librosmexico.mx), cuenta con versiones disponibles de la carta magna traducidas a 40 de las 68 lenguas indígenas mexicanas, en lo que se considera la primer plataforma latinoamericana de este tipo. “Las versiones de la Constitución que se pueden ver en esta plataforma son fiables. Es quizá la primera plataforma en América Latina que presenta de manera gratuita y abierta a todos los nacionales el máximo documento jurídico que nos rige como nación”, señaló Marina Núñez Bespalova, directora general de publicaciones de la Secretaría de Cultura federal, según rescata el diario Crónica.

Bespalova indicó que la Constitución no se logró traducir a las 28 lenguas indígenas restantes debido a que están en riesgo de desaparecer y debido a la dificultad de encontrar hablantes que pudieran realizar la traducción.

La funcionaria explicó que el proyecto inició en el años 2008, por lo que Inali participó con la consulta en comunidades y en las traducciones de la Carta Magna. También detalló que el sitio “web” incluye diversos contenidos, dos de ellos textos explicativos de la Carta Magna en diversos idiomas y audios sobre el tema para aquellos que no puedan leer, además de la consulta de la propia Constitución, destaca El Universal. El proyecto se presentó el día en una rueda de prensa por los titulares del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), Juan Gregorio Regino, y de la Dirección General de Publicaciones (DGP) de la Secretaría de Cultura federal, Marina Núñez.

Día Internacional de la Lengua Materna
Durante la presentación del proyecto, Juan Gregorio Regino, explicó que las celebraciones por el Día Internacional de la Lengua Materna de este año incluirán el ciclo de conferencias “¿Quiénes somos?”, en el que se contará con sesiones mensuales hasta diciembre.

El 21 y 22 de febrero próximos se llevará a cabo un programa de charlas que contará con la participación de especialistas como Miguel León-Portilla, con el tema “La lengua materna”; Luis Fernando Lara, con “Del hecho de la diversidad a la actividad del plurilingüismo”, y Eduardo Matos, con “Las lenguas indígenas como patrimonio cultural inmaterial”. El diálogo se realizará en la sede de El Colegio Nacional, en el Centro Histórico de esta ciudad, donde además el 21 de febrero se llevará a cabo un recital de poesía y música en lenguas nacionales con María Reyna González, Natalia Toledo y Jorge Cocom Pech.

MEXICO: Discriminación y falta de políticas públicas ponen en riesgo futuro de lenguas indígenas: senador Jorge Toledo

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado de la República, Jorge Toledo Luis, advirtió que de 68 lenguas indígenas que se hablan en México, 64 pueden encaminarse hacia la extinción, debido a que la mayoría de ellas no cuenta con una forma de escritura que permita su inserción en medios impresos y digitales. Destacó que la falta de políticas públicas y la discriminación que se sigue dando en el país, son las principales causas del peligro para la supervivencia de 51 lenguas indígenas, y si no nos aplicamos en impulsar programas para fomentar el uso de estas lenguas, es probable que a mitad del Siglo XXI, la mayoría de ellas hayan desaparecido.

En reunión de trabajo, el director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), Juan Gregorio Regino, recalcó que información del propio Instituto, de las 364 variantes lingüísticas que existen, 185 están en riesgo no inmediato de extinción, 72 en peligro medio y 43 en alto riesgo. Consideró que parte del problema es la ausencia de reglas claras para homogeneizar la escritura de las principales lenguas indígenas del país, al menos de las 10 principales.

Hizo hincapié en que es importante contar con diccionarios y difundirlos, al menos para esas 10 principales lenguas, en un periodo mediato porque esas ausencias impiden contar con los caracteres reconocidos para la reproducción de lenguas indígenas en los medios de comunicación impresos y digitales, lo que dificulta su uso en medios informáticos.

El senador del Grupo Parlamentario del PRI planteó la urgencia de establecer las normas básicas para escribir las lenguas indígenas, lo que propiciaría su escritura y traducción, además del fomento del uso de su escritura, la publicación de textos en el ámbito editorial y digital, la elaboración de material multimedia y la creación de programas informáticos para su difusión y traducción.

Toledo Luis resaltó que la radio y la televisión son los medios que pueden permitir el impulso cotidiano de las lenguas, servir para pulir su uso diario y hasta ser los portavoces de las novedades lingüísticas que toda lengua viva requiere y necesita.

Juan Gregorio Regino resaltó además que la situación de las lenguas indígenas es “bastante deplorable” y a esto habría que sumarle que muchos deportados de Estados Unidos son hablantes de lenguas indígenas, lo que no se había previsto y también se debe de poner en la agenda que construirá el Inali con el Senado de la República. Indicó que toda la problemática por la que atraviesan las lenguas indígenas, tiene que ver con un fenómeno sociolingüístico que ocurre no solamente en México, pues es la característica de casi todos los países y naciones que tienen diversidad de lenguas, y se ha visto como un problema que no ha sido considerado como parte del patrimonio del Estado Mexicano.

Subrayó que el Inali debe posicionarse en el ámbito de la cultura y generar, desde ahí, todo un trabajo transversal, para que todas las direcciones generales y los órganos desconcentrados de la Secretaría de Cultura tengan el tema presente.

Reconoció que el Instituto debe instrumentar como eje transversal la lengua indígena en otros ámbitos como el laboral, social, de procuración de justicia; y esto se tiene que hacer en alianza con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

MEXICO: De nuestras Jornadas. Ley 701, al borde del sepulcro. La Jornada Guerrero

Al cúmulo de problemas que agobian a Guerrero se le suman barruntos de violencia, al aproximarse la fecha en que expirará la Ley 701 de Derecho y Cultura Indígena, que da sustento a las operaciones de las policías comunitarias, toda vez que parecen ser más los que buscan su desaparición que los que se proponen renovarla. Ya algunas dirigencias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) manifestaron su preocupación por que a partir del 16 de marzo no podrán seguir activos, y si lo hacen, tendrán que responder por sus actos, entre ellos andar armados, realizar operativos o aprehensiones y aplicar la reducación, considerando, por tanto, que al desaparecer la 701 quedarán indefensos.

Joaquín Rentería Guevara, León Ponce y Sabás Aburto Espinobarros, directivos de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, advirtieron que aun cuando la ley sea derogada, la CRAC seguirá trabajando, lo cual significa, dicen, que serán objeto de persecución por parte del gobierno. Si bien se ha visto envuelta en confrontaciones internas y han llegado a la división, la CRAC ha sido la organización que ha operado la Policía Comunitaria más apegada a la Ley 701.

De ahí surgió la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado; posteriormente, apareció el Frente Unido Para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, organizaciones cuya rivalidad por territorios ha devenido incluso en enfrentamientos, en los que ha habido heridos, muertos y desaparecidos.

Se acerca la fecha límite para eliminar o sepultar la Ley 701 y no parece estar entre los diputados, salvo en la legisladora por Morena, la idea de discutirla. Lo más conveniente sería ajustarla a las actuales condiciones que se viven en el estado, para que todas las policías comunitarias se dedicaran a proteger sus comunidades. Si se elimina, estará muerta la ley en la que se respaldaban, pero los resentimientos, los odios y la desprotección de los pueblos quedarán vivos.

MEXICO: ¿Qué esperan los diputados de Guerrero? La Tlacuila
De poco sirve una constitución de vanguardia sin leyes reglamentarias que instrumente lo que se garantiza, como sucede en Guerrero con los pueblos indígenas y afromexicanos.
Animal Político

Antes de iniciar con el tema de hoy y porque tiene que ver con el mismo, les extiendo una cordial invitación a la presentación del libro de mi autoría Recuperar la Dignidad. Historia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social. En él recojo los testimonios de integrantes de esta organización que narran su historia, la conformación de su policía ciudadana, sus actividades, objetivos, problemas y luchas. Se presentará el próximo jueves 23 de febrero a las 6 PM en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (aula 4) y estará acompañándonos Bruno Plácido Valerio, líder del movimiento. Terminado el comercial, vamos al asunto de los diputados guerrerenses y la ley indígena. En 2014 se reformó sustancialmente la constitución de Guerrero. Entre los muchos cambios realizados, destaca el relacionado con los derechos de los pueblos indígenas. Antes de la reforma sólo eran brevemente mencionados en un artículo (el 10), y ahora hay siete artículos (del 8 al 14) en los que se enuncian sus derechos. Además, otro cambio muy importante es que se reconoce por primera vez a los afromexicanos, otorgándoseles los mismos derechos que a los pueblos indígenas.

Entre otros aspectos, se reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, se garantiza su derecho a la autonomía y a la libre determinación, el derecho a una educación con pertinencia intercultural y lingüística, y se reconoce a las policías comunitarias. Igualmente, se les garantiza el acceso al uso y disfrute colectivo de sus tierras, territorios y recursos naturales “sin que puedan ser objeto de despojo alguno o de explotación mediante entidades públicas o privadas ajenas a los mismos sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad…” (artículo 11-IV).

De esta manera, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero quedó como una de las más avanzadas del país en cuestión indígena y en relación a los afromexicanos, que solamente aparecen en ésta y en la de Oaxaca.

Hasta aquí todo va bien, sin embargo, los diputados locales todavía no han tenido tiempo de adecuar las leyes a la nueva constitución. Según el artículo tercero transitorio, tenían dos años para hacer concordar la legislación con las nuevas disposiciones constitucionales, pero hasta la fecha no han concretado nada. Lo único que hicieron fue aprobarse un plazo de un año más cuando se venció el que tenían. Ese plazo vence el próximo 15 de marzo.

En vista de que el Congreso no ha hecho su trabajo –algunos diputados presentaron iniciativas, pero no ha pasado de ahí- , varias organizaciones indígenas y afromexicanas guerrerenses se están coordinando para trabajar una propuesta relativa a los artículos que les conciernen.

Comenzaron a reunirse para defender la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, pues se temía que vencido el plazo para la promulgación de una nueva ley sobre el tema, ésta perdiera validez . La ley 701 contiene ya muchos de los derechos estipulados en los nuevos artículos constitucionales, sin embargo, no contempla a los afromexicanos y, en relación a las policías comunitarias, solamente reconoce a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Entre los temas que están discutiendo las organizaciones se encuentra el de la remunicipalización, enfocada en crear algunos nuevos municipios indígenas o de población afromexicana; el reconocimiento a las policías comunitarias en general (no solamente a la CRAC-PC) y la elección de autoridades municipales por el sistema de usos y costumbres. Esto último ya se logró en Ayutla de los Libres, después de un largo proceso legal que inició la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), pero se pretende que quede estipulado en la nueva ley para todos los municipios indígenas y afromexicanos.

También se está trabajando en el tema de la reglamentación de la consulta previa, libre e informada. De entrada, se pretende realizar un proceso de consulta en las comunidades para armar la propuesta de ley indígena, pero ha sido difícil encontrar una forma de hacerla, pues no existe una metodología aplicable, precisamente porque no hay todavía una reglamentación sobre la elaboración de las consultas.

El asunto es complicado, pero lo importante es que las diversas organizaciones se están reuniendo nuevamente con un objetivo en común a pesar de tener diferencias entre ellas. Y de esas reuniones pueden salir tal vez otros intereses compartidos que permitan que se unifique nuevamente el movimiento indígena de Guerrero, incluyendo a los afromexicanos, como lo estuvo hace muchos años en el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular.

Como sea, urge que se reglamenten los nuevos artículos constitucionales relacionados con los pueblos indígenas y afromexicanos, pues de poco sirve una constitución de vanguardia sin leyes reglamentarias. Pero por lo visto, como sucede con la seguridad y con otros aspectos de la vida cotidiana, tendrán que ser los pueblos los que asuman el trabajo que no realizan las instancias estatales correspondientes.

MEXICO: Licitación de radio privilegió ofertas económicas: Amedi
Señala que ese punto contradice a lo dispuesto en la Constitución del país
Carla Martínez / El Universal

La licitación de frecuencias de radio en FM favoreció a quienes pagaron más por las señales, como consecuencia de un diseño de licitación que priorizó el factor económico, señaló la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

“No obstante, el método de subasta contradice lo dispuesto en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2007 y el Artículo 28 de la Constitución, en el sentido de que en ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico”, recordó la Amedi, a través de un comunicado.

De las 191 frecuencias incluidas en las bases de la licitación, 124 (64.92%) fueron ganadas por nuevos competidores, y 23 frecuencias (12.04%) quedaron en manos de operadores actuales. “En 44 lotes (23.03%) no hubo participación; estos lotes coinciden con algunas de las localidades con menor densidad poblacional, bajo poder adquisitivo y pobreza, las cuales seguirán sin servicio de radiodifusión a pesar de la disponibilidad de frecuencias”, destacó el análisis. Además, dijo que la nueva configuración de estaciones de radio no refleja mayor pluralidad y diversidad en el sector, ni se han dado pasos para promover la radiodifusión pública, comunitaria e indígena.

La licitación de 146 frecuencias en FM logró que las ofertas más altas alcanzaran mil 445.85 millones de pesos, informó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), lo que en promedio fue 42 veces superior al valor mínimo de referencia, definido en 34 millones 324 mil pesos. “Sin embargo, la nueva configuración de estaciones de radio no refleja mayor pluralidad y diversidad en el cuadrante ni se han dado pasos para promover la radiodifusión pública, comunitaria e indígena”, destacó la asociación.

Las posturas alcanzadas por los lotes concursados reflejan que el precio mínimo de referencia establecido por el IFT fue muy bajo, menciona la Amedi. “Lo anterior desmiente la postura inicial de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) cuando, en una de sus habituales campañas de descalificación al regulador, propagaba que la licitación de 257 frecuencias de AM y FM causaría un impacto ‘irreversible’”. Cierra licitación de AM. Este jueves terminó la licitación de 31 frecuencias en AM, proceso en el que todas las señales recibieron posturas. A las 10 horas de ayer, 20 frecuencias terminaron automáticamente al no presentar actividad media hora antes del cierre.

“Las frecuencias corresponden a Piedras Negras (2), Saltillo y Torreón-Gómez Palacio e Coahuila, Colima, Durango, Acapulco e Iguala en Guerrero, Salvatierra en Guanajuato, Cuernavaca-Ahuatepec y Cuernavaca-Jojutla en Morelos, Oaxaca-Santa Cruz-Amilpas en Oaxaca, Izúcar de Matamoros en Puebla, Querétaro, Culiacán en Sinaloa, Hermosillo en Sonora, Tampico en Tamaulipas, Veracruz y Poza Rica en Veracruz; y la compuesta por Fresnillo-Zacatecas-Guadalupe-Jerez-Valparaíso-Río Grande-Villa de Cos en Zacatecas”, detalló el organismo regulador.

De las 11 restantes, a las 12 horas quedaban nueve frecuencias en proceso de presentación de ofertas y a las 15 horas solamente quedaban tres. Las ofertas más altas recibidas superaron, en promedio, siete veces la suma de los valores mínimos de referencia establecidos para esas frecuencias, al acumular 133 mdp. El total de los componentes económicos de los concursos de AM y de FM en la Licitación IFT-4 ascendió a mil 578.9 mdp.

OAXACA: Zapotecas de Unión Hidalgo rechazan llegada de proyectos eólicos
Exigen al Gobierno Federal y Estatal que transparente la información sobre los proyectos de parques eólicos que existen en la región del Istmo de Tehuantepec.
Istmo Press

Unión Hidalgo. Integrantes del Comité Indígena Pro Defensa de la Tierra y Territorio  del municipio de Unión Hidalgo, denunciaron la opacidad con la que se conducen las autoridades Federal y Estatal, al ocultar información sobre la llegada de nuevos proyectos eólicos al estado, y principalmente a la región del Istmo de Tehuantepec.

Los integrantes de esta organización, refirieron que solicitaron al Instituto de Acceso de Información Pública y Protección de Datos de Oaxaca y al Instituto Nacional de Acceso a la Información,  datos sobre las obras eólicas que, aseguran, el Gobierno del Estado pretende instalar en ese municipio, sin embargo., los organismos les negaron la información.

Romel Matus, uno de los integrantes del Comité indígena pro defensa de la tierra y territorio dijo que es urgente que la autoridad municipal que encabeza Wilson Sánchez Chévez transparente la información, toda vez que la comunidad sabe de la próxima instalación de dos parques eólicos, por ello solicitaron que se cumpla el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y realicen una consulta indígena con todas y todos los actores sociales.

“Nos hemos enterado que están pidiendo credenciales de elector justificando proyectos sociales y posteriormente los ocuparan para avalar la consulta indígena, cosa que no vamos a permitir, por eso exhortamos a la Secretaria de Medio Ambiente de Oaxaca y a la Secretaria de Energía a nivel federal que no violenten los lineamientos, informen con transparencia lo que hemos solicitado ante sus autoridades  y se realice una consulta indígena libre, previa e informada y culturalmente adecuada.

Denunció que la llegada de empresas eólicas extranjeras a Oaxaca representa el contubernio de los gobiernos locales y federal, para dar preferencia a la inversión foránea, sin que los recursos que se generen se queden en el estado y el país.

En el año 2011 en esta localidad zapoteca, la empresa eólica Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex) instaló el parque eólico Piedra Larga, dos años más tarde, en 2013, construyó el segundo Parque Eólico, ambos agrupan 120 turbinas, que producen 227.5 MW; en ese entonces no hubo consulta indígena y tampoco se ha reflejado una obra de gran impacto para la comunidad que reúne a más de 10 mil habitantes.

Es por ello, que los integrantes del comité exigen al Gobierno que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, que cancele los permisos de trabajo de empresas eólicas en Unión Hidalgo y se privilegien mecanismos como la consulta ciudadana para autorizar la ejecución de este tipo de proyectos. En este marco solicitó la condonación de tarifa eléctrica, debido a que es una comunidad donde se produce energía eléctrica, pero paga la más cara en sus recibos de luz eléctrica.

“Nosotros lo único que pedimos es transparencia, en Unión Hidalgo no existe planta de tratamiento de aguas residuales, no hay un basurero, no hay un hospital, no tenemos una obra de gran impacto que se haga hecho por Demex en estos 12 años, y no queremos vivir la misma historia, no queremos que sean proyectos de despojo sino de beneficio social”, comentó el representante del Comité.

Explicó que lo que pretende hacer el presidente municipal y su  flamante tesorero municipal es acordar a beneficio propio y no de la comunidad, sin informar a los ciudadanos del cobro por cambio de uso de suelo y el permiso de construcción, es decir de cuanto es el recurso que puede entrar  a las arcas municipales.

Por último anunció  un amparo colectivo en contra de la consulta a modo que pretenden justificar la autoridad con las credenciales de elector que están levantando con el engaño que recibirán programas sociales.

OAXACA: Comunidad chinanteca acusa a empresa española de plagio de diseño
Educa

La comunidad de San Juan Bautista Tlacoatzintepec, del distrito Cuicatlán, denuncia a través de su cuenta de Facebook un nuevo caso de plagio de diseño: “Amigos estamos muy molestos e indignados pues en la siguiente página muestra un plagio en el diseño del huipil chinanteco de uso diario , un verdadero despojo a nuestra cultura y a nuestra historia. Y que por más que intentamos preservarlas ellos no se esfuercen en nada para conocer un poquito más de nuestra cosmovisión; haciendo referencia en su publicación a un bordado azteca, lo cual es totalmente incorrecto. Nos molesta mucho que copien nuestros diseños porque no saben ni siquiera lo que significa el bordado del textil, y todos los elementos que lo integran. Éste huipil en su tienda tiene un costo de $198.00 Euros. Urgen iniciativas que protejan nuestros pueblos ante tales despojos. Gracias por su difusión , el pueblo de San Juan Bautista Tlacoatzintepec, en breve dará un comunicado al respecto”. Con esto se suma un textil oaxaqueño más que cae en el plagio de las empresas de moda.

MEXICO: Comunidades indígenas tienen en vilo dos bloques de subasta petrolera
Las licitaciones petroleras están en un proceso sin precedentes de consulta con grupos nativos de Chiapas por dos bloques que se quieren licitar este año. Situación ocurrida en Estados Unidos y Canadá.
El Financiero

México se está sumando a sus dos vecinos del norte al afrontar desafíos de las poblaciones indígenas a los proyectos energéticos planificados.

En discusión están dos bloques onshore (terrestres) que serían subastados por México para el desarrollo de petróleo y gas, dijo Rodolfo Salazar, director de evaluación y consulta de impacto social del país.

Su inclusión está siendo revisada en tanto el Gobierno y la comunidad indígena zoque en el sur de Chiapas debaten el tema, dijo Salazar en una entrevista en la Ciudad de México. No hubo conflictos con grupos nativos en 25 bloques costeros subastados por México en 2015, incluyendo cinco en Chiapas, según Salazar.

Pero el Movimiento por Comunidades Nativas en Resistencia ha apoyado las preocupaciones de las comunidades de Tecpatan y Francisco León en cuanto a permitir la perforación en su área, y el Gobierno tiene la obligación de sopesar esas inquietudes, agregó.

"El proceso de consulta actual no tiene precedentes en México", dijo Salazar. "Nos estamos asegurando de que las comunidades estén informadas, y les damos la oportunidad de emitir sus opiniones y puntos de vista".

El estado de Chiapas es el hogar de 12 de los 62 grupos indígenas reconocidos oficialmente por el gobierno mexicano, incluido el zoque.

Los zoques, que hablan un dialecto local, son descendientes de la civilización olmeca, generalmente considerada como la precursora de culturas posteriores como los mayas y los aztecas, según el Ministerio para el Desarrollo Sostenible de las Comunidades Indígenas.

Sus esfuerzos siguen desafíos similares por poblaciones nativas al norte de la frontera de México.

En los Estados Unidos, la tribu siux Standing Rock se ha opuesto a la construcción del oleoducto Dakota Access diciendo que amenaza sitios que son culturalmente significativos para los nativos americanos, y retarda su construcción con protestas y acciones legales.

En Canadá, los grupos dirigidos por una organización denominada First Nations se han opuesto desde hace tiempo al oleoducto Trans Mountain que atraviesa su territorio tradicional y une las arenas petrolíferas de Alberta a la costa del Pacífico.

En 2013, México puso fin al monopolio de producción de crudo que ejerció Petróleos Mexicanos (Pemex) durante 75 años, y a partir de esa fecha permite a los operadores extranjeros desarrollar las reservas del país.

México vendió 32 áreas offshore y onshore para la producción de petróleo y gas en sus primeras cuatro subastas privadas, y planea licitar 41 bloques offshore y onshore adicionales en junio y julio.

Los bloques en cuestión --el Número 10, un área de 426 kilómetros con petróleo y gas superligeros, y el 11, un área de 419 kilómetros con petróleo ligero-- se incluirían en la segunda subasta onshore de México, programada para el 12 de julio. Un total de 12 pozos exploratorios se perforarían en los dos bloques, según la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). El proceso de diálogo con las municipalidades locales es delicado y no hay fecha límite para la decisión sobre si los bloques serán incluidos o no en la subasta de julio, dijo Salazar.

La Secretaría de Energía tiene que tomar una decisión final sobre el estado de los bloques antes del 14 de junio, previo a la publicación final de los términos de la licitación, de acuerdo con la comisión.

BAJA CALIFORNIA: Preocupa a grupos indígenas mixtecos deportaciones en EE.UU.
Notimex, Diario de Yucatán

Tijuana. El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales externó su preocupación ante las políticas migratorias del gobierno estadounidense y anunciaron alianzas con abogados que orienten a esta comunidad.

En entrevista, el coordinador de esta agrupación en Baja California, Rogelio Méndez Palma, indicó que existen miembros indígenas integrantes de este organismo que habitan del otro lado de la frontera, a quienes preocupa su actual situación migratoria. Explicó que se trata de indígenas con presencia en el vecino estado de California, mayoritariamente de origen mixteco, purépechas de Michoacán, Guerrero y de Oaxaca que también habitan en Tijuana. “Estamos preocupados con el nuevo gobierno de Estados Unidos, estamos haciendo alianza con abogados que no cobren para orientar a nuestra comunidad y que no haya pánico ni intimidaciones hacia nuestros grupos indígenas que viven en California”. Aseguró que los miembros de su comunidad podrían ser deportados como cualquier otro ciudadano, de acuerdo a las nuevas disposiciones en materia migratoria, pues “sólo los nativos locales y originarios de ese territorio están seguros”.
Los otros grupos de indígenas, manifestó, “del lugar de donde procedan, si no son nativos del territorio estadunidense, sino de este o de otros países de Latinoamérica, no cruzan o son susceptibles de deportaciones como se han visto ahora”. Sin embargo, refirió que lo verdaderamente preocupante respecto de las deportaciones es la poca infraestructura que existe en el país para recibirlos aunada a la escasez de oportunidades laborales, sobre todo para la gente proveniente del campo. Aseguró que su organización tiene prevista una audiencia con las autoridades del estado de Oaxaca para proponer la reactivación del campo en las zonas mixtecas, “queremos apoyos con recursos, sobre todo con la característica a fondo perdido”.

MEXICO: Desde el otro lado. Clemente Castañeda Hoeflich. Los derechos indígenas no se regatean
Se ha dado la persecución de líderes indígenas y desapareció el activista Celedonio Monroy.  
Excélsior

El reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas sigue siendo una de las grandes deudas del Estado mexicano. Hoy los pueblos indígenas no sólo padecen una exclusión insostenible, sino que son víctimas de una discriminación por parte de las instituciones que no terminan por reconocer sus derechos. Jalisco es un ejemplo de ello, por las múltiples ofensas y omisiones que han sufrido los indígenas durante décadas.

Una muestra de ello es la persecución de líderes indígenas, por ejemplo la desaparición forzada aún impune de Celedonio Monroy en 2014, activista que combatía la explotación ilegal de recursos en la Sierra de Manantlán, en un contexto de abandono por parte de las autoridades estatales y conflictos agrarios no resueltos por años. Un año después, personal de la Fiscalía General de Jalisco detuvo y torturó a Gaudencio Mancilla, indígena defensor de los derechos agrarios de la localidad de Ayotitlán, de Cuautitlán de García Barragán, para inculparlo de la creación de una presunta policía comunitaria.

En el Congreso de Jalisco, entre 2012 y 2015, desde la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano emprendimos una serie de acciones para denunciar estos hechos y avanzar en las reformas necesarias para fortalecer el reconocimiento de los pueblos indígenas, proteger sus sitios sagrados, su derecho a la consulta y su calidad como sujetos de derecho, eslabones jurídicos todavía frágiles en Jalisco.

El capítulo más reciente en el que se le ha dado la espalda a las comunidades indígenas de Jalisco, regateándoles sus derechos, ocurrió hace unos días: penosamente, los diputados del PRI y del PAN pidieron que se les sumara a la iniciativa de la bancada de los diputados ciudadanos para reconocer a los pueblos originarios como sujetos de derecho —una iniciativa producto del trabajo y las consultas que iniciamos varios diputados en la legislatura pasada—, pero sólo para tomarse la fotografía con ellos, porque semanas después se abstuvieron de votar la propuesta, que terminó siendo desechada.

La ausencia de esta legislación tiene consecuencias. Desde hace años las comunidades wixárikas del norte de Jalisco y zonas colindantes con Nayarit viven una situación de vulnerabilidad e indefensión, en gran medida por la incertidumbre en torno a la posesión de sus tierras.

Los diputados ciudadanos presentamos un punto de acuerdo, aprobado por unanimidad en el pleno de la Cámara de Diputados, para exhortar a la Sedatu a resolver cuanto antes el conflicto. Es, quizá, un paso modesto, pero significativo en la convicción de que la libre determinación de los pueblos significa comprender que los derechos de las comunidades indígenas no pueden ser regateados por el Estado.

EL VATICANO: Papa Francisco recibe a representantes indígenas salvadoreños
El Pontíficé pidió que los gobiernos tomen en cuenta la cultura y la relación de los pueblos indígenas con la tierra.
La Prensa Gráfica

Representantes del Consejo Coordinador Indígena Salvadoreño (CCNIS) y del Consejo Indígena de Centroamérica fueron recibidos el miércoles pasad por el papa Francisco durante el III Foro de los Pueblos Indígenas, celebrado en el Vaticano.

En el evento, que fue convocado el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) en el marco de su 40 aniversario, participaron representantes de todo el mundo para buscar soluciones a los desafíos del cambio climático, la destrucción del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en marcos normativos internacionales.

Durante el encuentro, el papa dijo que los países deben alcanzar el desarrollo económico y tecnológico sin excluir el derecho social, cultural y de protección de los indígenas y sus territorios.

Francisco aseguró que los gobiernos deben planificar sus actividades económicas sin interferir con las culturas indígenas y su relación ancestral con la tierra. Además, de involucrar a los jóvenes y a las mujeres en los procesos de consulta y toma de decisiones.

Los Pueblos Indígenas, Nahua Pipil, Lenca y Kakawira, han solicitado al Estado salvadoreño que ratifique el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el cumplimiento de la consulta libre, previa e informada.

Recientemente los pueblos indígenas solicitaron a la Asamblea Legislativa reformar el artículo Legislativo 598, que declara el 1.o de febrero como “Día Nacional de la Lengua Nahuat”, por el “Día Nacional de las Lenguas Maternas en El Salvador”.

Los pueblos indígenas de El Salvador fueron reconocidos en la Constitución salvadoreña hasta junio de 2014.