Asociacion Internacional de Prensa Indigena
AIPIN
Comisión de Asuntos Indígenas
REGIONES INDIAS
AIPIN
Comisión de Asuntos Indígenas
REGIONES INDIAS
Octubre 12, 2017
Genaro Bautista / AIPIN
Comunicaciones a: lallabatamazola@hotmail.com
ESPAÑA: Una candidata presidencial con problemas de crédito
El banco HSBC rechazó abrir una
cuenta a Marichuy Patricio, aspirante indígena a las elecciones de México
Luis Pablo Beauregard
/ El País
MEXICO: Aprueba Comisión de Desarrollo Social del
Senado reformas para fomentar las actividades artesanales
Senado
VERACRUZ: Modelo educativo, obsoleto para enseñanza
indígenas
Imagen del Golfo
MEXICO: Rechazan hotel y campo de golf en tierra
indígenas, en Chihuahua
Crónica de Chihuahua
MEXICO:
Plantean alternativas sustentables para desarrollo en zonas indígenas
Notimex, Excélsior
BAJA CALIFORNIA: Jornaleros de San Quintín en
contra de desaladora
Yerson Martinez /
Crónica de BC
GUERRERO: En su 22 aniversario busca la CRAC parar
el acoso de las mineras y la inseguridad
El Sur de Acapulco / Lourdes
Chávez
COSTA RICA: Ecoturismo, opción de desarrollo para comunidades indígenas
y campesinas
Angélica Enciso L. / La Jornada
BOLIVIA: 12 de Octubre - Día de la Resistencia
"Informática". Santiago García Gago
Radios Libres, ALAI
ESPAÑA: Estados neocoloniales y el 12 de octubre.
Jesús González Pazos
ALAI
SUIZA: Protección de las expresiones culturales
tradicionales: algunas cuestiones para los legisladores. Peter Jaszi
OMPI
ESPAÑA: Una candidata presidencial con problemas de
crédito
El banco HSBC rechazó abrir una
cuenta a Marichuy Patricio, aspirante indígena a las elecciones de México
Luis Pablo Beauregard
/ El País
Hasta este martes, 36
ciudadanos se habían inscrito ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para
buscar la presidencia de México en 2018. Solo una mujer, de entre los
aspirantes, había sufrido para cumplir el requisito más básico y sencillo para
iniciar el tortuoso camino para asegurar la candidatura independiente: abrir
una cuenta bancaria. “No nos quisieron abrir una cuenta en un banco. Nos
bloquearon, el banco HSBC. Tuvimos que buscar otro. Desde ahí se ve cómo está
amañando este poder”, dijo María de Jesús Patricio, la aspirante nahua del
Concejo Indígena de Gobierno y que cuenta con el respaldo del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Los independientes
podrán participar en 2018 por primera vez en una elección presidencial. La
autoridad electoral exige a los aspirantes sin partido a la presidencia tener
una asociación civil sin fines de lucro. Esta auxiliará a los candidatos a
administrar el financiamiento que reciban para las actividades de campaña, que
comienza en marzo del próximo año. Pero sobre todo, la asociación ayudará a los
interesados a superar el principal obstáculo que separa a los ciudadanos de a
pie de una candidatura presidencial: reunir a contrarreloj 866.000 firmas en al
menos 17 de 32 Estados del país. Esto exige reunir, por lo menos, 7.200 apoyos
diarios a lo largo de 120 días.
Marichuy, como se le
conoce a Patricio, contó con asesoría legal para crear su asociación civil,
Llegó la hora del florecimiento de los pueblos. Pero cuando acudieron ante HSBC
en Ciudad de México se presentó el primer problema. "Fue el banco el que
no quiso. Nosotros llevábamos todos los requisitos", dice una vocera
Congreso Nacional Indígena (CNI) que pide no ser citada por su nombre.
“Ellos [HSBC]
argumentaron que Marichuy era parte de Antorcha Campesina [una polémica
organización popular vinculada al PRI]”, revela otro integrante del equipo de
la aspirante indígena. “Se lo inventaron. Lo usaron como pretexto para
rechazarla”. Este integrante de la campaña zapatista considera que existió
discriminación por parte del banco. “No veo otro motivo. Aunque fuera parte de
esa organización, no tienen por qué negarte una cuenta”.
Lyssette Bravo, vocera
de HSBC, rechaza que el banco haya negado abrir la cuenta. "El trámite
toma más tiempo para una asociación civil, es un proceso que se llama debida
diligencia ampliada. Son procesos largos y hay muchos filtros. En HSBC tenemos
una política, know your client, para conocer mejor a los clientes",
asegura vía telefónica. "Habrá otros bancos que hagan el trámite más
rápido", agregó la portavoz. Bravo afirmó desconocer la fecha exacta en la
que el equipo de Marichuy comenzó el proceso ante el banco.
Adriana Hernández,
integrante del equipo legal de Marichuy, asegura que los trámites ante HSBC
comenzaron el 12 de septiembre. El 28 de septiembre, fecha en que las partes
iban a firmar el contrato, la abogada recibió un mensaje de Whatsapp de Alberto
Espinoza Vázquez, funcionario del banco. "El nombre de la señora ma de
jesus apareció en una lista de personas ligadas a un grupo antorchista, o algo
así me comentaron", escribió el empleado. Ese mensaje fue la única
respuesta que acompañó la negativa. "Hasta el día de hoy HSBC se ha negado
a dar explicaciones escritas", dice Hernández.
Mecanismos que perpetúan la discriminación
Marichuy, una indígena
nahua de 53 años, tiene una cuenta de nómina donde recibe un sueldo de la Universidad
Autónoma de Guadalajara (Jalisco, oeste de México). Patricio lleva más de dos
décadas laborando en la Casa de salud Calli tecolhuacateca tochan, donde
atiende a poblaciones indígenas con medicina tradicional y herbolaria. Ella
nació en una pequeña comunidad del municipio de Tuxpan (Jalisco) y creció
viendo a su abuela y sus tías hacer limpias con plantas y preparando ungüentos
para los enfermos de “susto, espanto, aduendado, bilis, debilidad o canícula”,
según dijo en una ceremonia en la que reconocieron su trayectoria en 2015. La
negativa de HSBC revela uno de los principales problemas de la población
indígena en México, la falta de acceso a los servicios financieros y al crédito
bancario. En 2012, un informe realizado por la Comisión Nacional para la
Prevención de la Discriminación (Conapred) aseguraba que es casi “un hecho
imposible que una persona indígena en México cuente con un expediente en el
buró de crédito y aún menos creíble es que posea una tarjeta de crédito o que
haya recibido de la banca tradicional un crédito productivo”. Un estudio de la
Cámara de Diputados realizado un par de años más tarde reveló que la situación
en la que viven los 15.7 millones de indígenas mexicanos no había cambiado.
Solo el 1.5% de los trabajadores del campo mexicano de alguno de los 68 pueblos
originarios tiene acceso a crédito en 2014.
"El sistema
financiero, en su atención no está diseñado para las poblaciones indígenas. Los
bancos están en las cabeceras municipales, lejos de las comunidades. No hay
cajeros automáticos", explica Ricardo Raphael, autor del informe de
Conapred. "No hay una institución interesada en ayudarlos. Ni las públicas
como Financiera Rural o Bansefi. Y a las privadas solo les interesan los
clientes AAA. Estos mecanismos perpetúan la discriminación", asegura.
La abogada Hernández
asegura que el trato de HSBC "expresa un trato desigual, diferenciado,
discriminatorio, en tanto que obstaculiza el ejercicio de derechos ciudadanos y
en particular de las mujeres mexicanas indígenas".
Fue Banorte, uno de
los pocos bancos mexicanos, quien finalmente permitió a Marichuy abrir su
cuenta bancaria, con los mismos documentos con los que habían acudido a HSBC, y
seguir en la carrera rumbo a la presidencia. “Para lograr este primer paso nos
pusieron muchas trabas. Nos quisieron tratar como de la [clase] alta… Esta
estructura está diseñada para ellos. No para la gente de abajo, la gente
trabajadora”, dijo Patricio el sábado. Entre aplausos, la única candidata
indígena inició su camino cuesta arriba y contracorriente.
MEXICO: Aprueba Comisión de Desarrollo Social del
Senado reformas para fomentar las actividades artesanales
La producción de artesanías en zonas
rurales o indígenas genera fuentes de trabajo e ingresos y fortalece el
desarrollo de pobladores.
Senado
La Comisión de
Desarrollo Social, que preside la senadora Iris Vianey, aprobó un dictamen que
reforma la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad
Artesanal, con el objetivo de impulsar el crecimiento y desarrollo de estas técnicas.
Las modificaciones buscan orientar los programas de apoyo para la conservación
de oficios artesanales y tradiciones, que tengan como eje prioritario la
autogestión y cadenas de comercialización. También impulsar las tareas de
investigación y aplicación de técnicas de mejoramiento para fomento y desarrollo
de la producción artesanal. Se incluye a la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas dentro de la Comisión Intersecretarial para
el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, con lo cual se
estaría respondiendo a la situación de desventaja que enfrentan las personas
originarias del país.
En el dictamen se
señala que, en 2011, más de 1 millón 800 mil personas mayores de 15 años se
emplearon en alguna actividad artesanal. Los estados con más trabajadores micro
industriales y artesanos son: Oaxaca con 58 mil 398 personas y Guerrero con 39
mil 107. Frente a estas cifras, la Comisión del Senado, destacó que la
producción de artesanías en las zonas rurales o indígenas genera fuentes de
trabajo e ingresos para las personas que habitan en estas áreas y fortalece sus
posibilidades de desarrollo. Las artesanías, se subraya, son producidas en gran
medida por la población indígena y por las mujeres, por lo que todo apoyo a la
producción artesanal, además de fomentar la cultura y la economía en el país,
es una acción que favorece a sectores considerados vulnerables. En la reunión
de trabajo, se aprobó el dictamen a una minuta enviada por la Cámara de
Diputados, que busca promover el desarrollo sostenible y sustentable en el
ejercicio de los derechos sociales. El proyecto, que modifica la Ley General de
Desarrollo Social, señala la importancia de aprobar esta reforma, a fin de
“sentar base para erradicar la pobreza y las carencias sociales a partir de dos
ejes: crecimiento económico y redistribución de la riqueza”.
VERACRUZ: Modelo educativo, obsoleto para enseñanza
indígenas
Imagen del Golfo
Para el secretario
general del Sindicato Nacional de Trabajadores Indigenistas de la CDI, José
Iván Burguete Pérez, el nuevo modelo educativo busca contrarrestar el rezago
educativo en el país, pero no está diseñado para satisfacer las necesidades de
las comunidades y pueblos indígenas, así como tampoco su modelo de educación.
De manera lamentable, el gobierno basa siempre su esquema para la zona urbana
donde las necesidades son un tanto diferentes a las que existen en los pueblos
indígenas por lo cual debe quedar claro que la educación en el país no debe
medir a todos con la misma regla. Entrevistado en el evento de Jornadas
Deportivas, Culturales y Regionales Veracruz 2017 en el que participan
deportistas de los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, que se lleva
a cabo en las instalaciones del CDO Sur de Orizaba, el secretario General del
Sindicato nacional, dijo que incluso todos los Estados del país son diferentes
en sus necesidades dada su geografía. “Lo que te puedo decir desde mi punto de
vista es que el nuevo modelo educativo no corresponde al contexto real de las
comunidades y pueblo. No es de nuestra competencia, cada estado es diferentes y
hay una diferencia entre el norte y el sur y más en las zonas rurales o
indígenas”, explicó.
MEXICO: Rechazan hotel y campo de golf en tierra
indígenas, en Chihuahua
Crónica de Chihuahua
La inmobiliaria Mesa
de la Barranca usurpó 155 hectáreas del Parque Nacional Barrancas del Cobre,
donde proyecta construir un hotel y un campo de golf, denunciaron alrededor de
35 familias rarámuris que habitan la comunidad de Mogotavo, municipio de
Urique, ubicada en ese polígono. En conferencia de prensa en la capital del
estado, los líderes de la etnia aseveraron que entre los participantes en el
desarrollo turístico hay dirigentes, ex legisladores y ex funcionarios
priístas, quienes han aportado capital y se dicen terceros afectados en un
documento mediante el cual solicitan detener la construcción de obras de agua
potable para varias rancherías indígenas y una escuela primaria en esa
comunidad. Entre los inversionistas, explicaron, están Omar Bazán Flores, presidente
del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional; Ricardo
Orviz Blake, ex diputado local y empresario de la construcción; Ricardo Valles
Alvelais, ex funcionario estatal; el empresario Agustín López Daumas, y Jesús
Alberto Cano Vélez, ex diputado federal priísta por Sonora, a quienes acusaron
de despojo de territorio mediante la compraventa de la Mesa de Mogotavo, en lo
alto de la Barranca del Cobre, donde la comunidad rarámuri ha habitado por más
de 500 años, según peritajes del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Mesa de la Barranca ordenó detener en 2015 obras de agua potable que realizaba
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por
considerar que afectaban su propiedad y que los beneficiarios no tienen
derechos sobre los terrenos, desconociendo la existencia de una comunidad de al
menos 300 indígenas.
MEXICO:
Plantean alternativas sustentables para desarrollo en zonas indígenas
Propone
Autónoma de Chilpancingo crear un Sistema Nacional de Semillas; necesario conservar
65 razas nativas de maíz
Notimex, Excélsior
Investigadores de la
Universidad Autónoma de Chapingo plantearon alternativas de desarrollo
sustentable para que pequeños y medianos productores indígenas conserven
sus raíces; y propusieron la creación de un Sistema Nacional de Semillas,
que incluya al maíz. El especialista Humberto Castro explicó que en el
país se cultivan siete millones de hectáreas, de las que se obtienen 23
millones de toneladas de maíz; sin embargo, estimó que son alrededor de
cinco mil productos donde se usa maíz importado y transgénico, por lo que es
necesario conservar 65 razas nativas de maíz.
Durante las
actividades del Encuentro Nacional Indígena, coincidió con el investigador Germán
Martínez en la relevancia del agua en áreas rurales y su conservación,
mediante transferencia de tecnología, aunado a la ecointensificación de la
tierra agrícola, en la que es posible pasar de una producción de seis a 18
toneladas por hectárea. La institución detalló que de acuerdo con los expertos,
alimentos como el maíz, frijol, nopal, maguey y chile están en riesgo de
desaparecer, debido a la nueva dieta de los mexicanos, principalmente en
ciudades urbanas, constituida por más de cinco mil alimentos industrializados. Detallaron
que el uso intensivo de agroquímicos afectó los suelos agrícolas, además de que
se ha reducido el consumo de tortillas nixtamalizadas y de frijol.
Al encuentro, que
contó con la participación de representantes de 15 etnias, quienes expusieron
problemáticas cotidianas, asistió el subdirector de Extensión y Servicio de la
Universidad Autónoma Chapingo, Pedro Ponce, y los investigadores Germán
Martínez, Humberto Castro, Rafael Sánchez y Gerardo Noriega.
BAJA CALIFORNIA: Jornaleros de San Quintín en contra
de desaladora
Yerson Martinez /
Crónica de BC
Mexicali. La planta desaladora en San Quintín no se permitirá se instale, y están
dispuestos a repetir las acciones del 2015, informaron jornaleros de la zona.
Representados por Fidel Sánchez de la alianza de organizaciones de jornaleros,
arribaron al Congreso a pedir a los diputados que no se apruebe el dictamen
para crear las plantas desaladoras. Explicó que piden la colocación de una
presa que representa un 50% de ahorro en los gastos de obra. Representados por
Fidel Sánchez de la alianza de organizaciones de jornaleros, arribaron al
congreso a pedir a los diputados que no se apruebe el dictamen para crear las
plantas desaladoras vía app
GUERRERO: En su 22 aniversario busca la CRAC parar
el acoso de las mineras y la inseguridad
El Sur de Acapulco / Lourdes
Chávez
Chilpancingo. En sus 22 años de operación el Sistema de Seguridad y Justicia de la
Coordinadora Regional de la Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria
(CRAC-PC) fue de 35 pueblos en la Costa-Montaña, a 190 comunidades de 28
municipios, lo que representa una cobertura de 400 mil habitantes. El vocero de
la institución de los pueblos originarios, Sabás Aburto Espinobarro dijo que
uno de los retos de la institución hoy, es la seguridad en la ruta San Luis
Acatlán-Tlapa hasta las comunidades en los límites con Puebla, por la
inseguridad y ante el acoso de las concesiones mineras. En un recuento por el
próximo aniversario a celebrarse el 14 y 15 de octubre en Colombia de
Guadalupe, Malinaltepec, informó que en 1995, 36 comunidades de San Luis
Acatlán, Malinaltepec y de Acatepec se reunieron para conformar la Policía
Comunitaria. Las cifras oficiales confirman que la principal zona de influencia
de la CRAC tiene el menor índice delictivo. En este momento hay propuestas en
el Congreso local para armonizar las normas constitucional y secundarias para
evitar las controversias del sistema comunitario con el sistema penal, sin
avances en dos años. Añadió que una comisión de la CRAC-PC hizo una solicitud de
información en el Congreso sobre el estado que guarda la propuesta que
elaboraron con organizaciones, y que fue presentada como iniciativa en el pleno
por representante de partidos políticos de oposición. Sabás Aburto subrayó la
elaboración de un reglamento que sigue en proceso de perfeccionamiento, y que
en la sesión de aniversario habrá una propuesta de modificación. Convocó
abiertamente a comisarios, presidentes de comisariados, activistas,
representantes de organizaciones sociales, luchadores sociales y defensores de
derechos humanos a participar en las actividades del aniversario 22, que
comenzarán el sábado 14 de octubre con una misa en la comunidad de Colombia de
Guadalupe, seguido de mesas de trabajo para abordar como temas la reforma
constitucional en materia indígena, el nuevo reglamento de la CRAC-PC, acciones
para la defensa del territorio, articulación de la lucha de los pueblos, y la
organización de las mujeres en la lucha popular. El domingo 15 después de la
marcha de la Policía Comunitaria, se presentarán los acuerdos y un
pronunciamiento político en plenaria.
COSTARICA: Ecoturismo, opción de desarrollo para comunidades indígenas
y campesinas
Angélica Enciso L. / La Jornada
San José. Cocinar con una familia
indígena, jugar dominó en Cuba o futbol en Brasil, son algunas de las
intenciones de quienes buscan el turismo sostenible, sostuvo Shannon Stowell,
cofundador del Fondo de Turismo de Aventura de Estados Unidos, quién planteó
que la gente quiere la experiencia, desafíos y la promesa de la autenticidad.
El ecoturismo, opción que se
presenta a las comunidades indígenas y campesinas para conservar los recursos
naturales y obtener ingresos, ha tomado impulso en años recientes con las áreas
naturales protegidas, donde se ofrecen desde experiencias con la cultura local
hasta el turismo de aventura.
Durante la sexta Conferencia de Turismo Sostenible, P3: Persona, Planeta, Paz,
que se realiza en esta ciudad, se destacó que se debe involucrar a las
comunidades locales, su autenticidad y que se apropien de la dirección de la
experiencia. Se debe buscar que los mil 800 millones de turistas que habrá en
13 años, inviertan en cultura y la naturaleza.
Martha Ruiz Corzo, directora
del Grupo Ecológico Sierra Gorda, área natural protegida ubicada en Querétaro,
México, presentó la experiencia de ésta en el foro, y señaló que aquí la
actividad ecoturística se basa en operadores comunitarios. Consideró que hay
aventuras de mínimo impacto, como una caminata, “el turista se confronta con el
silencio de los santuarios, se puede tener una experiencia de adrenalina que no
cauce disturbios en la naturaleza. Pienso en un turismo de naturaleza y
cultura. La aventura es encontrarte con la naturaleza.
Sostuvo que la Sierra Gorda es
ecodiversa, la última bien conservada en el centro de México, quedan apenas 500
hectáreas de selva alta y aquí el ecoturismo es una alternativa económica para
las comunidades locales.
Taleb Rifai, secretario general
de la Organización Mundial de Turismo, aseguró que viajar se ha convertido en
una forma de vida: mientras en 1950 viajaban 25 millones de personas al año
para 2016 sumaron mil 230 millones. Se espera que en 2030 sean mil 800
millones. Explicó que éste es el Año Internacional del Turismo Sostenible y
entre las líneas de acción están crecer sin causar daños, la sostenibilidad es
sostener la vida en la tierra, no sólo conservarla; se debe elevar a un nivel
más alto la calidad de vida, el crecimiento y el progreso debe ir de la mano
con la sostenibilidad. Añadió que se debe asumir la responsabilidad de 5 por
ciento de emisiones, dos terceras partes vienen del transporte. Sostuvo que hay
un desafío en la seguridad, pero aseguró que la gente siga viajando a Mexico y
Costa Rica a pesar de los desastres naturales.
Hace tres décadas Costa Rica
decidió impulsar el desarrollo sostenible, fue pionero, esto implica la
sostenibilidad ambiental económica e integral, sostuvo Mauricio Ventura,
ministro de Turismo
BOLIVIA: 12 de Octubre - Día de la Resistencia
"Informática". Santiago García Gago
Radios Libres, ALAI
El 12 de octubre,
tradicionalmente, se celebra la fecha en que los “conquistadores” españoles
“descubrieron” América. Para los pueblos de Abya Yala (así denominaban el
continente antes de que los invasores llegaran) este día no es una fecha de
celebraciones, sino para rememorar la resistencia indígena frente a la
invasión. Pero, ¿por qué recordamos en Radios
Libres esta colonización? Pues porque es una excusa perfecta para
hablar de otro tipo de colonizaciones, las que invadieron nuestras cabezas y
computadoras. Invasiones más normalizadas contra las que presentamos menos
resistencia e incluso justificamos con argumentos como “es que lleva mucho
tiempo liberarse”, “es un esfuerzo muy grande”, “no todo funciona tan bien” y
un largo etcétera.
¿Contra qué tipo de colonizaciones tecnológicas
tendríamos que resistir?
Colonizaron nuestro lenguaje
No abrimos el
procesador de texto, sino “word”. No pedimos que nos manden una hoja de cálculo
sino un “excel”. Ya no buscamos en Internet, sólo “googleamos”. Y cuando modificamos una foto estamos “phothosopeando”. Las palabras
son fundamentales a la hora de construir la realidad. Comenzar a nombrar las
cosas adecuadamente es el principio para concebirlas de forma distinta. Algo
que parece obvio en temas de género donde asumimos la necesidad de utilizar un
lenguaje inclusivo para visibilizara a las doctoras y juezas, nos cuesta aún en
los temas tecnológicos.
Colonizaron nuestras computadoras
Y lo hicieron tan bien
que vemos normal que cuando compramos una computadora venga con un sistema
operativo preinstalado. Software que, además, cada vez es más complejo
desinstalar. Es como si compráramos un reproductor de música y ya viniera con
las canciones que los vendedores decidieron que teníamos que escuchar y nos
impidieran escuchar otras. Por cierto, ese software que viene preinstalado no
es gratis, es parte del precio que pagamos al comprar la computadora.
Colonizaron nuestras escuelas y las universidades
Con la eficiente
estrategia de “regalar” licencias educativas los sistemas privativos se fueron
enquistando en las computadoras de colegios y universidades. Los alumnos y
alumnas consumen esa primera dosis de software privativo y quedan enganchados
para siempre. Cuando llegan a un puesto de trabajo solicitan trabajar con los
programas que conocen y las empresas requieren que sepan manejar los programas
que “usa el mercado”. Un círculo vicioso impuesto por las grandes
multinacionales del software que se podría romper obligando al sistema
educativo a enseñar ambas alternativas, la privada y la libre, y que sean
estudiantes o trabajadores quienes elijan.
Colonizaron nuestros principios
Mientras que en otros
frentes los movimientos sociales no tenemos dudas de quiénes son los
antagónicos (extractivistas, mineras, agronegocios, maquilas,...) en el terreno
de la tecnología todo se vuelve más difuso. Por ejemplo, justificamos usar
“herramientas del imperio” (Facebook,
Google,..) y aceptar todas sus condiciones para “hacer la revolución
desde dentro” o “porque ahí está todo el mundo”, pero nunca usaríamos
argumentos similares para pactar con asociaciones privadas de medios de
comunicación. Hay quienes opinan que instalar software ilegal (“pirata”) en sus
computadoras es una forma de resistencia contra el monopolio privativo del
software. Pero de seguro nunca incentivarían la siembra de semillas
transgénicas aunque no hubieran tenido que pagar por ellas. Postergamos los
procesos de migración alegando “que lleva mucho tiempo aprender nuevos
programas” pero de seguro le reprocharíamos a alguien que alegue que realiza
una charla sólo con hombres economistas o científicos porque son muchos más y
le llevaría más tiempo buscar a mujeres que tengan esa profesión.
Por eso, desde Radios Libres, queremos proponer
que el 12 de octubre, además del día de la Resistencia Indígena, celebremos el
día de la “Resistencia Informática”. Una fecha para promover la descolonización
tecnológica de nuestras computadoras y, sobre todo, de nuestras cabezas.
¡También la propia! Porque aún sigo invadido por muchos de estos prejuicios y
resistencias.
ESPAÑA: Estados neocoloniales y el 12 de octubre. Jesús
González Pazos
ALAI
Ahora que no está de
moda, hablemos un poco de colonialismo. Muchos pensarán que es un asunto
pasado, histórico, y que buena gana de desperdiciar el tiempo con temas como
éste; sin embargo, mantendremos en este texto que hoy un número muy elevado de
pueblos y sectores sociales viven aún situaciones que podemos calificar como
coloniales, aunque con evidentes matices, y alguna diferencia, sobre lo que la
historia política nos contó en relación a los siglos anteriores. Precisamente,
esa historia, cargada de evidentes connotaciones ideológicas, nos enseña que,
salvo contadas excepciones, para las décadas de los años 60 y 70 del pasado
siglo XX podemos dar por finalizado el amplio periodo caracterizado por el colonialismo.
Ese sistema de dominación que, principalmente, ejerció Europa durante los
últimos 300 ó 500 años (según continente) sobre la mayor parte del mundo. Si
fijamos nuestra mirada en América Latina esa misma historiografía que señala
una fecha esencial en 1492, y en complementariedad con las ideologías
dominantes en la mayor parte del continente, establece en hace más menos 200
años el final de la era colonial. La misma se produciría, tras las guerras con
la corona española, con las proclamaciones de independencia de la mayoría de
las repúblicas que hoy conocemos y que dividen ese continente. En directa
relación, el colonialismo es definido como aquel sistema económico y político
de dominación ejercido por un país extranjero sobre un determinado territorio.
Dominación que se traduce en control social, político y militar, y generalmente
orientado a la explotación económica de dicho espacio territorial y de sus
pueblos.
Hasta aquí la
consideración de que, quizás con pequeños matices, pero habría un acuerdo
bastante generalizado sobre la cuestión de lo que fue el colonialismo. Sin
embargo, también ahí empezarían otras lecturas bien interesantes y necesarias
para explicarnos el mundo hoy en ciertos aspectos importantes. Especialmente en
América Latina, diversas corrientes políticas han planteado en las últimas
décadas que no es del todo verdad que este sistema de dominación se pudiera dar
por finalizado a partir de los procesos independentistas de hace 200 años. Al
contrario, se cerró una fase o etapa del mismo, pero se abrió otra que aún
perdura. La cierta independencia política no necesariamente trajo consigo la
ruptura de la dependencia colonial de las grandes mayorías de este continente y
la casi totalidad de las estructuras políticas, económicas y sociales
coloniales se mantuvieron intactas, con simples cambios de los protagonistas en
su cúspide. Y así, estas corrientes de pensamiento plantean hoy una relectura
histórica que contempla la existencia de dos modos de ejercer ese modelo de
dominación. De una parte, un “colonialismo interno”, en referencia a la
relación establecida entre el estado republicano y los pueblos indígenas o
afrodescendientes; por otra parte, un evidente neocolonialismo, dada la
relación del estado oligárquico (gobierno de unos pocos, generalmente
pertenecientes a la clase más privilegiada) hacia las grandes mayorías
empobrecidas y dominadas por esas élites político-económicas.
Si empezamos por
reconocer que las guerras de independencia de las colonias españolas, francesas
o portuguesas no dieron lugar sino a un cambio de élites dominantes, sería el
primer paso para adentrarse en esos nuevos conceptos de estados neocoloniales
en las dos direcciones anteriormente apuntadas. Las oligarquías blancas y
criollas se puede afirmar que establecieron a lo largo de estos dos últimos
siglos una especie de estado dentro del estado. Entidad que se regiría en lo
ideológico y prácticamente en todas sus actuaciones por el racismo, el
patriarcado y el liberalismo económico. Centrado por tanto en la explotación
máxima de los recursos y bienes naturales, así como de las personas y grupos
humanos diferenciados, con especial incidencia sobre las mujeres y pueblos
indígenas, ya por su empobrecimiento, ya por su pertenencia étnica-cultural.
Caminar hoy por la
mayoría de países de América Latina (intuimos que en parecidos términos por
África o Asia) es observar un continium de reproducción de esa lógica de
dominación. Unas pocas familias en cada
país disfrutan de todos los privilegios y del ejercicio del poder
(oligarquías). Su nivel de vida puede quintuplicar el del resto de la población
del país, que lucha día a día por sobrevivir. Sus hijos e hijas se educan en
las universidades de EE.UU., su salud es atendida en clínicas privadas o se
divierten en viajes a Europa; mientras los hijos e hijas de las grandes
mayorías malviven en las enfermedades y la miseria, no disponen ni de aulas ni
profesorado adecuado y se ven obligados a trabajar desde los 8, 10 ó 12 años
para poder aportar algo a la familia. Y esto no es una excepción en los países
más empobrecidos, sino una constante que recorre el continente. Esta es una
realidad evidente y no propia de un cuento, porque nunca acaba bien. En
Guatemala, por ejemplo, hoy se habla del G-8 y no se refieren a los países más ricos
del mundo, sino literalmente a las ocho grandes familias en las que se
concentra la mayor parte de la riqueza y poder político y económico de un país
con más de 15 millones de habitantes, y donde más del 50% malvive en
situaciones de empobrecimiento. Un país donde, por ejemplo, se construyen un
número exagerado de centrales hidroeléctricas, sin consultar a la población
dueña de esas tierras, población que ni tan siquiera tendrá luz eléctrica en
sus casas, pues ésta irá destinada a grandes complejos mineros,
infraestructuras u otros grandes planes de la clase económica dominante. Por
ello, utilizamos el término empobrecimiento, en vez del más popular de pobreza,
precisamente porque esta situación es resultado del sistema neocolonial de
dominación donde unos se enriquecen brutalmente a costa de esas grandes
mayorías permanentemente empobrecidas. Y es por eso que el envoltorio, el que
proclama que estas repúblicas hoy viven en sistemas democráticos, se queda solo
en eso, en un bonito papel que oculta el duro interior del paquete, donde se
siguen reproduciendo los sistemas de dominación de profunda raíz colonial (clasismo,
machismo y racismo). Es por todo ello por lo que un estado (sus élites) podría
ser denominado como extranjero y dominante del espacio colonial en el que hoy
estos grupos de poder han convertido a la práctica totalidad de sus países.
Extranjero que aunque se defina como guatemalteco, colombiano o peruano,
estudia en inglés, disfruta de largas estancias en Miami o Los Ángeles y sus
riquezas están en un sinfín de paraísos fiscales, además de los bienes
inmuebles que, como fincas y otras propiedades, se reparten en latifundios
coloniales por todo el país, por toda su colonia.
Extranjero que,
además, hoy se alía con otros muy reales poderes coloniales, como son las
empresas transnacionales (nuevamente españolas, francesas, aunque ahora también
estadounidenses, canadienses, etc.). Estas empresas (mineras, forestales,
hidroeléctricas, hidrocarburíferas, agroindustriales…) entran en los países de
la mano de las oligarquías locales y con la cobertura del estado para la
explotación de los recursos naturales de territorios que, como las viejas
fuerzas coloniales, son considerados casi como tierras vacías, sin dueños y,
por lo tanto, libres para su apropiación y explotación; se llevaran ingentes
beneficios y dejaran destrucción medioambiental, contaminación y más miseria.
Así, respecto a los dos tipos antes citados de colonialismo hoy existentes, es
necesario añadir, denunciar y subrayar el papel agravante que sobre ambos
ejercen las actuaciones de las transnacionales. Y afirmar que esta alianza
establece los modos de dominación y explotación de territorios, pueblos y
personas, recuperando y reproduciendo en gran medida el viejo modelo colonial.
Por todo ello,
teniendo en estos días muy presente la fecha del 12 de octubre, es por lo que
es más necesario que nunca hacer un ejercicio de reflexión sobre las lógicas de
dominación que se siguen produciendo en este mundo, en el marco del sistema
neoliberal y que se traduce en nuevos modos de colonialismo.
SUIZA: Protección de las expresiones culturales
tradicionales: algunas cuestiones para los legisladores. Peter Jaszi
OMPI
Desde el decenio de
1950, los expertos han debatido si las expresiones culturales tradicionales, o
“arte ancestral”, deben ser objeto de protección y de qué forma. Actualmente, el Comité Intergubernamental
sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y
Folclore de la OMPI está impulsando nuevamente el análisis de este asunto.
Al examinar las
diversas alternativas para conformar un nuevo régimen jurídico internacional de
protección de las expresiones culturales tradicionales, es oportuno que los
legisladores internacionales consideren cuidadosamente si es necesario colmar
las “lagunas” normativas actuales y determinar si la normativa internacional
vigente en materia de derecho de autor permite, aunque sea parcialmente, el
reconocimiento de las expresiones culturales tradicionales.
Antes de profundizar
en este asunto, hay que tener en cuenta dos cuestiones. La primera es que no es necesario colmar
todas las lagunas normativas que puedan señalarse. Por ejemplo, durante el siglo XIX los
defensores de un derecho de autor de amplio alcance consideraban que las limitaciones
de los plazos eran defectos del sistema que debían corregirse mediante la
introducción del principio de protección perpetua. Sin embargo, a partir de entonces, los
expertos en derecho de autor del mundo occidental han aceptado, en general, el valor
intrínseco de establecer límites en los plazos (aunque éstos sean muy
generosos) con el fin de asegurar la existencia de un dominio público y
mantener el equilibrio en el sistema.
La segunda cuestión es
que solo una solución multilateral puede resolver adecuadamente los problemas
específicos a los que se enfrenta la protección de las expresiones culturales
tradicionales, muchos de los cuales se producen en el contexto de la economía
mundial de la información. La normativa
internacional de PI garantiza el reconocimiento de los derechos más allá de las
fronteras nacionales de los Estados que la suscriben. También garantiza un cierto grado de
armonización de las legislaciones nacionales, ya que obliga a incluir un
conjunto mínimo de normas básicas en la legislación nacional.
Análisis de las lagunas normativas
La ausencia de un
acuerdo internacional sobre la protección de las expresiones culturales
tradicionales es una laguna estructural fundamental de la normativa
internacional. Algunos analistas lo atribuyen
a que las legislaciones de PI existentes se han construido sobre la base de un
paradigma que hace caso omiso a la contribución científica y artística de
muchas culturas de todo el mundo y a que se han desarrollado en foros donde no
están representados aquellos más directamente afectados. A juicio de ellos, si la producción cultural
de algunas comunidades se trata sistemáticamente como materia prima natural
para ser utilizada por terceros se corre el riesgo de poner freno al progreso
de la humanidad. También existen carencias a un nivel más funcional relativas a
determinadas cuestiones que la legislación no ha logrado solventar y que
posiblemente debería resolver. Las
dificultades para satisfacer esas carencias se me hicieron patentes algunos
años cuando realizaba una misión en la isla Samoisir, al norte de Sumatra
(Indonesia). Se dio la casualidad de que me invitaron, junto con mis compañeros
investigadores, a un funeral tradicional para conmemorar la vida de una
matriarca local. Fue un evento festivo
en el que hubo bailes de parejas y un grupo de jóvenes músicos locales
interpretó música tradicional con instrumentos de cuerda y de percusión, así
como con un pequeño teclado electrónico.
El intérprete que manejaba el teclado electrónico nos dijo que le
encantaba la música ancestral, pero que disfrutaba haciendo arreglos en ella
para reflejar la influencia de la música popular occidental. Nos comentó que el costo prohibitivo de
contratar un grupo numeroso de músicos con instrumentos tradicionales hacía
necesario el uso del teclado electrónico.
También nos explicó que gracias a esta especie de hibridación (e
integración), la música ancestral seguía manteniéndose viva en la comunidad.
Esa conversación nos
hizo recordar la ceremoniosa entrevista que habíamos realizado previamente a
líderes de comunidades en otro lugar de la isla, y en la que éstos expresaron
su preocupación por el “uso indebido” de la tradición musical debido a la
inclusión de instrumentos occidentales en los grupos de músicos locales. En algunas aldeas incluso se habían prohibido
esas interpretaciones musicales y en otras se habían suspendido sin más, al no
existir un fundamento jurídico claro para la prohibición.
Estas visiones tan
diversas hicieron que nos planteáramos si la ausencia de un mecanismo jurídico
para regular la forma en que las expresiones culturales tradicionales se
transmiten de generación en generación es realmente una laguna del
sistema. ¿Debería preservarse la
libertad de las comunidades a la hora de decidir cómo adaptar las prácticas
culturales ancestrales a las nuevas circunstancias? Es una decisión difícil que conlleva una gran
carga de valores y que subraya el hecho de que no es necesario colmar todas las
lagunas existentes.
Al tratar de llegar a
conclusiones sobre qué aspectos pueden mantenerse al margen de la regulación, a
menudo se ponen de manifiesto profundas diferencias en valores y
aspiraciones. No obstante, existe una
amplia percepción de vacío normativo en al menos tres esferas funcionales: la
atribución, el control y la remuneración.
En lo relativo a la
atribución, los pueblos asociados a expresiones culturales tradicionales,
incluidos los Estados en los que residen, aspiran a gozar de garantías
jurídicas de que cuando las expresiones culturales tradicionales se difundan,
se reconozcan plena y adecuadamente sus fuentes. Actualmente, no existen esas garantías para
las expresiones culturales tradicionales en su conjunto. Igualmente, suscita
preocupación la necesidad de controlar el uso de la cultura tradicional,
especialmente la considerada “secreta”, sobre la que la costumbre dicta que su
circulación se restringa a grupos limitados.
Finalmente, con
respecto a la remuneración, actualmente existe la opinión ampliamente
compartida de que las expresiones culturales tradicionales a menudo se explotan
lejos de sus lugares de origen y que un régimen internacional equitativo
debería contemplar un mecanismo que impida (o compense) dicha “apropiación
indebida”.
¿Son los regímenes de PI en vigor parte de la solución?
Aunque cualquier nueva
propuesta se enjuiciará en función del éxito que tenga al abordar las carencias
en las esferas funcionales arriba señaladas, el debate en torno a la protección
de las expresiones culturales tradicionales tiende a centrarse en si los
regímenes de protección en vigor contienen disposiciones específicas que
permitan satisfacer las aspiraciones de los grupos indígenas.
Desde este punto de
vista, ¿en qué medida la normativa vigente sobre derecho de autor forma parte
de la solución? ¿Puede solucionarse el problema simplemente mediante retoques
al Convenio de Berna a fin de incluir las expresiones culturales tradicionales
en el alcance de la legislación internacional de derecho de autor?
Anteriormente, en 1971, los legisladores trataron de hacerlo introduciendo el
Artículo 15.4) en el Convenio de Berna.
El artículo prevé disposiciones para ciertas obras no publicadas de
autor desconocido (véase el recuadro), pero debido a su carácter facultativo
poco ha cambiado al respecto. La mayoría
de los países no la han promulgado.
Además, la protección de dichas obras está limitada a 50 años, una vez
que la obra “haya sido lícitamente hecha accesible al público”. Tampoco hace mención explícita a la función
de las comunidades: es una “autoridad competente” quien ejerce los derechos en
nombre del autor. Su alcance queda aún
más limitado por el Artículo 7.3) del Convenio, en virtud del cual los países
no están obligados a proteger las obras anónimas cuando haya motivos para
suponer que el autor está muerto desde hace 50 años.
Pero, ¿está
justificado corregir estos defectos sin más? Después de todo, incluir las
expresiones culturales tradicionales en la normativa sobre derecho de autor
ofrecería soluciones jurídicas para solventar la cuestión del uso indebido de
las expresiones culturales tradicionales, incluido el desagravio por mandato
judicial y la indemnización por daños y perjuicios en la mayoría de los
países. Ello también provocaría la
aplicación obligatoria de derechos morales y patrimoniales básicos en al menos
170 países.
Qué aporta y qué no aporta la legislación de
derecho de autor
En el lado negativo,
dicho enfoque no consigue ofrecer una protección eficaz de las expresiones
culturales tradicionales por diversas razones.
El derecho de autor ha
evolucionado en torno a la idea de “paternidad” para apoyar las
reivindicaciones de derechos sobre productos fruto de la imaginación,
relativamente recientes y cuya originalidad pueda verificarse. A lo largo del tiempo, la legislación de
derecho de autor ha sido sumamente flexible en cuanto a la definición de
“paternidad”. Así, un objeto susceptible
de protección puede ser obra de un individuo (por ejemplo, una novela) o de un
grupo (por ejemplo, una película).
Algunas jurisdicciones donde se aplica el common law han ido más allá en
relación con esta idea y han introducido la doctrina de “obra por encargo” con
cesión automática del derecho de autor, en virtud de la cual se considera que
el empleador es el autor de una obra que incorpore las contribuciones de sus
empleados. No obstante, existen límites
(y casos que superan la imaginación de los abogados especializados en derecho
de autor) a que pueda asignarse razonablemente a una persona ficticia la responsabilidad
de una tradición cultural cuyo valor reside en la labor colectiva (más que en
la colaboración) de un grupo.
Además, a menudo se ha
considerado que las expresiones culturales tradicionales carecen de
individualidad, originalidad, contemporaneidad y no pueden fijarse en
soportes. Aunque muchas expresiones
culturales tradicionales cumplan algunas de esas condiciones, o todas ellas, no
ocurre así en otros casos. Por ejemplo tomemos el caso de una tradición musical
de 300 años de antigüedad originada en una comunidad concreta que siga ejecutándose
en nuestros días. Supongamos que consta
de un conjunto de melodías sencillas ejecutadas con instrumentos específicos
aplicando un conjunto de normas de estilo para su ejecución. Dicha tradición cultural no encaja por
completo en el marco del derecho de autor.
Carece de “autores” individuales hipotéticos; no es “original”, pues se
ha transmitido fielmente de generación en generación, y carece de la necesaria
forma definitiva (una obra no es susceptible de protección por derecho de autor
salvo que tenga una forma estable que permita repeticiones más o menos
idénticas).
¿Permite la legislación de derecho de autor la
protección parcial de las ECT?
A partir de lo
expuesto anteriormente, es evidente que tratar de encajar con calzador las
expresiones culturales tradicionales en la normativa sobre derecho de autor es,
sin duda, un intento vano. No obstante,
¿es posible una protección parcial de las expresiones culturales tradicionales
en virtud de la legislación de derecho de autor? En relación con la preocupación
por la grabación y explotación no autorizada de representaciones culturales
tradicionales, en la mayoría de los países existe un régimen jurídico para la
protección de los artistas intérpretes y ejecutantes de obras musicales, aunque
originalmente fuera concebido teniendo presentes el sector de la música y la
radiodifusión. Según parece, nada impide
la aplicación de esa normativa a la protección de las expresiones culturales
tradicionales.
Artículo 15.4) del Convenio de Berna
El artículo 15.4) del Convenio de Berna establece
que:
“a) Para las obras no
publicadas de las que resulte desconocida la identidad del autor pero por las
que se pueda suponer que él es nacional de un país de la Unión queda reservada
a la legislación de ese país la facultad de designar la autoridad competente
para representar a ese autor y defender y hacer valer los derechos del mismo en
los países de la Unión.
b) Los países de la
Unión que, en virtud de lo establecido anteriormente, procedan a esa
designación, lo notificarán al director general mediante una declaración
escrita en la que se indicará toda la información relativa a la autoridad
designada. El director general comunicará inmediatamente esta declaración a
todos los demás países de la Unión.”
Hoy en día, las expresiones
culturales tradicionales expuestas a un mayor riesgo son las variantes
contemporáneas de música, coreografía, representaciones gráficas y otras
tradiciones ancestrales. Probablemente
dichas obras son las más atractivas y accesibles para potenciales
explotadores. La legislación vigente de
derecho de autor protege activamente nuevas versiones de obras preexistentes
(por ejemplo, una narración actualizada de un mito griego) como “obras
derivadas”. Esa protección es más que
suficiente para poner freno a la mayoría de los casos de piratería y en la
mayoría de las jurisdicciones está protegido el derecho moral de atribución del
intérprete o ejecutante individual.
Pero aunque una
variante contemporánea de una tradición cultural encaje razonablemente en el
entramado de la legislación de derecho de autor, no ocurre lo mismo con las
expresiones culturales tradicionales en su conjunto, debido a varios
motivos. En primer lugar, la legislación
de derecho de autor no protege los conocimientos secretos o sagrados, que
habitualmente mantienen su forma original generación tras generación. En segundo lugar, no protege los intereses en
materia de atribución de las comunidades que realizan interpretaciones o
ejecuciones contemporáneas de expresiones culturales tradicionales. En tercer lugar, la protección concedida a
variantes contemporáneas de expresiones culturales tradicionales tiene un
alcance limitado: es aplicable a reproducciones, interpretaciones o ejecuciones
y exhibiciones de imitaciones relativamente parecidas al original, pero no a
cualquier obra nueva “inspirada” o “influenciada” por ellas. En cuarto lugar, al igual que ocurre con la
materia susceptible de protección por derecho de autor, las variantes contemporáneas
de expresiones culturales tradicionales pasarán, en última instancia, al
dominio público. Y quizás lo más
significativo, los derechos que confiere el derecho de autor están sujetos a
excepciones legales (por ejemplo, en los ámbitos de la educación, los museos y
los archivos), cuyo alcance varía de un país a otro (en ocasiones de forma
significativa).
Cuestiones para los legisladores
¿Deberían los
legisladores considerar que sigan existiendo determinadas lagunas en el diseño
de un nuevo régimen jurídico de protección de las expresiones culturales
tradicionales? ¿Puede ello ser de ayuda para las comunidades que mantienen
expresiones culturales tradicionales? y, finalmente, ¿pueden dichas comunidades
extraer lecciones de los valores recogidos en la legislación de derecho de
autor?
Tomemos por ejemplo,
las limitaciones en los plazos y el concepto de dominio público. ¿Se trata de
ideas que simplemente constituyen un legado intelectual indeseado o más bien
tienen interés universal? Aunque no es
una pregunta fácil, cabe traer a colación las cláusulas de extinción de la
protección de los conocimientos. Un
argumento para permitir el paso de las expresiones culturales tradicionales al
dominio público es que, tal como ocurre en muchos países con los derechos morales
sobre las obras protegidas, los derechos de atribución de las expresiones
culturales tradicionales podrían llegar a ser perpetuos. Esta cuestión merece una atención especial y
un análisis preciso. Asimismo, ¿podrían
considerarse las expresiones culturales tradicionales una de las excepciones
recogidas en todos los sistemas de PI existentes en relación con el objeto de
la protección y la discriminación positiva con respecto a determinados usos
privilegiados?
Un aspecto adicional
que plantea una cuestión fundamental es el relativo a las opiniones
frecuentemente vertidas sobre la forma en que la PI debería favorecer la
difusión del conocimiento entre los pueblos. ¿Se trata simplemente de la
tapadera de una situación injusta o más bien son argumentos válidos pese a la
forma interesada con la que a menudo se plantean? Si son argumentos válidos
¿pueden tenerse en cuenta mediante un modelo de protección basado en conceptos
de compensación más que de exclusividad?
Estas son algunas de
las cuestiones ineludibles que los legisladores deberán tener en cuenta a fin
de determinar la cobertura de un sistema de protección de las expresiones
culturales tradicionales, o dicho de otro modo, en qué medida dicho sistema
podría admitir lagunas normativas.
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