Friday, October 13, 2017

AIPIN: Regiones Indias Octubre 12, 2017


Asociacion Internacional de Prensa Indigena
AIPIN
Comisión de Asuntos Indígenas
REGIONES INDIAS
Octubre 12, 2017


Genaro Bautista / AIPIN
Comunicaciones a: lallabatamazola@hotmail.com



ESPAÑA: Una candidata presidencial con problemas de crédito
El banco HSBC rechazó abrir una cuenta a Marichuy Patricio, aspirante indígena a las elecciones de México
Luis Pablo Beauregard / El País

MEXICO: Aprueba Comisión de Desarrollo Social del Senado reformas para fomentar las actividades artesanales
Senado

VERACRUZ: Modelo educativo, obsoleto para enseñanza indígenas
Imagen del Golfo

MEXICO: Rechazan hotel y campo de golf en tierra indígenas, en Chihuahua
Crónica de Chihuahua

MEXICO: Plantean alternativas sustentables para desarrollo en zonas indígenas
Notimex, Excélsior

BAJA CALIFORNIA: Jornaleros de San Quintín en contra de desaladora
Yerson Martinez / Crónica de BC

GUERRERO: En su 22 aniversario busca la CRAC parar el acoso de las mineras y la inseguridad
El Sur de Acapulco / Lourdes Chávez

COSTA RICA: Ecoturismo, opción de desarrollo para comunidades indígenas y campesinas
Angélica Enciso L. / La Jornada

BOLIVIA: 12 de Octubre - Día de la Resistencia "Informática". Santiago García Gago
Radios Libres, ALAI

ESPAÑA: Estados neocoloniales y el 12 de octubre. Jesús González Pazos
ALAI

SUIZA: Protección de las expresiones culturales tradicionales: algunas cuestiones para los legisladores. Peter Jaszi
OMPI

ESPAÑA: Una candidata presidencial con problemas de crédito
El banco HSBC rechazó abrir una cuenta a Marichuy Patricio, aspirante indígena a las elecciones de México
Luis Pablo Beauregard / El País

Hasta este martes, 36 ciudadanos se habían inscrito ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para buscar la presidencia de México en 2018. Solo una mujer, de entre los aspirantes, había sufrido para cumplir el requisito más básico y sencillo para iniciar el tortuoso camino para asegurar la candidatura independiente: abrir una cuenta bancaria. “No nos quisieron abrir una cuenta en un banco. Nos bloquearon, el banco HSBC. Tuvimos que buscar otro. Desde ahí se ve cómo está amañando este poder”, dijo María de Jesús Patricio, la aspirante nahua del Concejo Indígena de Gobierno y que cuenta con el respaldo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Los independientes podrán participar en 2018 por primera vez en una elección presidencial. La autoridad electoral exige a los aspirantes sin partido a la presidencia tener una asociación civil sin fines de lucro. Esta auxiliará a los candidatos a administrar el financiamiento que reciban para las actividades de campaña, que comienza en marzo del próximo año. Pero sobre todo, la asociación ayudará a los interesados a superar el principal obstáculo que separa a los ciudadanos de a pie de una candidatura presidencial: reunir a contrarreloj 866.000 firmas en al menos 17 de 32 Estados del país. Esto exige reunir, por lo menos, 7.200 apoyos diarios a lo largo de 120 días.

Marichuy, como se le conoce a Patricio, contó con asesoría legal para crear su asociación civil, Llegó la hora del florecimiento de los pueblos. Pero cuando acudieron ante HSBC en Ciudad de México se presentó el primer problema. "Fue el banco el que no quiso. Nosotros llevábamos todos los requisitos", dice una vocera Congreso Nacional Indígena (CNI) que pide no ser citada por su nombre.

“Ellos [HSBC] argumentaron que Marichuy era parte de Antorcha Campesina [una polémica organización popular vinculada al PRI]”, revela otro integrante del equipo de la aspirante indígena. “Se lo inventaron. Lo usaron como pretexto para rechazarla”. Este integrante de la campaña zapatista considera que existió discriminación por parte del banco. “No veo otro motivo. Aunque fuera parte de esa organización, no tienen por qué negarte una cuenta”.
Lyssette Bravo, vocera de HSBC, rechaza que el banco haya negado abrir la cuenta. "El trámite toma más tiempo para una asociación civil, es un proceso que se llama debida diligencia ampliada. Son procesos largos y hay muchos filtros. En HSBC tenemos una política, know your client, para conocer mejor a los clientes", asegura vía telefónica. "Habrá otros bancos que hagan el trámite más rápido", agregó la portavoz. Bravo afirmó desconocer la fecha exacta en la que el equipo de Marichuy comenzó el proceso ante el banco.

Adriana Hernández, integrante del equipo legal de Marichuy, asegura que los trámites ante HSBC comenzaron el 12 de septiembre. El 28 de septiembre, fecha en que las partes iban a firmar el contrato, la abogada recibió un mensaje de Whatsapp de Alberto Espinoza Vázquez, funcionario del banco. "El nombre de la señora ma de jesus apareció en una lista de personas ligadas a un grupo antorchista, o algo así me comentaron", escribió el empleado. Ese mensaje fue la única respuesta que acompañó la negativa. "Hasta el día de hoy HSBC se ha negado a dar explicaciones escritas", dice Hernández.

Mecanismos que perpetúan la discriminación
Marichuy, una indígena nahua de 53 años, tiene una cuenta de nómina donde recibe un sueldo de la Universidad Autónoma de Guadalajara (Jalisco, oeste de México). Patricio lleva más de dos décadas laborando en la Casa de salud Calli tecolhuacateca tochan, donde atiende a poblaciones indígenas con medicina tradicional y herbolaria. Ella nació en una pequeña comunidad del municipio de Tuxpan (Jalisco) y creció viendo a su abuela y sus tías hacer limpias con plantas y preparando ungüentos para los enfermos de “susto, espanto, aduendado, bilis, debilidad o canícula”, según dijo en una ceremonia en la que reconocieron su trayectoria en 2015. La negativa de HSBC revela uno de los principales problemas de la población indígena en México, la falta de acceso a los servicios financieros y al crédito bancario. En 2012, un informe realizado por la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred) aseguraba que es casi “un hecho imposible que una persona indígena en México cuente con un expediente en el buró de crédito y aún menos creíble es que posea una tarjeta de crédito o que haya recibido de la banca tradicional un crédito productivo”. Un estudio de la Cámara de Diputados realizado un par de años más tarde reveló que la situación en la que viven los 15.7 millones de indígenas mexicanos no había cambiado. Solo el 1.5% de los trabajadores del campo mexicano de alguno de los 68 pueblos originarios tiene acceso a crédito en 2014.

"El sistema financiero, en su atención no está diseñado para las poblaciones indígenas. Los bancos están en las cabeceras municipales, lejos de las comunidades. No hay cajeros automáticos", explica Ricardo Raphael, autor del informe de Conapred. "No hay una institución interesada en ayudarlos. Ni las públicas como Financiera Rural o Bansefi. Y a las privadas solo les interesan los clientes AAA. Estos mecanismos perpetúan la discriminación", asegura.

La abogada Hernández asegura que el trato de HSBC "expresa un trato desigual, diferenciado, discriminatorio, en tanto que obstaculiza el ejercicio de derechos ciudadanos y en particular de las mujeres mexicanas indígenas".

Fue Banorte, uno de los pocos bancos mexicanos, quien finalmente permitió a Marichuy abrir su cuenta bancaria, con los mismos documentos con los que habían acudido a HSBC, y seguir en la carrera rumbo a la presidencia. “Para lograr este primer paso nos pusieron muchas trabas. Nos quisieron tratar como de la [clase] alta… Esta estructura está diseñada para ellos. No para la gente de abajo, la gente trabajadora”, dijo Patricio el sábado. Entre aplausos, la única candidata indígena inició su camino cuesta arriba y contracorriente.

MEXICO: Aprueba Comisión de Desarrollo Social del Senado reformas para fomentar las actividades artesanales
La producción de artesanías en zonas rurales o indígenas genera fuentes de trabajo e ingresos y fortalece el desarrollo de pobladores.
Senado

La Comisión de Desarrollo Social, que preside la senadora Iris Vianey, aprobó un dictamen que reforma la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, con el objetivo de impulsar el crecimiento y desarrollo de estas técnicas. Las modificaciones buscan orientar los programas de apoyo para la conservación de oficios artesanales y tradiciones, que tengan como eje prioritario la autogestión y cadenas de comercialización. También impulsar las tareas de investigación y aplicación de técnicas de mejoramiento para fomento y desarrollo de la producción artesanal. Se incluye a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas dentro de la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, con lo cual se estaría respondiendo a la situación de desventaja que enfrentan las personas originarias del país.

En el dictamen se señala que, en 2011, más de 1 millón 800 mil personas mayores de 15 años se emplearon en alguna actividad artesanal. Los estados con más trabajadores micro industriales y artesanos son: Oaxaca con 58 mil 398 personas y Guerrero con 39 mil 107. Frente a estas cifras, la Comisión del Senado, destacó que la producción de artesanías en las zonas rurales o indígenas genera fuentes de trabajo e ingresos para las personas que habitan en estas áreas y fortalece sus posibilidades de desarrollo. Las artesanías, se subraya, son producidas en gran medida por la población indígena y por las mujeres, por lo que todo apoyo a la producción artesanal, además de fomentar la cultura y la economía en el país, es una acción que favorece a sectores considerados vulnerables. En la reunión de trabajo, se aprobó el dictamen a una minuta enviada por la Cámara de Diputados, que busca promover el desarrollo sostenible y sustentable en el ejercicio de los derechos sociales. El proyecto, que modifica la Ley General de Desarrollo Social, señala la importancia de aprobar esta reforma, a fin de “sentar base para erradicar la pobreza y las carencias sociales a partir de dos ejes: crecimiento económico y redistribución de la riqueza”.

VERACRUZ: Modelo educativo, obsoleto para enseñanza indígenas
Imagen del Golfo

Para el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Indigenistas de la CDI, José Iván Burguete Pérez, el nuevo modelo educativo busca contrarrestar el rezago educativo en el país, pero no está diseñado para satisfacer las necesidades de las comunidades y pueblos indígenas, así como tampoco su modelo de educación. De manera lamentable, el gobierno basa siempre su esquema para la zona urbana donde las necesidades son un tanto diferentes a las que existen en los pueblos indígenas por lo cual debe quedar claro que la educación en el país no debe medir a todos con la misma regla. Entrevistado en el evento de Jornadas Deportivas, Culturales y Regionales Veracruz 2017 en el que participan deportistas de los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, que se lleva a cabo en las instalaciones del CDO Sur de Orizaba, el secretario General del Sindicato nacional, dijo que incluso todos los Estados del país son diferentes en sus necesidades dada su geografía. “Lo que te puedo decir desde mi punto de vista es que el nuevo modelo educativo no corresponde al contexto real de las comunidades y pueblo. No es de nuestra competencia, cada estado es diferentes y hay una diferencia entre el norte y el sur y más en las zonas rurales o indígenas”, explicó.

MEXICO: Rechazan hotel y campo de golf en tierra indígenas, en Chihuahua
Crónica de Chihuahua

La inmobiliaria Mesa de la Barranca usurpó 155 hectáreas del Parque Nacional Barrancas del Cobre, donde proyecta construir un hotel y un campo de golf, denunciaron alrededor de 35 familias rarámuris que habitan la comunidad de Mogotavo, municipio de Urique, ubicada en ese polígono. En conferencia de prensa en la capital del estado, los líderes de la etnia aseveraron que entre los participantes en el desarrollo turístico hay dirigentes, ex legisladores y ex funcionarios priístas, quienes han aportado capital y se dicen terceros afectados en un documento mediante el cual solicitan detener la construcción de obras de agua potable para varias rancherías indígenas y una escuela primaria en esa comunidad. Entre los inversionistas, explicaron, están Omar Bazán Flores, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional; Ricardo Orviz Blake, ex diputado local y empresario de la construcción; Ricardo Valles Alvelais, ex funcionario estatal; el empresario Agustín López Daumas, y Jesús Alberto Cano Vélez, ex diputado federal priísta por Sonora, a quienes acusaron de despojo de territorio mediante la compraventa de la Mesa de Mogotavo, en lo alto de la Barranca del Cobre, donde la comunidad rarámuri ha habitado por más de 500 años, según peritajes del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Mesa de la Barranca ordenó detener en 2015 obras de agua potable que realizaba la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por considerar que afectaban su propiedad y que los beneficiarios no tienen derechos sobre los terrenos, desconociendo la existencia de una comunidad de al menos 300 indígenas.

MEXICO: Plantean alternativas sustentables para desarrollo en zonas indígenas
Propone Autónoma de Chilpancingo crear un Sistema Nacional de Semillas; necesario conservar 65 razas nativas de maíz
Notimex, Excélsior

Investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo plantearon alternativas de desarrollo sustentable para que pequeños y medianos productores indígenas conserven sus raíces; y propusieron la creación de un Sistema Nacional de Semillas, que incluya al maíz. El especialista Humberto Castro explicó que en el país se cultivan siete millones de hectáreas, de las que se obtienen 23 millones de toneladas de maíz; sin embargo, estimó que son alrededor de cinco mil productos donde se usa maíz importado y transgénico, por lo que es necesario conservar 65 razas nativas de maíz.

Durante las actividades del Encuentro Nacional Indígena, coincidió con el investigador Germán Martínez en la relevancia del agua en áreas rurales y su conservación, mediante transferencia de tecnología, aunado a la ecointensificación de la tierra agrícola, en la que es posible pasar de una producción de seis a 18 toneladas por hectárea. La institución detalló que de acuerdo con los expertos, alimentos como el maíz, frijol, nopal, maguey y chile están en riesgo de desaparecer, debido a la nueva dieta de los mexicanos, principalmente en ciudades urbanas, constituida por más de cinco mil alimentos industrializados. Detallaron que el uso intensivo de agroquímicos afectó los suelos agrícolas, además de que se ha reducido el consumo de tortillas nixtamalizadas y de frijol.

Al encuentro, que contó con la participación de representantes de 15 etnias, quienes expusieron problemáticas cotidianas, asistió el subdirector de Extensión y Servicio de la Universidad Autónoma Chapingo, Pedro Ponce, y los investigadores Germán Martínez, Humberto Castro, Rafael Sánchez y Gerardo Noriega.

BAJA CALIFORNIA: Jornaleros de San Quintín en contra de desaladora
Yerson Martinez / Crónica de BC

Mexicali. La planta desaladora en San Quintín no se permitirá se instale, y están dispuestos a repetir las acciones del 2015, informaron jornaleros de la zona. Representados por Fidel Sánchez de la alianza de organizaciones de jornaleros, arribaron al Congreso a pedir a los diputados que no se apruebe el dictamen para crear las plantas desaladoras. Explicó que piden la colocación de una presa que representa un 50% de ahorro en los gastos de obra. Representados por Fidel Sánchez de la alianza de organizaciones de jornaleros, arribaron al congreso a pedir a los diputados que no se apruebe el dictamen para crear las plantas desaladoras vía app

GUERRERO: En su 22 aniversario busca la CRAC parar el acoso de las mineras y la inseguridad
El Sur de Acapulco / Lourdes Chávez
Chilpancingo. En sus 22 años de operación el Sistema de Seguridad y Justicia de la Coordinadora Regional de la Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) fue de 35 pueblos en la Costa-Montaña, a 190 comunidades de 28 municipios, lo que representa una cobertura de 400 mil habitantes. El vocero de la institución de los pueblos originarios, Sabás Aburto Espinobarro dijo que uno de los retos de la institución hoy, es la seguridad en la ruta San Luis Acatlán-Tlapa hasta las comunidades en los límites con Puebla, por la inseguridad y ante el acoso de las concesiones mineras. En un recuento por el próximo aniversario a celebrarse el 14 y 15 de octubre en Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, informó que en 1995, 36 comunidades de San Luis Acatlán, Malinaltepec y de Acatepec se reunieron para conformar la Policía Comunitaria. Las cifras oficiales confirman que la principal zona de influencia de la CRAC tiene el menor índice delictivo. En este momento hay propuestas en el Congreso local para armonizar las normas constitucional y secundarias para evitar las controversias del sistema comunitario con el sistema penal, sin avances en dos años. Añadió que una comisión de la CRAC-PC hizo una solicitud de información en el Congreso sobre el estado que guarda la propuesta que elaboraron con organizaciones, y que fue presentada como iniciativa en el pleno por representante de partidos políticos de oposición. Sabás Aburto subrayó la elaboración de un reglamento que sigue en proceso de perfeccionamiento, y que en la sesión de aniversario habrá una propuesta de modificación. Convocó abiertamente a comisarios, presidentes de comisariados, activistas, representantes de organizaciones sociales, luchadores sociales y defensores de derechos humanos a participar en las actividades del aniversario 22, que comenzarán el sábado 14 de octubre con una misa en la comunidad de Colombia de Guadalupe, seguido de mesas de trabajo para abordar como temas la reforma constitucional en materia indígena, el nuevo reglamento de la CRAC-PC, acciones para la defensa del territorio, articulación de la lucha de los pueblos, y la organización de las mujeres en la lucha popular. El domingo 15 después de la marcha de la Policía Comunitaria, se presentarán los acuerdos y un pronunciamiento político en plenaria.

COSTARICA: Ecoturismo, opción de desarrollo para comunidades indígenas y campesinas
Angélica Enciso L. / La Jornada

San José. Cocinar con una familia indígena, jugar dominó en Cuba o futbol en Brasil, son algunas de las intenciones de quienes buscan el turismo sostenible, sostuvo Shannon Stowell, cofundador del Fondo de Turismo de Aventura de Estados Unidos, quién planteó que la gente quiere la experiencia, desafíos y la promesa de la autenticidad.

El ecoturismo, opción que se presenta a las comunidades indígenas y campesinas para conservar los recursos naturales y obtener ingresos, ha tomado impulso en años recientes con las áreas naturales protegidas, donde se ofrecen desde experiencias con la cultura local hasta el turismo de aventura.

Durante la sexta Conferencia de Turismo Sostenible, P3: Persona, Planeta, Paz, que se realiza en esta ciudad, se destacó que se debe involucrar a las comunidades locales, su autenticidad y que se apropien de la dirección de la experiencia. Se debe buscar que los mil 800 millones de turistas que habrá en 13 años, inviertan en cultura y la naturaleza.

Martha Ruiz Corzo, directora del Grupo Ecológico Sierra Gorda, área natural protegida ubicada en Querétaro, México, presentó la experiencia de ésta en el foro, y señaló que aquí la actividad ecoturística se basa en operadores comunitarios. Consideró que hay aventuras de mínimo impacto, como una caminata, “el turista se confronta con el silencio de los santuarios, se puede tener una experiencia de adrenalina que no cauce disturbios en la naturaleza. Pienso en un turismo de naturaleza y cultura. La aventura es encontrarte con la naturaleza.

Sostuvo que la Sierra Gorda es ecodiversa, la última bien conservada en el centro de México, quedan apenas 500 hectáreas de selva alta y aquí el ecoturismo es una alternativa económica para las comunidades locales.

Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial de Turismo, aseguró que viajar se ha convertido en una forma de vida: mientras en 1950 viajaban 25 millones de personas al año para 2016 sumaron mil 230 millones. Se espera que en 2030 sean mil 800 millones. Explicó que éste es el Año Internacional del Turismo Sostenible y entre las líneas de acción están crecer sin causar daños, la sostenibilidad es sostener la vida en la tierra, no sólo conservarla; se debe elevar a un nivel más alto la calidad de vida, el crecimiento y el progreso debe ir de la mano con la sostenibilidad. Añadió que se debe asumir la responsabilidad de 5 por ciento de emisiones, dos terceras partes vienen del transporte. Sostuvo que hay un desafío en la seguridad, pero aseguró que la gente siga viajando a Mexico y Costa Rica a pesar de los desastres naturales.

Hace tres décadas Costa Rica decidió impulsar el desarrollo sostenible, fue pionero, esto implica la sostenibilidad ambiental económica e integral, sostuvo Mauricio Ventura, ministro de Turismo

BOLIVIA: 12 de Octubre - Día de la Resistencia "Informática". Santiago García Gago
Radios Libres, ALAI

El 12 de octubre, tradicionalmente, se celebra la fecha en que los “conquistadores” españoles “descubrieron” América. Para los pueblos de Abya Yala (así denominaban el continente antes de que los invasores llegaran) este día no es una fecha de celebraciones, sino para rememorar la resistencia indígena frente a la invasión. Pero, ¿por qué recordamos en Radios Libres esta colonización? Pues porque es una excusa perfecta para hablar de otro tipo de colonizaciones, las que invadieron nuestras cabezas y computadoras. Invasiones más normalizadas contra las que presentamos menos resistencia e incluso justificamos con argumentos como “es que lleva mucho tiempo liberarse”, “es un esfuerzo muy grande”, “no todo funciona tan bien” y un largo etcétera.

¿Contra qué tipo de colonizaciones tecnológicas tendríamos que resistir?

Colonizaron nuestro lenguaje
No abrimos el procesador de texto, sino “word”. No pedimos que nos manden una hoja de cálculo sino un “excel”. Ya no buscamos en Internet, sólo googleamos”. Y cuando modificamos una foto estamosphothosopeando”. Las palabras son fundamentales a la hora de construir la realidad. Comenzar a nombrar las cosas adecuadamente es el principio para concebirlas de forma distinta. Algo que parece obvio en temas de género donde asumimos la necesidad de utilizar un lenguaje inclusivo para visibilizara a las doctoras y juezas, nos cuesta aún en los temas tecnológicos.

Colonizaron nuestras computadoras
Y lo hicieron tan bien que vemos normal que cuando compramos una computadora venga con un sistema operativo preinstalado. Software que, además, cada vez es más complejo desinstalar. Es como si compráramos un reproductor de música y ya viniera con las canciones que los vendedores decidieron que teníamos que escuchar y nos impidieran escuchar otras. Por cierto, ese software que viene preinstalado no es gratis, es parte del precio que pagamos al comprar la computadora.

Colonizaron nuestras escuelas y las universidades
Con la eficiente estrategia de “regalar” licencias educativas los sistemas privativos se fueron enquistando en las computadoras de colegios y universidades. Los alumnos y alumnas consumen esa primera dosis de software privativo y quedan enganchados para siempre. Cuando llegan a un puesto de trabajo solicitan trabajar con los programas que conocen y las empresas requieren que sepan manejar los programas que “usa el mercado”. Un círculo vicioso impuesto por las grandes multinacionales del software que se podría romper obligando al sistema educativo a enseñar ambas alternativas, la privada y la libre, y que sean estudiantes o trabajadores quienes elijan.

Colonizaron nuestros principios
Mientras que en otros frentes los movimientos sociales no tenemos dudas de quiénes son los antagónicos (extractivistas, mineras, agronegocios, maquilas,...) en el terreno de la tecnología todo se vuelve más difuso. Por ejemplo, justificamos usar “herramientas del imperio” (Facebook, Google,..) y aceptar todas sus condiciones para “hacer la revolución desde dentro” o “porque ahí está todo el mundo”, pero nunca usaríamos argumentos similares para pactar con asociaciones privadas de medios de comunicación. Hay quienes opinan que instalar software ilegal (“pirata”) en sus computadoras es una forma de resistencia contra el monopolio privativo del software. Pero de seguro nunca incentivarían la siembra de semillas transgénicas aunque no hubieran tenido que pagar por ellas. Postergamos los procesos de migración alegando “que lleva mucho tiempo aprender nuevos programas” pero de seguro le reprocharíamos a alguien que alegue que realiza una charla sólo con hombres economistas o científicos porque son muchos más y le llevaría más tiempo buscar a mujeres que tengan esa profesión.

Por eso, desde Radios Libres, queremos proponer que el 12 de octubre, además del día de la Resistencia Indígena, celebremos el día de la “Resistencia Informática”. Una fecha para promover la descolonización tecnológica de nuestras computadoras y, sobre todo, de nuestras cabezas. ¡También la propia! Porque aún sigo invadido por muchos de estos prejuicios y resistencias.

ESPAÑA: Estados neocoloniales y el 12 de octubre. Jesús González Pazos
ALAI
Ahora que no está de moda, hablemos un poco de colonialismo. Muchos pensarán que es un asunto pasado, histórico, y que buena gana de desperdiciar el tiempo con temas como éste; sin embargo, mantendremos en este texto que hoy un número muy elevado de pueblos y sectores sociales viven aún situaciones que podemos calificar como coloniales, aunque con evidentes matices, y alguna diferencia, sobre lo que la historia política nos contó en relación a los siglos anteriores. Precisamente, esa historia, cargada de evidentes connotaciones ideológicas, nos enseña que, salvo contadas excepciones, para las décadas de los años 60 y 70 del pasado siglo XX podemos dar por finalizado el amplio periodo caracterizado por el colonialismo. Ese sistema de dominación que, principalmente, ejerció Europa durante los últimos 300 ó 500 años (según continente) sobre la mayor parte del mundo. Si fijamos nuestra mirada en América Latina esa misma historiografía que señala una fecha esencial en 1492, y en complementariedad con las ideologías dominantes en la mayor parte del continente, establece en hace más menos 200 años el final de la era colonial. La misma se produciría, tras las guerras con la corona española, con las proclamaciones de independencia de la mayoría de las repúblicas que hoy conocemos y que dividen ese continente. En directa relación, el colonialismo es definido como aquel sistema económico y político de dominación ejercido por un país extranjero sobre un determinado territorio. Dominación que se traduce en control social, político y militar, y generalmente orientado a la explotación económica de dicho espacio territorial y de sus pueblos.

Hasta aquí la consideración de que, quizás con pequeños matices, pero habría un acuerdo bastante generalizado sobre la cuestión de lo que fue el colonialismo. Sin embargo, también ahí empezarían otras lecturas bien interesantes y necesarias para explicarnos el mundo hoy en ciertos aspectos importantes. Especialmente en América Latina, diversas corrientes políticas han planteado en las últimas décadas que no es del todo verdad que este sistema de dominación se pudiera dar por finalizado a partir de los procesos independentistas de hace 200 años. Al contrario, se cerró una fase o etapa del mismo, pero se abrió otra que aún perdura. La cierta independencia política no necesariamente trajo consigo la ruptura de la dependencia colonial de las grandes mayorías de este continente y la casi totalidad de las estructuras políticas, económicas y sociales coloniales se mantuvieron intactas, con simples cambios de los protagonistas en su cúspide. Y así, estas corrientes de pensamiento plantean hoy una relectura histórica que contempla la existencia de dos modos de ejercer ese modelo de dominación. De una parte, un “colonialismo interno”, en referencia a la relación establecida entre el estado republicano y los pueblos indígenas o afrodescendientes; por otra parte, un evidente neocolonialismo, dada la relación del estado oligárquico (gobierno de unos pocos, generalmente pertenecientes a la clase más privilegiada) hacia las grandes mayorías empobrecidas y dominadas por esas élites político-económicas.

Si empezamos por reconocer que las guerras de independencia de las colonias españolas, francesas o portuguesas no dieron lugar sino a un cambio de élites dominantes, sería el primer paso para adentrarse en esos nuevos conceptos de estados neocoloniales en las dos direcciones anteriormente apuntadas. Las oligarquías blancas y criollas se puede afirmar que establecieron a lo largo de estos dos últimos siglos una especie de estado dentro del estado. Entidad que se regiría en lo ideológico y prácticamente en todas sus actuaciones por el racismo, el patriarcado y el liberalismo económico. Centrado por tanto en la explotación máxima de los recursos y bienes naturales, así como de las personas y grupos humanos diferenciados, con especial incidencia sobre las mujeres y pueblos indígenas, ya por su empobrecimiento, ya por su pertenencia étnica-cultural.

Caminar hoy por la mayoría de países de América Latina (intuimos que en parecidos términos por África o Asia) es observar un continium de reproducción de esa lógica de dominación.  Unas pocas familias en cada país disfrutan de todos los privilegios y del ejercicio del poder (oligarquías). Su nivel de vida puede quintuplicar el del resto de la población del país, que lucha día a día por sobrevivir. Sus hijos e hijas se educan en las universidades de EE.UU., su salud es atendida en clínicas privadas o se divierten en viajes a Europa; mientras los hijos e hijas de las grandes mayorías malviven en las enfermedades y la miseria, no disponen ni de aulas ni profesorado adecuado y se ven obligados a trabajar desde los 8, 10 ó 12 años para poder aportar algo a la familia. Y esto no es una excepción en los países más empobrecidos, sino una constante que recorre el continente. Esta es una realidad evidente y no propia de un cuento, porque nunca acaba bien. En Guatemala, por ejemplo, hoy se habla del G-8 y no se refieren a los países más ricos del mundo, sino literalmente a las ocho grandes familias en las que se concentra la mayor parte de la riqueza y poder político y económico de un país con más de 15 millones de habitantes, y donde más del 50% malvive en situaciones de empobrecimiento. Un país donde, por ejemplo, se construyen un número exagerado de centrales hidroeléctricas, sin consultar a la población dueña de esas tierras, población que ni tan siquiera tendrá luz eléctrica en sus casas, pues ésta irá destinada a grandes complejos mineros, infraestructuras u otros grandes planes de la clase económica dominante. Por ello, utilizamos el término empobrecimiento, en vez del más popular de pobreza, precisamente porque esta situación es resultado del sistema neocolonial de dominación donde unos se enriquecen brutalmente a costa de esas grandes mayorías permanentemente empobrecidas. Y es por eso que el envoltorio, el que proclama que estas repúblicas hoy viven en sistemas democráticos, se queda solo en eso, en un bonito papel que oculta el duro interior del paquete, donde se siguen reproduciendo los sistemas de dominación de profunda raíz colonial (clasismo, machismo y racismo). Es por todo ello por lo que un estado (sus élites) podría ser denominado como extranjero y dominante del espacio colonial en el que hoy estos grupos de poder han convertido a la práctica totalidad de sus países. Extranjero que aunque se defina como guatemalteco, colombiano o peruano, estudia en inglés, disfruta de largas estancias en Miami o Los Ángeles y sus riquezas están en un sinfín de paraísos fiscales, además de los bienes inmuebles que, como fincas y otras propiedades, se reparten en latifundios coloniales por todo el país, por toda su colonia.

Extranjero que, además, hoy se alía con otros muy reales poderes coloniales, como son las empresas transnacionales (nuevamente españolas, francesas, aunque ahora también estadounidenses, canadienses, etc.). Estas empresas (mineras, forestales, hidroeléctricas, hidrocarburíferas, agroindustriales…) entran en los países de la mano de las oligarquías locales y con la cobertura del estado para la explotación de los recursos naturales de territorios que, como las viejas fuerzas coloniales, son considerados casi como tierras vacías, sin dueños y, por lo tanto, libres para su apropiación y explotación; se llevaran ingentes beneficios y dejaran destrucción medioambiental, contaminación y más miseria. Así, respecto a los dos tipos antes citados de colonialismo hoy existentes, es necesario añadir, denunciar y subrayar el papel agravante que sobre ambos ejercen las actuaciones de las transnacionales. Y afirmar que esta alianza establece los modos de dominación y explotación de territorios, pueblos y personas, recuperando y reproduciendo en gran medida el viejo modelo colonial.

Por todo ello, teniendo en estos días muy presente la fecha del 12 de octubre, es por lo que es más necesario que nunca hacer un ejercicio de reflexión sobre las lógicas de dominación que se siguen produciendo en este mundo, en el marco del sistema neoliberal y que se traduce en nuevos modos de colonialismo.

SUIZA: Protección de las expresiones culturales tradicionales: algunas cuestiones para los legisladores. Peter Jaszi
OMPI
Desde el decenio de 1950, los expertos han debatido si las expresiones culturales tradicionales, o “arte ancestral”, deben ser objeto de protección y de qué forma.  Actualmente, el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore de la OMPI está impulsando nuevamente el análisis de este asunto.

Al examinar las diversas alternativas para conformar un nuevo régimen jurídico internacional de protección de las expresiones culturales tradicionales, es oportuno que los legisladores internacionales consideren cuidadosamente si es necesario colmar las “lagunas” normativas actuales y determinar si la normativa internacional vigente en materia de derecho de autor permite, aunque sea parcialmente, el reconocimiento de las expresiones culturales tradicionales.

Antes de profundizar en este asunto, hay que tener en cuenta dos cuestiones.  La primera es que no es necesario colmar todas las lagunas normativas que puedan señalarse.  Por ejemplo, durante el siglo XIX los defensores de un derecho de autor de amplio alcance consideraban que las limitaciones de los plazos eran defectos del sistema que debían corregirse mediante la introducción del principio de protección perpetua.  Sin embargo, a partir de entonces, los expertos en derecho de autor del mundo occidental han aceptado, en general, el valor intrínseco de establecer límites en los plazos (aunque éstos sean muy generosos) con el fin de asegurar la existencia de un dominio público y mantener el equilibrio en el sistema.

La segunda cuestión es que solo una solución multilateral puede resolver adecuadamente los problemas específicos a los que se enfrenta la protección de las expresiones culturales tradicionales, muchos de los cuales se producen en el contexto de la economía mundial de la información.  La normativa internacional de PI garantiza el reconocimiento de los derechos más allá de las fronteras nacionales de los Estados que la suscriben.  También garantiza un cierto grado de armonización de las legislaciones nacionales, ya que obliga a incluir un conjunto mínimo de normas básicas en la legislación nacional.

Análisis de las lagunas normativas
La ausencia de un acuerdo internacional sobre la protección de las expresiones culturales tradicionales es una laguna estructural fundamental de la normativa internacional.  Algunos analistas lo atribuyen a que las legislaciones de PI existentes se han construido sobre la base de un paradigma que hace caso omiso a la contribución científica y artística de muchas culturas de todo el mundo y a que se han desarrollado en foros donde no están representados aquellos más directamente afectados.  A juicio de ellos, si la producción cultural de algunas comunidades se trata sistemáticamente como materia prima natural para ser utilizada por terceros se corre el riesgo de poner freno al progreso de la humanidad. También existen carencias a un nivel más funcional relativas a determinadas cuestiones que la legislación no ha logrado solventar y que posiblemente debería resolver.  Las dificultades para satisfacer esas carencias se me hicieron patentes algunos años cuando realizaba una misión en la isla Samoisir, al norte de Sumatra (Indonesia). Se dio la casualidad de que me invitaron, junto con mis compañeros investigadores, a un funeral tradicional para conmemorar la vida de una matriarca local.  Fue un evento festivo en el que hubo bailes de parejas y un grupo de jóvenes músicos locales interpretó música tradicional con instrumentos de cuerda y de percusión, así como con un pequeño teclado electrónico.  El intérprete que manejaba el teclado electrónico nos dijo que le encantaba la música ancestral, pero que disfrutaba haciendo arreglos en ella para reflejar la influencia de la música popular occidental.  Nos comentó que el costo prohibitivo de contratar un grupo numeroso de músicos con instrumentos tradicionales hacía necesario el uso del teclado electrónico.  También nos explicó que gracias a esta especie de hibridación (e integración), la música ancestral seguía manteniéndose viva en la comunidad.

Esa conversación nos hizo recordar la ceremoniosa entrevista que habíamos realizado previamente a líderes de comunidades en otro lugar de la isla, y en la que éstos expresaron su preocupación por el “uso indebido” de la tradición musical debido a la inclusión de instrumentos occidentales en los grupos de músicos locales.  En algunas aldeas incluso se habían prohibido esas interpretaciones musicales y en otras se habían suspendido sin más, al no existir un fundamento jurídico claro para la prohibición.

Estas visiones tan diversas hicieron que nos planteáramos si la ausencia de un mecanismo jurídico para regular la forma en que las expresiones culturales tradicionales se transmiten de generación en generación es realmente una laguna del sistema.  ¿Debería preservarse la libertad de las comunidades a la hora de decidir cómo adaptar las prácticas culturales ancestrales a las nuevas circunstancias?  Es una decisión difícil que conlleva una gran carga de valores y que subraya el hecho de que no es necesario colmar todas las lagunas existentes.

Al tratar de llegar a conclusiones sobre qué aspectos pueden mantenerse al margen de la regulación, a menudo se ponen de manifiesto profundas diferencias en valores y aspiraciones.  No obstante, existe una amplia percepción de vacío normativo en al menos tres esferas funcionales: la atribución, el control y la remuneración.

En lo relativo a la atribución, los pueblos asociados a expresiones culturales tradicionales, incluidos los Estados en los que residen, aspiran a gozar de garantías jurídicas de que cuando las expresiones culturales tradicionales se difundan, se reconozcan plena y adecuadamente sus fuentes.  Actualmente, no existen esas garantías para las expresiones culturales tradicionales en su conjunto. Igualmente, suscita preocupación la necesidad de controlar el uso de la cultura tradicional, especialmente la considerada “secreta”, sobre la que la costumbre dicta que su circulación se restringa a grupos limitados.

Finalmente, con respecto a la remuneración, actualmente existe la opinión ampliamente compartida de que las expresiones culturales tradicionales a menudo se explotan lejos de sus lugares de origen y que un régimen internacional equitativo debería contemplar un mecanismo que impida (o compense) dicha “apropiación indebida”.

¿Son los regímenes de PI en vigor parte de la solución?
Aunque cualquier nueva propuesta se enjuiciará en función del éxito que tenga al abordar las carencias en las esferas funcionales arriba señaladas, el debate en torno a la protección de las expresiones culturales tradicionales tiende a centrarse en si los regímenes de protección en vigor contienen disposiciones específicas que permitan satisfacer las aspiraciones de los grupos indígenas.

Desde este punto de vista, ¿en qué medida la normativa vigente sobre derecho de autor forma parte de la solución? ¿Puede solucionarse el problema simplemente mediante retoques al Convenio de Berna a fin de incluir las expresiones culturales tradicionales en el alcance de la legislación internacional de derecho de autor? Anteriormente, en 1971, los legisladores trataron de hacerlo introduciendo el Artículo 15.4) en el Convenio de Berna.  El artículo prevé disposiciones para ciertas obras no publicadas de autor desconocido (véase el recuadro), pero debido a su carácter facultativo poco ha cambiado al respecto.  La mayoría de los países no la han promulgado.  Además, la protección de dichas obras está limitada a 50 años, una vez que la obra “haya sido lícitamente hecha accesible al público”.  Tampoco hace mención explícita a la función de las comunidades: es una “autoridad competente” quien ejerce los derechos en nombre del autor.  Su alcance queda aún más limitado por el Artículo 7.3) del Convenio, en virtud del cual los países no están obligados a proteger las obras anónimas cuando haya motivos para suponer que el autor está muerto desde hace 50 años.

Pero, ¿está justificado corregir estos defectos sin más? Después de todo, incluir las expresiones culturales tradicionales en la normativa sobre derecho de autor ofrecería soluciones jurídicas para solventar la cuestión del uso indebido de las expresiones culturales tradicionales, incluido el desagravio por mandato judicial y la indemnización por daños y perjuicios en la mayoría de los países.  Ello también provocaría la aplicación obligatoria de derechos morales y patrimoniales básicos en al menos 170 países.

Qué aporta y qué no aporta la legislación de derecho de autor
En el lado negativo, dicho enfoque no consigue ofrecer una protección eficaz de las expresiones culturales tradicionales por diversas razones.

El derecho de autor ha evolucionado en torno a la idea de “paternidad” para apoyar las reivindicaciones de derechos sobre productos fruto de la imaginación, relativamente recientes y cuya originalidad pueda verificarse.  A lo largo del tiempo, la legislación de derecho de autor ha sido sumamente flexible en cuanto a la definición de “paternidad”.  Así, un objeto susceptible de protección puede ser obra de un individuo (por ejemplo, una novela) o de un grupo (por ejemplo, una película).  Algunas jurisdicciones donde se aplica el common law han ido más allá en relación con esta idea y han introducido la doctrina de “obra por encargo” con cesión automática del derecho de autor, en virtud de la cual se considera que el empleador es el autor de una obra que incorpore las contribuciones de sus empleados.  No obstante, existen límites (y casos que superan la imaginación de los abogados especializados en derecho de autor) a que pueda asignarse razonablemente a una persona ficticia la responsabilidad de una tradición cultural cuyo valor reside en la labor colectiva (más que en la colaboración) de un grupo.

Además, a menudo se ha considerado que las expresiones culturales tradicionales carecen de individualidad, originalidad, contemporaneidad y no pueden fijarse en soportes.  Aunque muchas expresiones culturales tradicionales cumplan algunas de esas condiciones, o todas ellas, no ocurre así en otros casos. Por ejemplo tomemos el caso de una tradición musical de 300 años de antigüedad originada en una comunidad concreta que siga ejecutándose en nuestros días.  Supongamos que consta de un conjunto de melodías sencillas ejecutadas con instrumentos específicos aplicando un conjunto de normas de estilo para su ejecución.  Dicha tradición cultural no encaja por completo en el marco del derecho de autor.  Carece de “autores” individuales hipotéticos; no es “original”, pues se ha transmitido fielmente de generación en generación, y carece de la necesaria forma definitiva (una obra no es susceptible de protección por derecho de autor salvo que tenga una forma estable que permita repeticiones más o menos idénticas).

¿Permite la legislación de derecho de autor la protección parcial de las ECT?
A partir de lo expuesto anteriormente, es evidente que tratar de encajar con calzador las expresiones culturales tradicionales en la normativa sobre derecho de autor es, sin duda, un intento vano.  No obstante, ¿es posible una protección parcial de las expresiones culturales tradicionales en virtud de la legislación de derecho de autor? En relación con la preocupación por la grabación y explotación no autorizada de representaciones culturales tradicionales, en la mayoría de los países existe un régimen jurídico para la protección de los artistas intérpretes y ejecutantes de obras musicales, aunque originalmente fuera concebido teniendo presentes el sector de la música y la radiodifusión.  Según parece, nada impide la aplicación de esa normativa a la protección de las expresiones culturales tradicionales.

Artículo 15.4) del Convenio de Berna
El artículo 15.4) del Convenio de Berna establece que:
“a) Para las obras no publicadas de las que resulte desconocida la identidad del autor pero por las que se pueda suponer que él es nacional de un país de la Unión queda reservada a la legislación de ese país la facultad de designar la autoridad competente para representar a ese autor y defender y hacer valer los derechos del mismo en los países de la Unión.

b) Los países de la Unión que, en virtud de lo establecido anteriormente, procedan a esa designación, lo notificarán al director general mediante una declaración escrita en la que se indicará toda la información relativa a la autoridad designada. El director general comunicará inmediatamente esta declaración a todos los demás países de la Unión.”

Hoy en día, las expresiones culturales tradicionales expuestas a un mayor riesgo son las variantes contemporáneas de música, coreografía, representaciones gráficas y otras tradiciones ancestrales.  Probablemente dichas obras son las más atractivas y accesibles para potenciales explotadores.  La legislación vigente de derecho de autor protege activamente nuevas versiones de obras preexistentes (por ejemplo, una narración actualizada de un mito griego) como “obras derivadas”.  Esa protección es más que suficiente para poner freno a la mayoría de los casos de piratería y en la mayoría de las jurisdicciones está protegido el derecho moral de atribución del intérprete o ejecutante individual.

Pero aunque una variante contemporánea de una tradición cultural encaje razonablemente en el entramado de la legislación de derecho de autor, no ocurre lo mismo con las expresiones culturales tradicionales en su conjunto, debido a varios motivos.  En primer lugar, la legislación de derecho de autor no protege los conocimientos secretos o sagrados, que habitualmente mantienen su forma original generación tras generación.  En segundo lugar, no protege los intereses en materia de atribución de las comunidades que realizan interpretaciones o ejecuciones contemporáneas de expresiones culturales tradicionales.  En tercer lugar, la protección concedida a variantes contemporáneas de expresiones culturales tradicionales tiene un alcance limitado: es aplicable a reproducciones, interpretaciones o ejecuciones y exhibiciones de imitaciones relativamente parecidas al original, pero no a cualquier obra nueva “inspirada” o “influenciada” por ellas.  En cuarto lugar, al igual que ocurre con la materia susceptible de protección por derecho de autor, las variantes contemporáneas de expresiones culturales tradicionales pasarán, en última instancia, al dominio público.  Y quizás lo más significativo, los derechos que confiere el derecho de autor están sujetos a excepciones legales (por ejemplo, en los ámbitos de la educación, los museos y los archivos), cuyo alcance varía de un país a otro (en ocasiones de forma significativa).

Cuestiones para los legisladores
¿Deberían los legisladores considerar que sigan existiendo determinadas lagunas en el diseño de un nuevo régimen jurídico de protección de las expresiones culturales tradicionales? ¿Puede ello ser de ayuda para las comunidades que mantienen expresiones culturales tradicionales? y, finalmente, ¿pueden dichas comunidades extraer lecciones de los valores recogidos en la legislación de derecho de autor?

Tomemos por ejemplo, las limitaciones en los plazos y el concepto de dominio público. ¿Se trata de ideas que simplemente constituyen un legado intelectual indeseado o más bien tienen interés universal?  Aunque no es una pregunta fácil, cabe traer a colación las cláusulas de extinción de la protección de los conocimientos.  Un argumento para permitir el paso de las expresiones culturales tradicionales al dominio público es que, tal como ocurre en muchos países con los derechos morales sobre las obras protegidas, los derechos de atribución de las expresiones culturales tradicionales podrían llegar a ser perpetuos.  Esta cuestión merece una atención especial y un análisis preciso.  Asimismo, ¿podrían considerarse las expresiones culturales tradicionales una de las excepciones recogidas en todos los sistemas de PI existentes en relación con el objeto de la protección y la discriminación positiva con respecto a determinados usos privilegiados?

Un aspecto adicional que plantea una cuestión fundamental es el relativo a las opiniones frecuentemente vertidas sobre la forma en que la PI debería favorecer la difusión del conocimiento entre los pueblos. ¿Se trata simplemente de la tapadera de una situación injusta o más bien son argumentos válidos pese a la forma interesada con la que a menudo se plantean? Si son argumentos válidos ¿pueden tenerse en cuenta mediante un modelo de protección basado en conceptos de compensación más que de exclusividad?

Estas son algunas de las cuestiones ineludibles que los legisladores deberán tener en cuenta a fin de determinar la cobertura de un sistema de protección de las expresiones culturales tradicionales, o dicho de otro modo, en qué medida dicho sistema podría admitir lagunas normativas.



No comments:

Post a Comment