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Development Institute
PO
Box 24009 Phoenix, AZ 85074
4 de
enero de 1994
Presidente
Salinas de Gortari
Republica
de México
Sr.
Presidente,
Los
recientes acontecimientos en el estado de Chiapas le han dado a la comunidad
mundial un aviso abrupto y dramático de que las desigualdades e injusticias
perpetradas contra los Pueblos Indígenas de México y el resto del continente
durante los últimos 500 años no podrán continuar.
Las
muertes que han estado ocurriendo en Chiapas se lamentan por la trágica pérdida
de vidas humanas que representan para México, pero la realidad es que otras
vías pacíficas y diplomáticas para negociar la resolución del conflicto
inherente de la región se han cortado sistemáticamente para pueblos Mayas
nativos. Los Indios de México son tratados como extranjeros en sus propias
tierras, sin voz ni representación en las decisiones que definirán su futuro.
El modelo de desarrollo económico del Tratado
de Libre Comercio de Norte América TLCAN, como foco de las acciones armadas
en Chiapas, nunca tomó en consideración las aspiraciones de los Pueblos Originales de México ni
promovió una economía basada en la colectividad comunitaria de la cual depende
el futuro de los Pueblos Indígenas.
Por el
contrario, los planes de modernización de la elite económica del país que
controla la maquinaria política del gobierno a través del PRI, no han representado la visión del futuro de los Pueblos
Indígenas de México, sino que representan la continuación de la dominación económico,
cultural y social y política de los sistemas coloniales de los Hispano europeos
que Emiliano Zapata enfrentó a principios de este siglo.
Los resultados de las enmiendas del Artículo 27 de la Constitución mexicana, que promueve la fragmentación de los Pueblos Indígenas mediante la privatización de tierras comunales, es otro ejemplo del asalto criminal directo del gobierno contra el futuro de los Pueblos Originarios de México. Es criminal, una forma de violencia institucionalizada, no solo porque viola cínicamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el Cuarto Artículo de la Constitución mexicana, sino también porque es un acto premeditado de genocidio económico y cultural en violación de normas internacionales de Derechos Humanos relativas al derecho al desarrollo sostenible.
Los resultados de las enmiendas del Artículo 27 de la Constitución mexicana, que promueve la fragmentación de los Pueblos Indígenas mediante la privatización de tierras comunales, es otro ejemplo del asalto criminal directo del gobierno contra el futuro de los Pueblos Originarios de México. Es criminal, una forma de violencia institucionalizada, no solo porque viola cínicamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el Cuarto Artículo de la Constitución mexicana, sino también porque es un acto premeditado de genocidio económico y cultural en violación de normas internacionales de Derechos Humanos relativas al derecho al desarrollo sostenible.
También
se debe mencionar que las propuestas para un corredor comercial del TLCAN que atravesarían los territorios de la
Nación Tohono O'Odham en la región de
Sonora / Arizona nunca fueron sometidas a consideración por los pueblos Tohono
O'Odham que serían los más afectados.
Sr.
Presidente, también aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestra
preocupación con respecto a la acción unilateral que usted ha tomado con
respecto al reconocimiento de los Códices
Indígenas como documentación válida para la protección de los títulos de
propiedad de los Pueblos Originales en México. Entendemos que, conforme a la Ley de Reforma Agraria, estos
documentos indígenas fueron admitidos como instrumentos jurídicos válidos y
ejecutables hasta que su oficina emitió un decreto presidencial en 1992 que
deroga unilateralmente este derecho indígena a los títulos primordiales. Esta
acción no puede ser visto sino como otro esfuerzo deliberado para socavar la
base territorial de las soberanías indígenas de México y un elemento de la
inestabilidad en Chiapas.
En vista de la naturaleza crítica de la situación actual, por lo tanto, pronunciamos lo siguiente:
1) Estableceremos un monitoreo permanente de la situación en Chiapas, con la máxima atención a la protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas y los Derechos Humanos de los Pueblos Tojolabales, Tzotziles, Tzetzales y Choles.
2) Al reunirnos en Temoaya, México, en el II Encuentro Continental de Pueblos Indígenas en octubre de 1993, reconocemos que la situación en Chiapas y en todo México refleja la preocupación expresada por los Pueblos Originales de México de que el gobierno de México no estaba permitiendo la representación legítima de los Pueblos Indígenas en los planes de desarrollo económico para el país, con el TLCAN y el Artículo 27 como los ejemplos más evidentes de esta política.
3) Como miembro de la Alianza de Pueblos Indígenas (IPA) de América del Norte y de la Comisión Continental de Naciones y Organizaciones Indígenas (CONIC), expresamos nuestro pleno compromiso con la defensa de los principios de auto determinación y soberanía de los Pueblos Indígenas de México y del continente.
4) Pedimos a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que aborde la situación en Chiapas en la sesión de este año en marzo de 1994 como una amenaza para la paz mundial y una violación continua de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que debería estar protegida por la Declaración de Los Derechos de los Pueblos Indígenas.
5) Hacemos un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que celebre audiencias ante el Congreso en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Estados Unidos sobre la cuestión de la culpabilidad que Estados Unidos tendría como cómplice de la violación del Derecho al desarrollo de los Pueblos Indígenas de México y Canadá bajo el TLCAN.
6) Hacemos un llamado a la oficina del presidente Salinas de Gortari para rescindir cualquier orden presidencial que pueda afectar negativamente el reconocimiento de Títulos Primordiales de los Pueblos Originales de México.
7) Hacemos un llamado a todas las Naciones Indígenas, Organizaciones de Derechos Humanos y a la comunidad mundial para promover activamente la resolución pacífica de la situación en Chiapas, manteniendo una vigilancia de los Derechos Humanos y apoyando los intentos de negociación pacífica en la justicia y el pleno reconocimiento y respeto de Los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Tupac
Enrique Acosta
TONATIERRA
xc:
Ejercito
Zapatista de Liberación Nacional EZLN
Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Presidente
de los Estados Unidos W. Clinton
Madam
Daes, U.N, Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas
Frente
Independiente de Pueblos Indios - México
Consejo
Internacional de Tratados Indios
Amnistía
Internacional
Red
Ambiental Indígena
Indigenous Peoples Alliance
NAHUACALLI
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| 5 diciembre 2018 |
TONATIERRA
Phoenix AZ 85074
Phoenix AZ 85074
5 diciembre 2018
Sra. Claudia Franco Hijuelos
Sra. Claudia Franco Hijuelos
Cónsul General de México
320 E. McDowell Road,
Suite 320
Phoenix, Arizona 854004 E.U.A.
Phoenix, Arizona 854004 E.U.A.
Saludos respetosos y cordiales.
Gracias por mandarnos el día de hoy la copia oficial del gobierno de
presidente Andrés Manuel López Obrador el nuevo compacto T-MEC, conocido por el gobierno de los E.U.A. como el US México Canada Agreement (USMCA), y
por los Canadienses como CUSMA.
Aprovechamos de esta oportunidad para solicitar una cita con la oficina del
Cónsul General de México en Phoenix para discutir una agenda de seguimiento
y cumplir en relación con los Derechos Humanos
de los Pueblos Originales en México,
y a la extensión continental de Abya
Yala.
Atentamente,
Tupac Enrique Acosta
TONATIERRA
Cell: (602) 466-8367
NAHUACALLI
Confederación
Tolteca
Por Jaime Martínez Veloz
Ciudad de México 8 de Julio del 2017
Ciudad de México 8 de Julio del 2017
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