Asociacion Internacional de Prensa Indigena
AIPIN
AIPIN
Comisión de Asuntos Indígenas
REGIONES INDIAS
REGIONES INDIAS
Febrero 17, 2017
Genaro Bautista / AIPIN
Comunicaciones a: lallabatamazola@hotmail.com
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MEXICO: Cámara de Diputados conmemora Acuerdos de San Andrés Larráinzar
Se comenzó a gestar en México un nuevo sistema
político y democrático: Bolaños Aguilar
Notimex
MEXICO: De norte a sur. Guillermo Correa Bárcenas. El Papa Francisco
aboga por ellos, pero en México, ni consideración hay con los pueblos indígenas
a los que se aplican proyectos de muerte
Quadratín
MEXICO: Traducen Constitución Mexicana a 40 lenguas indígenas; puede
ser consultada en la web
El Semanario
MEXICO: Discriminación y falta de políticas públicas ponen en riesgo
futuro de lenguas indígenas: senador Jorge Toledo
MEXICO: De nuestras Jornadas. Ley 701, al borde del sepulcro. La
Jornada Guerrero
MEXICO:
¿Qué esperan los diputados de Guerrero? La Tlacuila
Animal
Político
MEXICO: Licitación de radio privilegió ofertas económicas: Amedi
Carla Martínez / El
Universal
OAXACA: Zapotecas de Unión Hidalgo rechazan llegada de proyectos
eólicos
Istmo Press
OAXACA: Comunidad chinanteca acusa a empresa española de plagio de
diseño
Educa
MEXICO: Comunidades
indígenas tienen en vilo dos bloques de subasta petrolera
El Financiero
BAJA
CALIFORNIA: Preocupa a grupos indígenas mixtecos deportaciones en EE.UU.
Notimex,
Diario de Yucatán
MEXICO:
Desde el otro lado. Clemente Castañeda Hoeflich. Los derechos indígenas no se regatean
Excélsior
EL VATICANO: Papa Francisco recibe a representantes indígenas
salvadoreños
El Pontíficé pidió que los gobiernos tomen en
cuenta la cultura y la relación de los pueblos indígenas con la tierra.
La Prensa Gráfica
MEXICO: Cámara de Diputados conmemora Acuerdos de San Andrés Larráinzar
Se comenzó a gestar en México un nuevo sistema
político y democrático: Bolaños Aguilar
Notimex
El presidente de la
Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, señaló que a partir de la firma de
los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, se comenzó a gestar en México un nuevo
sistema político y democrático, más incluyente y que abrió las puertas para que
los integrantes de las comunidades y pueblos indígenas pudieran participar en
todas las labores públicas y de gobierno.
A 21 años de la
firma en San Andrés Larránizar, Chiapas, con los representantes del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional, Bolaños recordó que el gobierno mexicano signó
una serie de acuerdos que reconocieron por primera vez los derechos colectivos
de los pueblos indígenas.
El objetivo de los
acuerdos, dijo, fue lograr la integración, desarrollo y homogeneización de
estos pueblos en Chiapas, discutiendo temas como derechos, cultura indígena,
democracia y justicia, bienestar y desarrollo, conciliación y derecho de la
mujer.
En el marco de la
conmemoración a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, este 16 de febrero, el
diputado presidente afirmó que hoy las comunidades indígenas están
representadas en el Congreso de la Unión, participan activamente en el gobierno
federal y los gobiernos locales. Los sistemas judiciales se ajustan
constantemente para proteger sus derechos.
El diputado
Vitalico Cándido Coheto Martínez (PRI) afirmo que este documento fundamental
expresa las demandas y aspiraciones de los pueblos indígenas de México en su
permanente lucha por su reconocimiento de sus derechos políticos, sociales,
económicos y culturales.
Subrayó que a 21
años del acuerdo no se ha cumplido del todo el mandato porque el modelo de
desarrollo privilegia las acciones asistencialistas y no el desarrollo
sustentable, sostenido y autogestivo con identidad, a partir de las vocaciones
y potencialidades de los pueblos.
Por ello, dijo, resulta
imperativo impulsar la productividad, reactivar las actividades agropecuarias y
desechar las políticas que inhiben la creatividad de los pueblos indígenas y
generan dependencia, “porque la pobreza sólo se combate generando riqueza”.
En su turno, el diputado
Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (Morena) indicó que el Estado mexicano le
ha quedado a deber muchísimo a nuestros pueblos originarios, ya que una de las
principales demandas en los Acuerdos de San Andrés era dar personalidad
jurídica.
Se pronunció por
reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, y sobre
todo en los estados más pobres como Chiapas, “necesitamos que las autoridades
dejen la corrupción y el desvío de recursos”.
Desde su curul, la
diputada Verónica Delgadillo García (Movimiento Ciudadano) reconoció la gran
deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas, y destacó la
importancia de reconocer a estas comunidades como sujetos de derecho. Estimó
necesario garantizarles sus derechos y su libre autodeterminación al celebrar
los Acuerdos de San Andrés. “Si queremos realmente conmemorar esos acuerdos,
tenemos también que avanzar en saldar esa deuda histórica con los pueblos”.
MEXICO: De norte a sur. Guillermo Correa Bárcenas. El Papa Francisco
aboga por ellos, pero en México, ni consideración hay con los pueblos indígenas
a los que se aplican proyectos de muerte
Quadratín
“Inclusión y no
sólo consideración” de los pueblos originarios, dijo el Papa Francisco en la
reciente reunión que sostuvo con representantes de Pueblos Indígenas, convocada
por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Lo cual debería ser
un hecho en cada Estado que tenga en su territorio a estos pueblos. En México
es un tema de discriminación pero además de exclusión por parte del gobierno.
En nuestro país, los llamados “proyectos de muerte” que son los llevados a cabo
por empresas como las mineras y de hidrocarburos, por mencionar solo esas dos
industrias, han devastado no sólo el ecosistema sino también los pueblos
asentados en las zonas próximas donde explotan el territorio, propician la
violencia, la emigración y más pobreza.
Desde 1990, México
forma parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
que establece, entre otras cosas, la protección y preservación del medio
ambiente, así como el respeto a su cultura en relación con las tierras, en lo
que se refiere a los Pueblos Indígenas y Tribales a los que nunca se consulta
sobre megaproyectos que arrasan con sus pueblos.
Pero el gobierno
mexicano simplemente no respeta este acuerdo. Las denuncias abundan, como es el
caso del estado de San Luis Potosí, en el municipio de Real de catorce, lugar
en que se levantó una lucha desde 2010, en defensa de más de 140 mil hectáreas,
amenazadas por la compañía minera canadiense First Majestic Silver, a la cual el gobierno de Felipe
Calderón otorgó 22 concesiones para ocupar más de seis mil hectáreas en la zona
sagrada de Wirikuta, valiosa para el pueblo wixárika (huichol). También se
otorgaron concesiones a Grupo Frisco
(propiedad de Carlos Slim) en este territorio. Los habitantes afirman que
no hubo una consulta, y de acuerdo con un informe de Santos de la Cruz
Carrillo, coordinador del Consejo Wixárika por la defensa de Wirikuta, las
empresas, en contubernio con el gobierno, pretenden dividir a las comunidades
mediante promesas de desarrollo social y empleo, sin poderlo lograr todavía.
Este caso sentó un precedente histórico al lograr la suspensión de varias
concesiones a manos de Grupo Frisco,
la transnacional Revolution
Resources y la canadiense First
Majestic Silver.
Sin embargo,
existen otros “proyectos de muerte” que siguen en marcha, como el Proyecto
Integral Morelos (PIM), que comprende dos centrales termoeléctricas, de las que
ya existe una y pone en riesgo la producción agrícola y la salud de los
habitantes en el Oriente de Morelos. Un gasoducto que transportará 9061
millones de litros de gas al día para alimentar las termoeléctricas, atravesará
60 pueblos que se encuentran en la zona de riesgo volcánico del Popocatépetl. Y
un acueducto que transportará 50 millones de litros de agua al día, dos en
realidad ya que uno transportará el agua del río Cuautla a la termoeléctrica y
otro la regresará al mismo lugar después de ser utilizada, en otras palabras,
ya contaminada con arsénico, nitrógeno, fósforo, cianuro, cromo, cobre,
mercurio, zinc, grasas, aceites y otras sustancias, a una temperatura de 40
grados centígrados. Esto afectará a 22 ejidos del municipio de Ayala.
Todo lo anterior es
preocupante porque la mayoría de los proyectos, si no es que todos, involucran
el uso excesivo de agua, como el caso de la fracturación hidráulica (fracking),
práctica que se lleva a cabo en Veracruz, Puebla, Coahuila, Nuevo León, Tabasco
y Tamaulipas, en conjunto hay alrededor de 924 pozos en los que se extrae gas
por medio de esta práctica, y existe evidencia de lo peligrosa –por no decir
aniquilante– que es esta técnica, prácticamente acaba con la vida pues
contamina millones de litros cúbicos de agua, que regresan a los mantos
freáticos, deja la tierra inútil para cultivo y extermina la fauna. En estos
territorios, las comunidades indígenas se han organizado para frenar esta
actividad, como es el caso de los pueblos del Totonacapan y la Huasteca,
quienes a través de asociaciones como la Coordinadora Regional de Acción
Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (Corason), afirman que
Pemex oculta información, no sólo del daño que ocasiona la práctica sino de
cuántos pozos tienen activos.
Además, los
problemas sociales incrementan, la violencia en estos pueblos; como en el Valle
de Ocotlán, Oaxaca, donde la Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna
Silver, ha afectado a los municipios de San José del Progreso, Magdalena
Ocotlán y Jutla de Crespo, donde desaparecieron cerros, hay escasez de agua, y
la contaminación del aire se debe a que el drenaje ácido se encuentra abierto,
provocando severos daños a la salud de los habitantes, incluso se han
registrado recién nacidos con malformaciones, así como casos de enfermedades en
la piel y respiratorias, según denunció Rosalinda Dionisio, coordinadora de los
pueblos unidos del Valle del Ocotlán. Agregó que el tejido social está rasgado,
hubo desalojos y detenidos, y en 2010 el asesinato del regidor Venancio Martínez
Rivera. Y como en muchos sucesos similares, la muerte del activista Bernardo
Méndez Vázquez, en 2012.
Otro proyecto
impuesto por el gobierno priista en el Estado de México es la Autopista
Naucalpan-Aeropuerto de Toluca, que afecta a las comunidades otomíes del
municipio de Lerma y Huixquilucan, que denuncian la afectación de 38 hectáreas
en el territorio de la comunidad, y 23 kilómetros de bosque. Además, del
desalojo violento de Armando García Salazar, médico y consejero supremo
indígena de San Francisco Xochicuautla, a toletazos de granaderos lo sacaron de
su casa, “como medida intimidatoria para construir la autopista”, dijo, y “el
Castillo”, como era conocido por la comunidad, fue reducido a polvo y escombro
en 2016. Los pobladores aseguran que nunca se les informó de la expropiación,
que según se establece en la Constitución Mexicana, para expropiar terrenos que
le pertenecen a pueblos indígenas, el gobierno mexicano debe de realizar una
consulta dentro de la comunidad que resultaría afectada. Pero el gobierno hizo
todo por debajo del agua, afirman los habitantes. A pesar de que estos hechos
fueron expuestos a grupos relatores de las Naciones Unidas, parece que no hay
efecto alguno en la sociedad, porque hasta la fecha se sigue imponiendo los
intereses de compañías y propios de personas en el gobierno.
Estos proyectos se
abren a la inversión de capitales privados extranjeros y nacionales, e implican el despojo de la
propiedad de la tierra y el agua a los pueblos. Impiden un desarrollo
económico, social, cultural, y violan el derecho a la información y la
consulta.
Desde El Centro
Integrantes de la
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Itsmo (UCIZONI)
provenientes de 36 comunidades y 7 municipios bloquearon, en el km 175, la
carretera que da acceso a los estados de Veracruz y Chiapas, en protesta por el
alza a la gasolina y en demanda de que PEMEX repare los daños sociales y
ambientales ocurridos por derrames de
hidrocarburos que han dañado 15 ejidos del estado de Oaxaca. Se quejan de megaproyectos
sin que fueran consultados y que sólo benefician a corporaciones chinas,
españolas e inglesas… El doctor Roberto Ángel Cruz Garza es el nuevo encargado
de la Secretaría General de la Procuraduría Agraria, en tanto que Lila Chárvel
Roselló es ahora directora de Comunicación Social en esa dependencia… Donald
Trump prepara más medidas antimigratorias en respuesta a la protesta Un Día sin
Inmigrantes en Estados Unidos. tigrebilly@hotmail.com
MEXICO: Traducen Constitución Mexicana a 40 lenguas indígenas; puede
ser consultada en la web
El Semanario
En el
marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Lengua Materna,
que se conmemorará el próximo 21 de febrero, este miércoles fue presentada una plataforma
digital en la que se podrá consultar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos traducida a 40 lenguas originarias del país. Desde
el día de ayer, la página de internet La Constitución Mexicana en tu Lengua
(constituciones.librosmexico.mx),
cuenta con versiones disponibles de la carta magna traducidas a 40 de las 68
lenguas indígenas mexicanas, en lo que se considera la primer plataforma
latinoamericana de este tipo. “Las versiones de la Constitución que se pueden
ver en esta plataforma son fiables. Es quizá la primera plataforma en
América Latina que presenta de manera gratuita y abierta a todos los
nacionales el máximo documento jurídico que nos rige como nación”, señaló Marina
Núñez Bespalova, directora general de publicaciones de la Secretaría de
Cultura federal, según rescata el diario Crónica.
Bespalova
indicó que la Constitución no se logró traducir a las 28 lenguas indígenas
restantes debido a que están en riesgo de desaparecer y debido a la
dificultad de encontrar hablantes que pudieran realizar la traducción.
La
funcionaria explicó que el proyecto inició en el años 2008, por lo que Inali
participó con la consulta en comunidades y en las traducciones de la Carta
Magna. También detalló que el sitio “web” incluye
diversos contenidos, dos de ellos textos explicativos de la Carta Magna en
diversos idiomas y audios sobre el tema para aquellos que no puedan leer,
además de la consulta de la propia Constitución, destaca El
Universal.
El proyecto se presentó el día
en una rueda de prensa por los titulares del Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas (Inali), Juan Gregorio Regino, y de la Dirección General de
Publicaciones (DGP) de la Secretaría de Cultura federal, Marina Núñez.
Día Internacional de la Lengua Materna
Durante la
presentación del proyecto, Juan Gregorio Regino, explicó que las celebraciones
por el Día Internacional de la Lengua Materna de este año incluirán el ciclo de
conferencias “¿Quiénes somos?”, en el que se contará con sesiones
mensuales hasta diciembre.
El 21 y 22
de febrero próximos se llevará a cabo un programa de charlas que contará con la
participación de especialistas como Miguel León-Portilla, con el tema
“La lengua materna”; Luis Fernando Lara, con “Del hecho de la diversidad
a la actividad del plurilingüismo”, y Eduardo Matos, con “Las lenguas
indígenas como patrimonio cultural inmaterial”. El diálogo se realizará en la
sede de El Colegio Nacional, en el Centro Histórico de esta ciudad,
donde además el 21 de febrero se llevará a cabo un recital de poesía y música
en lenguas nacionales con María Reyna González, Natalia Toledo y Jorge Cocom
Pech.
MEXICO: Discriminación y falta de políticas públicas ponen en riesgo
futuro de lenguas indígenas: senador Jorge Toledo
El presidente de la
Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado de la República, Jorge Toledo Luis,
advirtió que de 68 lenguas indígenas que se hablan en México, 64 pueden
encaminarse hacia la extinción, debido a que la mayoría de ellas no cuenta con
una forma de escritura que permita su inserción en medios impresos y digitales.
Destacó que la falta de políticas públicas y la discriminación que se sigue
dando en el país, son las principales causas del peligro para la supervivencia
de 51 lenguas indígenas, y si no nos aplicamos en impulsar programas para
fomentar el uso de estas lenguas, es probable que a mitad del Siglo XXI, la
mayoría de ellas hayan desaparecido.
En reunión de
trabajo, el director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
(Inali), Juan Gregorio Regino, recalcó que información del propio Instituto, de
las 364 variantes lingüísticas que existen, 185 están en riesgo no inmediato de
extinción, 72 en peligro medio y 43 en alto riesgo. Consideró que parte del
problema es la ausencia de reglas claras para homogeneizar la escritura de las
principales lenguas indígenas del país, al menos de las 10 principales.
Hizo hincapié en
que es importante contar con diccionarios y difundirlos, al menos para esas 10
principales lenguas, en un periodo mediato porque esas ausencias impiden contar
con los caracteres reconocidos para la reproducción de lenguas indígenas en los
medios de comunicación impresos y digitales, lo que dificulta su uso en medios
informáticos.
El senador del
Grupo Parlamentario del PRI planteó la urgencia de establecer las normas
básicas para escribir las lenguas indígenas, lo que propiciaría su escritura y
traducción, además del fomento del uso de su escritura, la publicación de textos
en el ámbito editorial y digital, la elaboración de material multimedia y la
creación de programas informáticos para su difusión y traducción.
Toledo Luis resaltó
que la radio y la televisión son los medios que pueden permitir el impulso
cotidiano de las lenguas, servir para pulir su uso diario y hasta ser los
portavoces de las novedades lingüísticas que toda lengua viva requiere y
necesita.
Juan Gregorio
Regino resaltó además que la situación de las lenguas indígenas es “bastante
deplorable” y a esto habría que sumarle que muchos deportados de Estados Unidos
son hablantes de lenguas indígenas, lo que no se había previsto y también se
debe de poner en la agenda que construirá el Inali con el Senado de la
República. Indicó que toda la problemática por la que atraviesan las lenguas
indígenas, tiene que ver con un fenómeno sociolingüístico que ocurre no
solamente en México, pues es la característica de casi todos los países y
naciones que tienen diversidad de lenguas, y se ha visto como un problema que no
ha sido considerado como parte del patrimonio del Estado Mexicano.
Subrayó que el
Inali debe posicionarse en el ámbito de la cultura y generar, desde ahí, todo
un trabajo transversal, para que todas las direcciones generales y los órganos
desconcentrados de la Secretaría de Cultura tengan el tema presente.
Reconoció que el
Instituto debe instrumentar como eje transversal la lengua indígena en otros
ámbitos como el laboral, social, de procuración de justicia; y esto se tiene
que hacer en alianza con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
MEXICO: De nuestras Jornadas. Ley 701, al borde del sepulcro. La
Jornada Guerrero
Al cúmulo de
problemas que agobian a Guerrero se le suman barruntos de violencia, al
aproximarse la fecha en que expirará la Ley 701 de Derecho y Cultura Indígena,
que da sustento a las operaciones de las policías comunitarias, toda vez que
parecen ser más los que buscan su desaparición que los que se proponen
renovarla. Ya algunas dirigencias de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC) manifestaron su preocupación por que a partir del 16 de
marzo no podrán seguir activos, y si lo hacen, tendrán que responder por sus
actos, entre ellos andar armados, realizar operativos o aprehensiones y aplicar
la reducación, considerando, por tanto, que al desaparecer la 701 quedarán
indefensos.
Joaquín Rentería
Guevara, León Ponce y Sabás Aburto Espinobarros, directivos de la Casa de
Justicia de San Luis Acatlán, advirtieron que aun cuando la ley sea derogada,
la CRAC seguirá trabajando, lo cual significa, dicen, que serán objeto de
persecución por parte del gobierno. Si bien se ha visto envuelta en
confrontaciones internas y han llegado a la división, la CRAC ha sido la
organización que ha operado la Policía Comunitaria más apegada a la Ley 701.
De ahí surgió la
Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado; posteriormente, apareció el
Frente Unido Para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero,
organizaciones cuya rivalidad por territorios ha devenido incluso en enfrentamientos,
en los que ha habido heridos, muertos y desaparecidos.
Se acerca la fecha
límite para eliminar o sepultar la Ley 701 y no parece estar entre los
diputados, salvo en la legisladora por Morena, la idea de discutirla. Lo más
conveniente sería ajustarla a las actuales condiciones que se viven en el
estado, para que todas las policías comunitarias se dedicaran a proteger sus
comunidades. Si se elimina, estará muerta la ley en la que se respaldaban, pero
los resentimientos, los odios y la desprotección de los pueblos quedarán vivos.
MEXICO:
¿Qué esperan los diputados de Guerrero? La Tlacuila
De poco sirve una
constitución de vanguardia sin leyes reglamentarias que instrumente lo que se
garantiza, como sucede en Guerrero con los pueblos indígenas y afromexicanos.
Animal
Político
Antes de
iniciar con el tema de hoy y porque tiene que ver con el mismo, les extiendo
una cordial invitación a la presentación del libro de mi autoría Recuperar
la Dignidad. Historia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado
de Guerrero, Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social. En él recojo los
testimonios de integrantes de esta organización que narran su historia, la
conformación de su policía ciudadana, sus actividades, objetivos, problemas y
luchas. Se presentará el próximo jueves 23 de febrero a las 6 PM en la Feria
Internacional del Libro del Palacio de Minería (aula 4) y estará
acompañándonos Bruno Plácido Valerio, líder del movimiento. Terminado el
comercial, vamos al asunto de los diputados guerrerenses y la ley indígena. En
2014 se reformó sustancialmente la constitución de Guerrero. Entre los muchos
cambios realizados, destaca el relacionado con los derechos de los pueblos
indígenas. Antes de la reforma sólo eran brevemente mencionados en un artículo
(el 10), y ahora hay siete artículos (del 8 al 14) en los que se enuncian sus
derechos. Además, otro cambio muy importante es que se reconoce por primera vez
a los afromexicanos, otorgándoseles los mismos derechos que a los pueblos
indígenas.
Entre
otros aspectos, se reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como
sujetos de derecho, se garantiza su derecho a la autonomía y a la libre
determinación, el derecho a una educación con pertinencia intercultural y
lingüística, y se reconoce a las policías comunitarias. Igualmente, se les
garantiza el acceso al uso y disfrute colectivo de sus tierras, territorios y
recursos naturales “sin que puedan ser objeto de despojo alguno o de
explotación mediante entidades públicas o privadas ajenas a los mismos sin la
consulta y el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad…”
(artículo 11-IV).
De esta
manera, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero quedó
como una de las más avanzadas del país en cuestión indígena y en relación a los
afromexicanos, que solamente aparecen en ésta y en la de Oaxaca.
Hasta aquí
todo va bien, sin embargo, los diputados locales todavía no han tenido tiempo
de adecuar las leyes a la nueva constitución. Según el artículo tercero
transitorio, tenían dos años para hacer concordar la legislación con las nuevas
disposiciones constitucionales, pero hasta la fecha no han concretado nada. Lo
único que hicieron fue aprobarse un plazo de un año más cuando se venció el que
tenían. Ese plazo vence el próximo 15 de marzo.
En vista
de que el Congreso no ha hecho su trabajo –algunos diputados presentaron
iniciativas, pero no ha pasado de ahí- , varias organizaciones indígenas y
afromexicanas guerrerenses se están coordinando para trabajar una propuesta
relativa a los artículos que les conciernen.
Comenzaron
a reunirse para defender la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de
los Pueblos y Comunidades Indígenas, pues se temía que vencido el plazo para la
promulgación de una nueva ley sobre el tema, ésta perdiera validez . La ley 701
contiene ya muchos de los derechos estipulados en los nuevos artículos
constitucionales, sin embargo, no contempla a los afromexicanos y, en relación
a las policías comunitarias, solamente reconoce a la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC).
Entre los
temas que están discutiendo las organizaciones se encuentra el de la
remunicipalización, enfocada en crear algunos nuevos municipios indígenas o de
población afromexicana; el reconocimiento a las policías comunitarias en
general (no solamente a la CRAC-PC) y la elección de autoridades municipales
por el sistema de usos y costumbres. Esto último ya se logró en Ayutla de los
Libres, después de un largo proceso legal que inició la Unión de Pueblos y Organizaciones
del Estado de Guerrero (UPOEG), pero se pretende que quede estipulado en la
nueva ley para todos los municipios indígenas y afromexicanos.
También se
está trabajando en el tema de la reglamentación de la consulta previa, libre e
informada. De entrada, se pretende realizar un proceso de consulta en las
comunidades para armar la propuesta de ley indígena, pero ha sido difícil
encontrar una forma de hacerla, pues no existe una metodología aplicable,
precisamente porque no hay todavía una reglamentación sobre la elaboración de
las consultas.
El asunto
es complicado, pero lo importante es que las diversas organizaciones se están
reuniendo nuevamente con un objetivo en común a pesar de tener diferencias
entre ellas. Y de esas reuniones pueden salir tal vez otros intereses
compartidos que permitan que se unifique nuevamente el movimiento indígena de
Guerrero, incluyendo a los afromexicanos, como lo estuvo hace muchos años en el
Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular.
Como sea,
urge que se reglamenten los nuevos artículos constitucionales relacionados con
los pueblos indígenas y afromexicanos, pues de poco sirve una constitución de
vanguardia sin leyes reglamentarias. Pero por lo visto, como sucede con la
seguridad y con otros aspectos de la vida cotidiana, tendrán que ser los
pueblos los que asuman el trabajo que no realizan las instancias estatales
correspondientes.
MEXICO: Licitación de radio privilegió ofertas económicas: Amedi
Señala que ese punto contradice a lo dispuesto
en la Constitución del país
Carla Martínez / El
Universal
La licitación de
frecuencias de radio en FM favoreció a quienes pagaron más por las señales,
como consecuencia de un diseño de licitación que priorizó el factor económico,
señaló la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
“No obstante, el
método de subasta contradice lo dispuesto en la sentencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) de 2007 y el Artículo 28 de la Constitución, en
el sentido de que en ningún caso el factor determinante para definir al ganador
de la licitación será meramente económico”, recordó la Amedi, a través de un
comunicado.
De las 191
frecuencias incluidas en las bases de la licitación, 124 (64.92%) fueron
ganadas por nuevos competidores, y 23 frecuencias (12.04%) quedaron en manos de
operadores actuales. “En 44 lotes (23.03%) no hubo participación; estos lotes
coinciden con algunas de las localidades con menor densidad poblacional, bajo
poder adquisitivo y pobreza, las cuales seguirán sin servicio de radiodifusión
a pesar de la disponibilidad de frecuencias”, destacó el análisis. Además, dijo
que la nueva configuración de estaciones de radio no refleja mayor pluralidad y
diversidad en el sector, ni se han dado pasos para promover la radiodifusión
pública, comunitaria e indígena.
La licitación de
146 frecuencias en FM logró que las ofertas más altas alcanzaran mil 445.85
millones de pesos, informó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), lo
que en promedio fue 42 veces superior al valor mínimo de referencia, definido
en 34 millones 324 mil pesos. “Sin embargo, la nueva configuración de
estaciones de radio no refleja mayor pluralidad y diversidad en el cuadrante ni
se han dado pasos para promover la radiodifusión pública, comunitaria e
indígena”, destacó la asociación.
Las posturas
alcanzadas por los lotes concursados reflejan que el precio mínimo de
referencia establecido por el IFT fue muy bajo, menciona la Amedi. “Lo anterior
desmiente la postura inicial de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio
y Televisión (CIRT) cuando, en una de sus habituales campañas de
descalificación al regulador, propagaba que la licitación de 257 frecuencias de
AM y FM causaría un impacto ‘irreversible’”. Cierra licitación de AM. Este
jueves terminó la licitación de 31 frecuencias en AM, proceso en el que todas
las señales recibieron posturas. A las 10 horas de ayer, 20 frecuencias
terminaron automáticamente al no presentar actividad media hora antes del
cierre.
“Las frecuencias
corresponden a Piedras Negras (2), Saltillo y Torreón-Gómez Palacio e Coahuila,
Colima, Durango, Acapulco e Iguala en Guerrero, Salvatierra en Guanajuato,
Cuernavaca-Ahuatepec y Cuernavaca-Jojutla en Morelos, Oaxaca-Santa Cruz-Amilpas
en Oaxaca, Izúcar de Matamoros en Puebla, Querétaro, Culiacán en Sinaloa,
Hermosillo en Sonora, Tampico en Tamaulipas, Veracruz y Poza Rica en Veracruz;
y la compuesta por Fresnillo-Zacatecas-Guadalupe-Jerez-Valparaíso-Río
Grande-Villa de Cos en Zacatecas”, detalló el organismo regulador.
De las 11
restantes, a las 12 horas quedaban nueve frecuencias en proceso de presentación
de ofertas y a las 15 horas solamente quedaban tres. Las ofertas más altas
recibidas superaron, en promedio, siete veces la suma de los valores mínimos de
referencia establecidos para esas frecuencias, al acumular 133 mdp. El total de
los componentes económicos de los concursos de AM y de FM en la Licitación
IFT-4 ascendió a mil 578.9 mdp.
OAXACA: Zapotecas de Unión Hidalgo rechazan llegada de proyectos
eólicos
Exigen al Gobierno Federal y Estatal que
transparente la información sobre los proyectos de parques eólicos que existen
en la región del Istmo de Tehuantepec.
Istmo Press
Unión Hidalgo. Integrantes del
Comité Indígena Pro Defensa de la Tierra y Territorio del municipio de Unión Hidalgo, denunciaron
la opacidad con la que se conducen las autoridades Federal y Estatal, al
ocultar información sobre la llegada de nuevos proyectos eólicos al estado, y
principalmente a la región del Istmo de Tehuantepec.
Los integrantes de
esta organización, refirieron que solicitaron al Instituto de Acceso de
Información Pública y Protección de Datos de Oaxaca y al Instituto Nacional de
Acceso a la Información, datos sobre las
obras eólicas que, aseguran, el Gobierno del Estado pretende instalar en ese
municipio, sin embargo., los organismos les negaron la información.
Romel Matus, uno de
los integrantes del Comité indígena pro defensa de la tierra y territorio dijo
que es urgente que la autoridad municipal que encabeza Wilson Sánchez Chévez
transparente la información, toda vez que la comunidad sabe de la próxima
instalación de dos parques eólicos, por ello solicitaron que se cumpla el
resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y realicen una consulta
indígena con todas y todos los actores sociales.
“Nos hemos enterado
que están pidiendo credenciales de elector justificando proyectos sociales y
posteriormente los ocuparan para avalar la consulta indígena, cosa que no vamos
a permitir, por eso exhortamos a la Secretaria de Medio Ambiente de Oaxaca y a
la Secretaria de Energía a nivel federal que no violenten los lineamientos,
informen con transparencia lo que hemos solicitado ante sus autoridades y se realice una consulta indígena libre,
previa e informada y culturalmente adecuada.
Denunció que la
llegada de empresas eólicas extranjeras a Oaxaca representa el contubernio de
los gobiernos locales y federal, para dar preferencia a la inversión foránea, sin
que los recursos que se generen se queden en el estado y el país.
En el año 2011 en
esta localidad zapoteca, la empresa eólica Desarrollos Eólicos Mexicanos
(Demex) instaló el parque eólico Piedra Larga, dos años más tarde, en 2013,
construyó el segundo Parque Eólico, ambos agrupan 120 turbinas, que producen
227.5 MW; en ese entonces no hubo consulta indígena y tampoco se ha reflejado
una obra de gran impacto para la comunidad que reúne a más de 10 mil
habitantes.
Es por ello, que
los integrantes del comité exigen al Gobierno que encabeza Alejandro Murat
Hinojosa, que cancele los permisos de trabajo de empresas eólicas en Unión
Hidalgo y se privilegien mecanismos como la consulta ciudadana para autorizar
la ejecución de este tipo de proyectos. En este marco solicitó la condonación
de tarifa eléctrica, debido a que es una comunidad donde se produce energía
eléctrica, pero paga la más cara en sus recibos de luz eléctrica.
“Nosotros lo único
que pedimos es transparencia, en Unión Hidalgo no existe planta de tratamiento
de aguas residuales, no hay un basurero, no hay un hospital, no tenemos una
obra de gran impacto que se haga hecho por Demex en estos 12 años, y no
queremos vivir la misma historia, no queremos que sean proyectos de despojo
sino de beneficio social”, comentó el representante del Comité.
Explicó que lo que
pretende hacer el presidente municipal y su
flamante tesorero municipal es acordar a beneficio propio y no de la
comunidad, sin informar a los ciudadanos del cobro por cambio de uso de suelo y
el permiso de construcción, es decir de cuanto es el recurso que puede
entrar a las arcas municipales.
Por último
anunció un amparo colectivo en contra de
la consulta a modo que pretenden justificar la autoridad con las credenciales
de elector que están levantando con el engaño que recibirán programas sociales.
OAXACA: Comunidad chinanteca acusa a empresa española de plagio de
diseño
Educa
La comunidad de San
Juan Bautista Tlacoatzintepec, del distrito Cuicatlán, denuncia a través de su cuenta de Facebook un
nuevo caso de plagio de diseño: “Amigos estamos muy molestos e indignados pues
en la siguiente página muestra un plagio en el diseño del huipil chinanteco
de uso diario , un verdadero despojo a nuestra cultura y a nuestra historia. Y
que por más que intentamos preservarlas ellos no se esfuercen en nada para
conocer un poquito más de nuestra cosmovisión; haciendo referencia en su
publicación a un bordado azteca, lo cual es totalmente incorrecto. Nos molesta
mucho que copien nuestros diseños porque no saben ni siquiera lo que significa
el bordado del textil, y todos los elementos que lo integran. Éste huipil en su
tienda tiene un costo de $198.00 Euros. Urgen iniciativas que protejan nuestros
pueblos ante tales despojos. Gracias por su difusión , el pueblo de San Juan
Bautista Tlacoatzintepec, en breve dará un comunicado al respecto”. Con esto se suma un textil oaxaqueño más que cae en el
plagio de las empresas de moda.
MEXICO: Comunidades
indígenas tienen en vilo dos bloques de subasta petrolera
Las licitaciones petroleras están en un
proceso sin precedentes de consulta con grupos nativos de Chiapas por dos
bloques que se quieren licitar este año. Situación ocurrida en Estados Unidos y
Canadá.
El Financiero
México se está
sumando a sus dos vecinos del norte al afrontar desafíos de las poblaciones
indígenas a los proyectos energéticos planificados.
En discusión están dos
bloques onshore (terrestres) que serían subastados por México para el desarrollo
de petróleo y gas, dijo Rodolfo Salazar, director de evaluación y
consulta de impacto social del país.
Su inclusión está
siendo revisada en tanto el Gobierno y la comunidad indígena zoque en el
sur de Chiapas debaten el tema, dijo Salazar en una entrevista en la Ciudad de
México. No hubo conflictos con grupos nativos en 25 bloques costeros subastados
por México en 2015, incluyendo cinco en Chiapas, según Salazar.
Pero el Movimiento por Comunidades Nativas en Resistencia ha apoyado las preocupaciones de las comunidades de Tecpatan y Francisco León en cuanto a permitir la perforación en su área, y el Gobierno tiene la obligación de sopesar esas inquietudes, agregó.
"El proceso de
consulta actual no tiene precedentes en México", dijo Salazar. "Nos
estamos asegurando de que las comunidades estén informadas, y les damos la
oportunidad de emitir sus opiniones y puntos de vista".
El estado de
Chiapas es el hogar de 12 de los 62 grupos indígenas reconocidos oficialmente
por el gobierno mexicano, incluido el zoque.
Los zoques, que hablan un dialecto local, son descendientes de la civilización olmeca, generalmente considerada como la precursora de culturas posteriores como los mayas y los aztecas, según el Ministerio para el Desarrollo Sostenible de las Comunidades Indígenas.
Sus esfuerzos siguen desafíos similares por poblaciones nativas al norte de la frontera de México.
En los Estados
Unidos, la tribu siux Standing Rock se ha opuesto a la construcción del
oleoducto Dakota Access diciendo que amenaza sitios que son
culturalmente significativos para los nativos americanos, y retarda su
construcción con protestas y acciones legales.
En Canadá, los
grupos dirigidos por una organización denominada First Nations se han opuesto
desde hace tiempo al oleoducto Trans Mountain que atraviesa su
territorio tradicional y une las arenas petrolíferas de Alberta a la costa del
Pacífico.
En 2013, México
puso fin al monopolio de producción de crudo que ejerció Petróleos Mexicanos (Pemex)
durante 75 años, y a partir de esa fecha permite a los operadores extranjeros
desarrollar las reservas del país.
México vendió 32
áreas offshore y onshore para la producción de petróleo y gas en sus primeras
cuatro subastas privadas, y planea licitar 41 bloques offshore y onshore adicionales
en junio y julio.
Los bloques en
cuestión --el Número 10, un área de 426 kilómetros con petróleo y gas
superligeros, y el 11, un área de 419 kilómetros con petróleo ligero-- se
incluirían en la segunda subasta onshore de México, programada para el 12 de
julio. Un total de 12 pozos exploratorios se perforarían en los dos bloques,
según la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). El proceso de diálogo con
las municipalidades locales es delicado y no hay fecha límite para la decisión
sobre si los bloques serán incluidos o no en la subasta de julio, dijo Salazar.
La Secretaría de
Energía tiene que tomar una decisión final sobre el estado de los bloques antes
del 14 de junio, previo a la publicación final de los términos de la
licitación, de acuerdo con la comisión.
BAJA
CALIFORNIA: Preocupa a grupos indígenas mixtecos deportaciones en EE.UU.
Notimex,
Diario de Yucatán
Tijuana. El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales
externó su preocupación ante las políticas migratorias del gobierno estadounidense
y anunciaron alianzas con abogados que orienten a esta comunidad.
En
entrevista, el coordinador de esta agrupación en Baja California, Rogelio
Méndez Palma, indicó que existen miembros indígenas integrantes de este
organismo que habitan del otro lado de la frontera, a quienes preocupa su
actual situación migratoria. Explicó que se trata de indígenas con presencia en
el vecino estado de California, mayoritariamente de origen mixteco, purépechas
de Michoacán, Guerrero y de Oaxaca que también habitan en Tijuana. “Estamos
preocupados con el nuevo gobierno de Estados Unidos, estamos haciendo alianza
con abogados que no cobren para orientar a nuestra comunidad y que no haya
pánico ni intimidaciones hacia nuestros grupos indígenas que viven en
California”. Aseguró que los miembros de su comunidad podrían ser deportados
como cualquier otro ciudadano, de acuerdo a las nuevas disposiciones en materia
migratoria, pues “sólo los nativos locales y originarios de ese territorio
están seguros”.
Los otros
grupos de indígenas, manifestó, “del lugar de donde procedan, si no son nativos
del territorio estadunidense, sino de este o de otros países de Latinoamérica,
no cruzan o son susceptibles de deportaciones como se han visto ahora”. Sin
embargo, refirió que lo verdaderamente preocupante respecto de las
deportaciones es la poca infraestructura que existe en el país para recibirlos
aunada a la escasez de oportunidades laborales, sobre todo para la gente
proveniente del campo. Aseguró que su organización tiene prevista una audiencia
con las autoridades del estado de Oaxaca para proponer la reactivación del
campo en las zonas mixtecas, “queremos apoyos con recursos, sobre todo con la
característica a fondo perdido”.
MEXICO:
Desde el otro lado. Clemente
Castañeda Hoeflich. Los derechos indígenas no se regatean
Se ha dado la persecución
de líderes indígenas y desapareció el activista Celedonio Monroy.
Excélsior
El
reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas sigue siendo una de
las grandes deudas del Estado mexicano. Hoy los pueblos indígenas no sólo
padecen una exclusión insostenible, sino que son víctimas de una discriminación
por parte de las instituciones que no terminan por reconocer sus derechos.
Jalisco es un ejemplo de ello, por las múltiples ofensas y omisiones que han
sufrido los indígenas durante décadas.
Una
muestra de ello es la persecución de líderes indígenas, por ejemplo la
desaparición forzada aún impune de Celedonio Monroy en 2014, activista
que combatía la explotación ilegal de recursos en la Sierra de Manantlán, en un
contexto de abandono por parte de las autoridades estatales y conflictos
agrarios no resueltos por años. Un año después, personal de la Fiscalía General
de Jalisco detuvo y torturó a Gaudencio Mancilla, indígena defensor de
los derechos agrarios de la localidad de Ayotitlán, de Cuautitlán de García
Barragán, para inculparlo de la creación de una presunta policía comunitaria.
En el
Congreso de Jalisco, entre 2012 y 2015, desde la fracción parlamentaria de
Movimiento Ciudadano emprendimos una serie de acciones para denunciar estos
hechos y avanzar en las reformas necesarias para fortalecer el reconocimiento
de los pueblos indígenas, proteger sus sitios sagrados, su derecho a la
consulta y su calidad como sujetos de derecho, eslabones jurídicos todavía
frágiles en Jalisco.
El
capítulo más reciente en el que se le ha dado la espalda a las comunidades
indígenas de Jalisco, regateándoles sus derechos, ocurrió hace unos días:
penosamente, los diputados del PRI y del PAN pidieron que se les sumara a la
iniciativa de la bancada de los diputados ciudadanos para reconocer a los
pueblos originarios como sujetos de derecho —una iniciativa producto del
trabajo y las consultas que iniciamos varios diputados en la legislatura
pasada—, pero sólo para tomarse la fotografía con ellos, porque semanas después
se abstuvieron de votar la propuesta, que terminó siendo desechada.
La
ausencia de esta legislación tiene consecuencias. Desde hace años las
comunidades wixárikas del norte de Jalisco y zonas colindantes con Nayarit
viven una situación de vulnerabilidad e indefensión, en gran medida por la
incertidumbre en torno a la posesión de sus tierras.
Los
diputados ciudadanos presentamos un punto de acuerdo, aprobado por unanimidad
en el pleno de la Cámara de Diputados, para exhortar a la Sedatu a resolver
cuanto antes el conflicto. Es, quizá, un paso modesto, pero significativo en la
convicción de que la libre determinación de los pueblos significa comprender
que los derechos de las comunidades indígenas no pueden ser regateados por el
Estado.
EL VATICANO: Papa Francisco recibe a representantes indígenas
salvadoreños
El Pontíficé pidió que los gobiernos tomen en
cuenta la cultura y la relación de los pueblos indígenas con la tierra.
La Prensa Gráfica
Representantes del
Consejo Coordinador Indígena Salvadoreño (CCNIS) y del Consejo Indígena de
Centroamérica fueron recibidos el miércoles pasad por el papa Francisco durante
el III Foro de los Pueblos Indígenas, celebrado en el Vaticano.
En el evento, que
fue convocado el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) en el marco
de su 40 aniversario, participaron representantes de todo el mundo para buscar
soluciones a los desafíos del cambio climático, la destrucción del medio
ambiente y los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en marcos
normativos internacionales.
Durante el
encuentro, el papa dijo que los países deben alcanzar el desarrollo económico y
tecnológico sin excluir el derecho social, cultural y de protección de los
indígenas y sus territorios.
Francisco aseguró
que los gobiernos deben planificar sus actividades económicas sin interferir
con las culturas indígenas y su relación ancestral con la tierra. Además, de
involucrar a los jóvenes y a las mujeres en los procesos de consulta y toma de
decisiones.
Los Pueblos
Indígenas, Nahua Pipil, Lenca y Kakawira, han solicitado al Estado salvadoreño
que ratifique el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), que establece el cumplimiento de la consulta libre, previa e informada.
Recientemente los
pueblos indígenas solicitaron a la Asamblea Legislativa reformar el artículo
Legislativo 598, que declara el 1.o de febrero como “Día Nacional de la Lengua
Nahuat”, por el “Día Nacional de las Lenguas Maternas en El Salvador”.
Los pueblos
indígenas de El Salvador fueron reconocidos en la Constitución salvadoreña
hasta junio de 2014.
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