PRONUNCIAMIENTO
Que se realiza en el marco del “Encuentro sobre experiencias de consulta
indígena entre los pueblos Yaqui, Zapoteca y Maya”.
Retos y desafíos en procesos de consulta ante megaproyectos.
Reunidos en el municipio de Hopelchén, estado de Campeche,
representantes de los pueblos mayas, zapotecos y yaquis firmamos el presente
Pronunciamiento a través del cual hacemos un atento llamado al gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto para que, en cumplimiento de los acuerdos
internacionales suscritos por nuestro país, se respeten nuestros derechos
humanos, particularmente nuestro derecho a la autonomía, al libre desarrollo y
al consentimiento libre previo e informado en relación con megaproyectos que
pretenden desarrollarse en nuestras comunidades.
Históricamente, los pueblos indígenas hemos padecido abusos,
discriminación, despojo y violaciones a nuestros derechos humanos. Tanto a
nivel nacional como internacional, la legislación nos reconoce derechos que
deben ser garantizados y protegidos por el Estado mexicano. Específicamente, el Convenio 169 de la Organización
Internacional de Trabajo (OIT), ratificado por México, es hasta el momento el principal
instrumento regulador internacional que contempla para los pueblos indígenas derechos
específicos, como el derecho a un territorio propio, a su cultura e
idioma, y reafirma el aporte especial de los pueblos indígenas a la
diversidad cultural, reconociendo el derecho de definir nuestras "propias
prioridades en el proceso de desarrollo", y de "participar en el
establecimiento, la ejecución y la evaluación de los planes y programas para el
desarrollo nacional y regional".
A pesar de ello, hasta el momento las consultas realizadas en nuestros
territorios ancestrales se han realizado sin los procedimientos adecuados, como
un mero trámite destinado a avalar la realización de los proyectos, sin respetar nuestro derecho a la
autodeterminación, sin proporcionarnos la información adecuada, sin respetar
nuestros usos y costumbres, criminalizándonos y atacando nuestras autoridades y
nuestros líderes.
En el caso de la Tribu Yaqui, en fechas 8 de mayo y 7 de agosto del 2013, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) resolvió que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales violó los derechos del Pueblo Yaqui en lo que se refiere a la Evaluación
de Impacto Ambiental para la construcción y operación del Acueducto
Independencia. La sentencia de la Corte ordena consultar al Pueblo Yaqui y, en
caso de que las autoridades identifiquen un daño irreparable para sus miembros,
suspender la operación del Acueducto.
A pesar de que los daños irreparables a la tribu Yaqui son evidentes,
puesto que la actual extracción de agua del río Yaqui está poniendo en riesgo
la sobrevivencia de la comunidad, el Acueducto continúa operando.
Adicionalmente, el proceso de consulta ordenado por la Corte se encuentra
suspendido, toda vez que la información
entregada por las autoridades federales fue incompleta y sesgada. Además de
esto, los principales líderes y autoridades tradicionales han sido objeto de
encarcelamientos, amenazas, discriminación y agresiones a su integridad.
Por su parte, en el año 2014, ordenado por la Secretaría de Energía
(Sener), inició en el pueblo Zapoteca de Juchitán de Zaragoza en Oaxaca, el
primer proceso de consulta llevado a cabo en México en el contexto de la
reforma energética, para la instalación de un parque eólico. El proceso de
reuniones que llamaron consulta, donde el protocolo fue un documento diseñado y decidido
sólo por las autoridades, además de que los tiempos no fueron acordados con el
pueblo Zapoteca, sino marcados por las autoridades federales. Sin embargo, antes de
haberse iniciado las reuniones Semarnat aprobó la manifestación de impacto
ambiental presentada por la empresa y a la mitad del proceso de consulta, sin
que esto hubiera concluido, la Secretaria de Energía aprobó el permiso de
generación eléctrica del proyecto que estaba siendo consultado, demostrando que
no le interesaba respetar los derechos del pueblo indígena, sino cumplir con un
requisito más para implementar el proyecto.
Adicionalmente, fue el Ayuntamiento municipal el encargado de
decidir a quién se le debía consultar, conformando un proceso de consulta lleno
de irregularidades, con la presencia de grupos armados, con amenazas e
intimidación a quienes cuestionaron el proyecto. Las reuniones de lo que el
gobierno denominó proceso de consulta concluyeron el 28 de julio del 2015 en
una reunión consultiva señalando falazmente que se contaba con el consentimiento
del pueblo Zapoteca.
En cuanto a los pueblos Mayas de Campeche y Yucatán, en noviembre del
año pasado, la SCJN resolvió que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad
de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) debía consultar al
pueblo maya con motivo del permiso otorgado por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a la empresa Monsanto para la
liberación al ambiente en fase comercial de soya genéticamente modificada,
resistente el glifosato. Este proceso
inició el pasado mes de abril y, a la
fecha, la Misión de Observación ha registrado diversas violaciones como la
participación de actores no vinculados con el proceso o con conflicto de
interés en el mismo, como es el caso de la Sagarpa, así como amenazas a los
apicultores por parte de los productores de soya.
Para nosotros, el Pueblo Maya, la siembra de soya transgénica y la
imposición de un modelo de agricultura industrial en la región de lo Chenes
está dañando grandemente nuestros montes y nuestros recursos naturales en
general: se contamina el agua con agroquímicos, deforestación, muerte de animales,
afectación a la apicultura; la afectación a la apicultura no sólo tiene que ver
con el daño de la economía de las familias y de la región entera, la apicultura
es un patrimonio cultural del pueblo maya, que ha permitido la conservación de los
montes y todos sus recursos, que forma parte del conocimiento como los mayas
manejamos y cuidamos el monte y todos sus recursos; existen daños sobre la
salud de la población maya, aunque desconocemos el tamaño de este daño; no se
ve la respuesta gubernamental ante todos estos problemas que se están sufriendo
como consecuencia del modelo agrícola impuesto; la consulta no nos garantiza el
respeto a nuestros derechos ya que las mismas autoridades encargadas de
organizarla violan los procedimientos. Finalmente, para nosotros los mayas el
llamado desarrollo significa muchas cosas: identidad, patrimonio, cultura,
biodiversidad, conocimientos ancestrales que se transmiten a nuestros hijos e
hijas, diversidad de actividades, la producción de nuestros alimentos, la
tierra es nuestra fuente de trabajo y nos garantiza la vida en nuestro
territorio. Estos megaproyectos están acabando con esta manera de vivir de los
pueblos indígenas.
Por las razones anteriormente expuestas y unidos en la defensa de
nuestro patrimonio biocultural, representantes de los pueblos maya, zapoteco y
yaquis:
Demandamos se detengan las violaciones sistemáticamente cometidas a
nuestro derecho a la autonomía, al libre desarrollo y al consentimiento libre
previo e informado en relación con megaproyectos.
Asimismo pedimos respetuosamente a las autoridades correspondientes:
1.
La cancelación definitiva de los megaproyectos que afectan al pueblo
Yaqui, Zapoteco y Maya; en particular se nulifiquen los efectos de los permisos
administrativos que fueron otorgados por el Estado mexicano en violación de
nuestros derechos humanos.
2.
Se respete la autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas
sobre su decisión de someterse a una consulta para el consentimiento, previo,
libre e informado.
3.
Realicen procesos de consulta que sean de forma previa, libre,
informada, culturalmente adecuada, respetando la decisión de las comunidades.
4.
Se abstengan de emitir comentarios con el objetivo de influir en la
decisión de los pueblos consultados y que entreguen información de forma
oportuna, objetiva e imparcial.
5.
Se respete el proceso de consulta para que este mecanismo realmente
permita a los pueblos indígenas obtener justicia socio ambiental y eliminar las
prácticas discriminatorias de las que históricamente hemos sido objeto; para
poder realmente participar en la toma de las decisiones que nos afectan y para
poder decidir efectivamente el futuro de nuestras comunidades.
Comunidad de Hopelchen, Campeche a 13 de agosto de
2016.
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Lucila
Bettina Cruz Velázquez
Integrante del Pueblo
Zapoteca de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
Consejo
Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C.
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Leydy
Pech Martín
Líder comunitaria del
Pueblo Maya del estado de Campeche.
Comité
del Municipio de Tenzbo
|
Mario
Luna Romero
Secretario de las Autoridades Tradicionales del pueblo de Vicam de
la Tribu Yaqui.
Colectivo de Semillas Much’ Kanan I’inaj
|
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